Opinión de Israel Díaz Arriaga
Hay historias que trascienden a las personas involucradas porque, en realidad, hablan de algo mucho más profundo. Eso parece estar ocurriendo con el episodio protagonizado por el presidente municipal de Metepec, Estado de México; un hecho que ha generado debate público, reacciones encontradas y una inevitable reflexión sobre la relación entre los ciudadanos y quienes ejercen el poder.
Lejos de las simpatías políticas o antipatías que pueda despertar cualquier gobernante, lo ocurrido nos toca una fibra sensible a los ciudadanos en México, porque nos conecta con una experiencia que millones de personas hemos vivido en alguna ocasión: sentirnos menospreciadas o maltratados por un servidor público.
La mayoría de los ciudadanos no recordamos las complejas discusiones sobre presupuestos, reglamentos o programas gubernamentales. Lo que sí recordamos es aquella ocasión en que una autoridad nos habló con desprecio, nos ignoró, abusó de su posición o nos hizo sentir que nos estaba haciendo un favor cuando, en realidad, simplemente estaba cumpliendo con su obligación.
Todos hemos conocido alguna versión de esa historia.
El funcionario que cree que el cargo le otorga superioridad moral. El burócrata que se siente dueño de la ventanilla. El inspector que confunde autoridad con intimidación. El político que, después de ganar una elección, comienza a comportarse como si los ciudadanos estuvieran a su servicio y no al revés.
Por eso el debate que hoy se desarrolla en torno al alcalde de Metepec no debería reducirse a una discusión sobre una persona en particular. La verdadera pregunta es mucho más importante: ¿qué ocurre cuando el ejercicio del poder pierde de vista la razón por la que existe?
Las democracias modernas descansan sobre una premisa sencilla pero poderosa: los cargos públicos no son privilegios, son encargos temporales. Los gobernantes administran recursos que no son suyos. Ejercen facultades que les fueron conferidas por la ley. Y toman decisiones en nombre de ciudadanos que, en última instancia, son los auténticos depositarios de la soberanía. Cuando esta idea se olvida, aparece la soberbia y con ella la prepotencia.
La prepotencia no siempre se manifiesta mediante grandes escándalos. A veces surge en pequeños actos cotidianos. En un gesto de desprecio. En una palabra pronunciada desde la arrogancia. En la creencia de que la investidura convierte a una persona en alguien superior a los demás.
Y quizá por eso el caso ha generado tanta conversación. Porque muchas personas no observamos únicamente a un alcalde. Observamos una conducta que reconocemos. Vemos reflejadas experiencias propias. Recordamos momentos en los que tuvimos que soportar malos tratos por parte de quienes deberían habernos brindado atención, respeto y servicio.
Cierto es que se han emitido explicaciones y expresiones de disculpa. En una sociedad democrática, reconocer errores siempre es mejor que negarlos. La capacidad de rectificar es una virtud pública que no debería menospreciarse. Sin embargo, una disculpa no necesariamente agota el análisis de los hechos, como algunos de los corifeos del presidente en cuestión han tratado inútilmente de exculparlo.
Las instituciones existen precisamente para determinar qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias y si existió alguna conducta que deba ser investigada o sancionada conforme a la ley. Ésa es la diferencia entre una democracia institucional y una basada únicamente en percepciones.
De igual forma, no corresponde a la opinión pública dictar sentencias. Tampoco corresponde a los adversarios políticos erigirse en jueces. Para eso existen autoridades competentes, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas.
Si de la investigación se concluye que no hubo responsabilidad alguna, deberá decirse con claridad. Pero si los hechos ameritan consecuencias políticas o legales, sean estas administrativas o inclusive de índole penal, también deberá actuarse con firmeza. Lo contrario enviaría un mensaje equivocado: que el poder puede excusarse a sí mismo sin someterse al mismo escrutinio que nos exigen a los ciudadanos.
La confianza pública, en todo caso, se construye justamente cuando las reglas se aplican para todos.
Al final, la lección más importante de este episodio quizá no tenga que ver exclusivamente con Metepec ni con un solo funcionario. Tiene que ver con una tentación permanente que acompaña al poder desde tiempos inmemoriales: la de olvidar su propósito.
Los ciudadanos no eligen gobernantes para ser admirados. No los eligen para recibir lecciones de superioridad. No los eligen para que acumulen privilegios o para que disfruten de una posición de ventaja frente a quienes los llevaron al cargo.
Los eligen para resolver problemas.
Los eligen para administrar recursos públicos con responsabilidad.
Los eligen para escuchar.
Y, sobre todo, los eligen para servir.
La palabra “servidor público” contiene una de las definiciones más precisas que existen sobre la función gubernamental. No habla de mando, ni de prestigio, ni de jerarquía. Habla de servicio.
Tal vez por eso la sociedad reaccionamos con especial sensibilidad cuando percibimos actitudes de arrogancia provenientes de una autoridad. Porque, en el fondo, se rompe un acuerdo elemental: el de que quienes reciben la confianza ciudadana deben actuar con una dosis mayor de prudencia, respeto y responsabilidad que cualquier otra persona.
Los cargos pasan. Las administraciones terminan. Los ciclos políticos cambian. Pero la obligación ética de servir permanece. Y si algo debería recordarnos esta polémica es que la autoridad encuentra su legitimidad no cuando demuestra cuánto poder tiene, sino cuando demuestra para quién trabaja y a quién sirve.
Y en una democracia, la respuesta siempre debe ser la misma: para los ciudadanos.
