Opinión de Israel Díaz Arriaga
Las democracias se miden, tarde o temprano, por su capacidad de tolerar la crítica, no así por la cantidad de discursos oficiales ni por la frecuencia de sus procesos electorales, sino por el espacio real que concede a las voces incómodas, a las preguntas incómodas y a quienes se niegan a repetir la versión del poder. En ese sentido, el respeto al derecho humano a la libertad de expresión no es un mero adorno constitucional.
La libertad de expresión permite que la sociedad observe, cuestione y evalúe a quienes gobiernan. Sin ella, la práctica de abusar del poder se normaliza, los errores se ocultan y la corrupción encuentra el medio ideal para propagarse. Por eso, cuando un régimen —formalmente democrático— comienza a hostigar, desacreditar o perseguir a periodistas, comunicadores o críticos, la señal de alerta no debe ignorarse. No es un conflicto aislado entre el poder y la prensa: es una amenaza directa a la vida democrática.
El periodismo ejercido de manera cabal cumple una función esencial: informar, investigar y dar contexto a la realidad pública. No sustituye a la justicia ni a los órganos de control, pero los complementa. Muchas de las grandes transformaciones institucionales en el mundo han comenzado con una investigación periodística que reveló lo que el poder prefería mantener oculto. Por eso, cuando se persigue al periodista, no se castiga una opinión: se castiga la posibilidad de que la sociedad conozca la verdad.
La persecución puede adoptar muchas formas. No siempre es censura directa o encarcelamiento. A veces se presenta como estigmatización pública desde tribunas oficiales, campañas de desprestigio, uso del aparato del Estado para intimidar, amenazas legales, criminalización del ejercicio informativo o discursos que colocan al periodista como “enemigo”, “traidor” o “adversario político”. Todas estas prácticas tienen un efecto común: inhiben la crítica y fomentan la autocensura.
Cuando un periodista es atacado por su trabajo, el daño no es individual, también la ciudadanía resulta ofendida al perder acceso a información relevante para tomar decisiones libres. La libertad de expresión no pertenece solo a quien habla; pertenece también a quien escucha. Limitarla significa reducir la capacidad de la sociedad para comprender su realidad.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la libertad de expresión está estrechamente vinculada con otros derechos fundamentales: el derecho a la información, a la participación política, a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia. Cuando se debilita uno, los demás se erosionan. Un país donde se persigue a periodistas es un país donde los abusos tienden a multiplicarse en silencio.
Las voces críticas, lejos de ser una amenaza para el Estado, son un activo democrático. Señalan errores, exponen fallas, advierten riesgos y obligan a las instituciones a corregir el rumbo. Una democracia madura no teme a la crítica: la incorpora como herramienta para mejorar el quehacer de las instituciones públicas junto con sus estructuras. Comprende que gobernar no significa imponer una narrativa única, sino convivir con la pluralidad de opiniones que surgen de una sociedad diversa y compleja.
En contraste, cuando el poder responde a la crítica con descalificación, confrontación o represalias, envía un mensaje peligroso: que disentir tiene costo. Ese mensaje no solo afecta a periodistas, sino a académicos, activistas, ciudadanos y cualquier persona que decida alzar la voz. Se instala de esta manera un clima de miedo que empobrece el debate público y debilita a las instituciones.
México conoce bien los riesgos de este escenario, porque es un país donde ejercer el periodismo ha implicado, en demasiadas ocasiones, un alto costo personal. Por eso, proteger la libertad de expresión no es una consigna abstracta: es una necesidad urgente para preservar la convivencia democrática y la vigencia de los derechos humanos.
Cerrar el año con esta reflexión no es casual. México se aproxima a un nuevo ciclo con retos profundos en los ámbitos económico, político y social. La desaceleración económica, la desigualdad persistente, la inseguridad, la presión sobre las finanzas públicas y la necesidad de fortalecer el Estado de derecho exigirán decisiones complejas y consensos amplios. Ninguno de esos desafíos podrá enfrentarse con éxito en un entorno donde la crítica se siga observando como obstáculo y no como herramienta.
El año que está por comenzar demandará instituciones más sólidas, políticas públicas mejor diseñadas y una relación más sólida entre poder y la sociedad. Para ello, será indispensable un entorno donde periodistas puedan investigar y publicar sin miedo, donde la crítica sea escuchada y donde la pluralidad de ideas no sea castigada, sino valorada.
La libertad de expresión no garantiza gobiernos perfectos, pero sí reduce la posibilidad de abusos impunes. No asegura consenso, pero sí debate informado. No elimina los errores, pero permite corregirlos a tiempo.
En tiempos de incertidumbre, es uno de los pocos anclajes firmes que sostienen la vida democrática. Al cerrar este año, la pregunta no es si la crítica incomoda, es en todo caso, si estamos dispuestos a entender que sin ella no hay democracia posible. Defender la libertad de expresión es defender el derecho de la sociedad a saber, a cuestionar y a participar.
Y ese, quizá, sea el mayor reto —y la mayor responsabilidad— que México enfrenta al iniciar el nuevo año.
