Via Xinhua News Agency
El Presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó hoy jueves toque de queda en cinco provincias del país y extendió el “estado de excepción” a la provincia de Chimborazo (centro), luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional indefinido en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel.
El mandatario tomó estas decisiones a través del Decreto Ejecutivo 146 firmado este jueves en la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi (centro) a donde se trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo.
De acuerdo con el decreto, Chimborazo se suma a otras siete provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas) a las que declaró el pasado martes en estado de excepción por 60 días “por grave conmoción interna”.
La medida se dispuso luego de que se desataran protestas de transportistas con bloqueos de carreteras en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel adoptado por el Gobierno el pasado 12 de septiembre.
El fin del subsidio derivó en el incremento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que generó el rechazo de sindicatos y sectores sociales que han anunciado manifestaciones.
En el decreto presidencial se dispone restringir la libertad de tránsito (toque de queda) todos los días en las provincias centrales de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Bolívar, así como en la norteña de Carchi desde las 22:00 de la noche a las 05:00 de la madrugada.
Además, las medidas incluyen la suspensión de la libertad de reunión y quienes incumplan las disposiciones serán puestas a órdenes de las autoridades competentes.
Según el mandatario, el toque de queda focalizado tiene como objetivo precautelar la paz, el orden público, la seguridad y la integridad de las personas.
De igual manera, se busca impedir “manifestaciones violentas o abusivas” que atenten contra los derechos de las personas a la libertad de tránsito, de trabajo y de realización de actividades económicas.
“Es una medida idónea para reducir el movimiento de las actividades en la noche y madrugada, de conformidad con el nivel de riesgo de cada localidad”, subrayó Noboa en el decreto.
Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”.
