Opinión de Israel Díaz Arriaga
En últimos meses, la maquinaria gubernamental, en este caso del poder Legislativo de México, ha puesto en marcha una transformación sin precedentes en su historia moderna en el sistema judicial, los ciudadanos fueron convocados a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en comicios directos el pasado junio.
Una reforma con doble filo
El propósito declarado es elevar la rendición de cuentas y combatir la corrupción estructural en tribunales. Sin embargo, organizaciones civiles nacionales e internacionales han advertido que esta elección popular podría desvirtuar la independencia judicial. Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, advirtió en julio de 2024 que los jueces electos podrían verse influidos por “votantes o patrocinadores” en lugar de por el marco jurídico.
Del mismo modo, Human Rights Watch y WOLA destacaron que el proceso podría vulnerar estándares internacionales, al reemplazar a magistrados de carrera por figuras electas popularmente.
Impacto en la carrera judicial e independencia del Poder Judicial
Con la disminución de ministros en la SCJN de 11 a 9 y la eliminación de salas especializadas plantea un escenario desafiante a la hora de observar la estadística de los asuntos pendientes y que algunas fuentes consultadas señalan en 1248 casos.
La transición abrupta puede retrasar aún más la eficaz impartición de justicia: el Centro de Estudios Constitucionales alertó del riesgo de estancar hasta 1,5 millones de litigios en curso, ya que nuevos jueces electos carecerán de experiencia técnica.
Aprobación pública vs realidad práctica
Si bien es cierto, algunas encuestas como la publicada por El Financiero en marzo de este año, muestra que el 56% de los mexicanos aprueba la reforma judicial y el 63% avalaba el voto popular de jueces, solo el 45% decía estar “algo” o “muy” informado sobre el proceso. En las pasadas elecciones de junio, la participación registrada fue apenas del 13%, cifras que denotan la raquítica participación de la ciudadanía.
Una conclusión mesurada
Bajo el escenario señalado se puede señalar que la decisión de elegir a los juzgadores por voto popular representa una propuesta audaz en democracia participativa y pretende ser un instrumento potencial de legitimación social del Poder Judicial. No obstante, no se observa que corran parejo a este proceso mecanismos robustos que garanticen instrumentos de capacitación técnica, protección institucional que garanticen su autonomía y, menos aún, transparencia efectiva; lo que podría redundar en un sistema más lento, políticamente influido y por lo tanto con menor autonomía.
Hasta donde se ve, entonces más allá de reflexionar “¿podemos votar por jueces?”, la verdadera cuestión sería “¿confiamos en las herramientas y estructuras que hemos construido para sostener a estos jueces en el tiempo?”.
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