Opinión de Israel Díaz Arriaga
En días recientes, las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña sobre Grecia Quiroz volvieron a evidenciar una práctica que, pese a los avances institucionales y legales, continúa profundamente arraigada en la vida pública mexicana: la violencia política de género. Lo dicho por el legislador no solo descalifica a una mujer en razón de su identidad y condición de género, sino que también reproduce estereotipos que históricamente han limitado la participación política de las mujeres en el país.
Para entender por qué estas manifestaciones constituyen violencia de género es necesario partir de un marco básico: cualquier acción u omisión, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado menoscabar, nulificar o restringir derechos constituye violencia de género. En el ámbito político —como lo define la normatividad en la materia (Ley General en Materia de Delitos Electorales, la LGAMVLV y los lineamientos del INE) esta violencia ocurre cuando se agrede, obstaculiza o limita el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer por el simple hecho de serlo.
Las afirmaciones del senador cumplen con esos criterios por varias razones esenciales, como son:
– Se dirigen a la persona y no a su función pública o a su desempeño.
En lugar de debatir ideas, capacidades o decisiones, se centra en su vida personal. Esa reducción —históricamente usada contra mujeres públicas— es, en sí misma, un acto de violencia.
– Le niegan agencia política.
Insinuar que Grecia Quiroz actúa por influencia, sombra o “herencia” masculina es una forma de despojarla de voluntad propia, de autonomía y de capacidad de decisión. Este es uno de los mecanismos más comunes de violencia política de género: presentar a las mujeres como accesorias.
– Reproduce estereotipos de género.
La narrativa que sugiere que una mujer no puede aspirar a un cargo por mérito, sino por vínculos personales, perpetúa estigmas añejos que buscan mantener a las mujeres fuera de la toma de decisiones.
– Tiene un efecto inhibitorio.
Todo mensaje que ridiculiza, desacredita o coloca en una posición de inferioridad a una mujer que ejerce o aspira a ejercer derechos políticos, no solo afecta a la persona señalada, sino que inhibe a otras mujeres que observan el trato público que pueden recibir.
Este último punto es crucial. Grecia Quiroz ha asumido, además, una responsabilidad que originalmente correspondía a su esposo, lo que significa que ha enfrentado un doble escrutinio: el institucional y el social. Sin embargo, asumir esa responsabilidad no la disminuye; tampoco lo hace el hecho de que eventualmente pueda aspirar a contender por la gubernatura de Michoacán. Las aspiraciones políticas no son un privilegio otorgado por terceros: son derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier mujer —con independencia de su estado civil, historia familiar o trayectoria personal— cuenta con ellos de manera plena.
Si Grecia Quiroz decide competir en el ámbito electoral, su aspiración tiene el mismo valor que la de cualquier otro actor político. Y ese principio de igualdad sustantiva es lo que hace especialmente grave que un senador utilice su investidura para emitir expresiones que buscan reducirla a estereotipos de género.
La violencia política de género no siempre se presenta de manera evidente. A veces aparece en frases “ingenuas”, en burlas, en la descalificación de la vida privada, en los dobles estándares, o en comentarios que buscan minar la legitimidad de una mujer. Por ello, es indispensable que la ciudadanía aprenda a identificarla. Algunos puntos esenciales son:
A) Cuando se descalifica a una mujer por su vida personal, y no por su trabajo.
B) Cuando se le cuestiona su capacidad basándose en estereotipos o roles tradicionales.
C) Cuando se le impide, desalienta o ridiculiza en su participación política.
D) Cuando la crítica busca limitar sus derechos o presentarla como “incapaz” o “dependiente”.
No se trata de blindar a las mujeres de la crítica pública —toda figura pública debe estar sujeta al escrutinio—, sino de garantizar que ese escrutinio sea justo, proporcional y libre de prejuicios de género. La violencia política no solo vulnera a una mujer: debilita la democracia. Y cada vez que normalizamos un comentario que reduce, niega o ataca la igualdad, damos un paso atrás en un país donde las mujeres han luchado décadas para ocupar los espacios que hoy tienen.
Mirar de frente estas expresiones, nombrarlas y rechazarlas es un acto mínimo de responsabilidad colectiva. Porque cada vez que se deja pasar una agresión, se envía un mensaje claro: que la voz de las mujeres vale menos. Y ese es un mensaje que México ya no puede permitirse.
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