Opinión de Israel Díaz Arriaga
En México, la inseguridad no siempre se siente en cifras frías, sino en gestos cotidianos: la madre que manda a su hijo en taxi a la escuela aunque esté a tres cuadras, el comerciante que baja la cortina antes de que oscurezca, el transportista que evita una ruta aunque sea más corta. Son pequeñas decisiones que, sumadas, revelan un costo invisible pero enorme para el país.
Ese costo también se mide en pesos: 4.9 billones de pesos en 2023, equivalentes al 19.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), según el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En 2022 ya era de 4.6 billones de pesos (18.3 % del PIB), y la tendencia es ascendente. En otras palabras, casi una quinta parte de lo que produce México se diluye en atender, prevenir o soportar la violencia.
La inseguridad no es un problema aislado. La última Encuesta sobre Expectativas del Sector Privado de Banxico muestra que el 23 % de los especialistas la identifica como el principal obstáculo para el crecimiento económico, por encima de factores como la incertidumbre política o la debilidad del mercado interno. Y no es difícil entender por qué: menos seguridad significa menos inversión, menos consumo y, finalmente, menos bienestar.
Para el ciudadano común, la inseguridad golpea tanto la libertad como el bolsillo. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del cuarto trimestre de 2023, el 59.1 % de la población se sentía insegura en su ciudad. Esa percepción cambia rutinas: niños que ya no juegan en la calle, familias que evitan salidas nocturnas, vecinos que dejan de caminar tranquilamente al mercado.
Pero hay un efecto más tangible: el encarecimiento de productos básicos. En 2024, un reporte de Reuters señaló que la extorsión en zonas productoras elevó el precio de limones y tortillas hasta en un 20 %. Cada cuota pagada al crimen organizado en los campos o en el transporte termina sumándose a la cuenta final del consumidor.
Negocios que sobreviven, pero no crecen
Para los pequeños comerciantes, la inseguridad es un costo que no figura en facturas oficiales, pero pesa como una renta extra. El ejemplo de la taquería que cada semana paga “derecho de piso” para evitar represalias es común en muchas ciudades. Ese dinero no se invierte en ampliar el negocio, contratar personal o mejorar el servicio; simplemente se desvanece.
En el sector empresarial más grande, el panorama tampoco es alentador. La Cámara Americana de Comercio en México (AmCham) reporta que 6 de cada 10 empresas se ven afectadas por la delincuencia, y el 58 % destina entre el 2 % y el 10 % de su presupuesto anual exclusivamente a seguridad. Recursos que podrían impulsar la innovación o generar empleo terminan en cámaras de vigilancia, guardias y seguros.
La inversión y empleo en pausa
El impacto de la inseguridad en la inversión es profundo y prolongado. Zonas con alto riesgo delictivo suelen quedar fuera de los mapas de expansión de empresas nacionales y extranjeras. Y cuando los proyectos se materializan, el costo adicional de operar en entornos inseguros reduce su rentabilidad y, con ello, la generación de empleos.
Este fenómeno genera un círculo vicioso: sin nuevos empleos, el ingreso familiar no crece; sin ingreso, el consumo se estanca; y sin consumo, la economía local se debilita. La inseguridad, así, se convierte en una máquina que ralentiza el desarrollo de comunidades enteras.
Más allá del dinero, la inseguridad erosiona la salud mental de la población. Vivir con miedo eleva los niveles de estrés y ansiedad, y poco a poco destruye la cohesión social. Las plazas públicas vacías y los vecinos que apenas se conocen son señales de una sociedad que se repliega, debilitando su capacidad para organizarse y exigir cambios.
Romper el círculo: una solución sutil a largo plazo
No hay soluciones rápidas. La experiencia internacional demuestra que la violencia se reduce de forma sostenible cuando se atacan sus causas estructurales: desigualdad, falta de oportunidades, impunidad y corrupción. Más empleo, mejor educación y acceso a servicios públicos son tan necesarios como una estrategia de seguridad efectiva.
México enfrenta aquí un reto doble: frenar la espiral de inseguridad y garantizar un desarrollo inclusivo. Mientras eso no ocurra, los datos seguirán confirmando lo que millones ya saben por experiencia propia: la inseguridad no solo nos roba tranquilidad; nos roba el futuro.
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