Opinión de Israel Díaz Arriaga
Una adolescente de apenas 13 años, Deysi de San Juan Chamula en Chiapas, lucha por su vida tras dar a luz en un hospital de San Cristóbal de las Casas. Su cuerpo física, psicológica y emocionalmente inmaduro sufrió daños graves, entre los físicos, –vejiga aplastada, uretra rota– y ahora enfrenta sarampión, mientras el hombre que la dejó embarazada huyó sin dejar rastro, acorde a las fuentes consultadas.
El dolor de una infancia robada
Piensa en Deysi como en tu propia hija o sobrina: una tsotsil de los Altos de Chiapas que debería estar jugando o en la escuela, no postrada en una cama de hospital con un bebé a su lado. El 5 de enero de 2026, un joven de 17 años la llevó al Hospital de las Culturas haciéndose pasar por su “esposo”, pero al pedirle datos, escapó. La Fiscalía de Chiapas investiga por pederastia, pero el caso podría resultar como en tantos otros en impunidad: “vivían en concubinato con permiso de los padres”, dicen las autoridades, como si eso borrara el delito. En comunidades indígenas, usos y costumbres a veces tapan abusos, pero la ley es muy clara y prohíbe matrimonios infantiles y protege a menores de 18 años, según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por México.
Esto no es aislado. Acorde a lo señalado por algunas fuentes consultadas, en Chiapas hospitales reportan dos o tres partos semanales de niñas de 12 o 13 años; en 2025 hubo 585 casos solo en Tapachula. México ve 21 embarazos diarios en menores de 15, la mayoría por violencia sexual, según datos de la Secretaría de Salud. Los derechos humanos de niñas y adolescentes –a la integridad, educación, salud– se violan sistemáticamente: no consienten relaciones adultas, no deciden su maternidad forzada. ¿Dónde estaba la escuela, la familia o el gobierno para prevenirlo?
Salud que falla a las más vulnerables
El sistema de salud mexicana patina en casos así. Falta información básica en salud reproductiva: en zonas rurales como Chamula, muchas niñas no saben de anticonceptivos, menstruación o abuso porque no hay campañas en tsotsil o tzeltal. Sin seguimiento prenatal, Deysi llegó de urgencia con complicaciones que una ecografía temprana pudo evitar. La atención inmediata brilla por su ausencia: el IMSS y hospitales públicos carecen de protocolos sensibles para menores, con personal que juzga más que cuida –”¿y el esposo?”, preguntan, ignorando la violación.
Peor aún, no hay redes de alerta. ¿Por qué no detectaron el embarazo en chequeos escolares? La Ley General de Salud obliga a educación sexual desde primaria, pero en Chiapas, con 70% de pobreza indígena, es letra muerta. Madres y bebés quedan en limbo postparto, sin apoyo psicológico ni recuperación. Esto no es casual: el gasto en salud materna infantil es bajo, priorizando grandes obras sobre clínicas de barrio.
Justicia que se pierde en el camino
El aparato judicial es el talón de Aquiles. El presunto abusador anda libre, sin que hasta el momento se sepa se haya librado una orden de aprehensión. En 2025, solo 20% de casos de estupro en menores llegan a sentencia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fiscalías indígenas en Chiapas aplican “justicia propia” que perdona a violadores si hay “matrimonio”, chocando con derechos humanos universales. Padres que consienten estos abusos rara vez enfrentan cargos por omisión.
La gente común paga: comunidades enteras normalizan el embarazo infantil como “tradición”, pero es violencia intergeneracional que perpetúa pobreza. Niñas como Deysi pierden escuela, futuro y salud; el Estado, su deber protector.
Acciones concretas, no promesas vacías
México necesita pasar de discursos en foros de la CNDH a hechos tangibles. Primero, educación sexual obligatoria y culturalmente adaptada en primarias indígenas, con brigadas comunitarias que visiten hogares y detecten riesgos tempranos –como en programas piloto de Oaxaca que obtuvieron resultados favorables. Segundo, protocolos hospitalarios unificados: atención 24/7 con psicólogas, ultrasonidos gratuitos y seguimiento hasta un año postparto, financiados por reasignar presupuestos de propaganda oficial.
Tercero, justicia implacable: fiscalías especializadas con unidades móviles focalizadas en poblaciones indígenas, sin excepciones “culturales”. Cuarto, empoderar a niñas con becas condicionadas a no matrimonio precoz y refugios para víctimas. El Estado debe monitorear con un observatorio nacional de embarazo infantil, publicando datos mensuales para rendir cuentas. No más fotos en mañaneras ni spots proteccionistas: la prueba es Deysi, grave pero viva, esperando que México despierte. Instituciones fuertes salvan vidas; palabras bonitas, solo consuelan. Es hora de actuar.
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