Vía Xinhua News Agency
Este 3 de febrero se cumplió un mes del bombardeo estadounidense contra Venezuela. A treinta días de los hechos, el ruido de las explosiones sigue resonando en la memoria colectiva de nosotros, los ciudadanos de Caracas.
Quienes seguimos de cerca el discurso sobre los asuntos de interés público coincidimos en que el impacto del ataque del 3 de enero no se ha disipado completamente mientras persista un despliegue militar que mantiene a nuestra amada tierra bajo presión.
Desde entonces, Washington no ha retirado su fuerza naval ni aérea. Por el contrario, ha sostenido un cerco militar acompañado de declaraciones públicas que, de manera intermitente, incluyen advertencias dirigidas a incidir en decisiones políticas desde Caracas bajo una lógica de coerción.
Dialogar bajo esas condiciones es una imposición. Y los venezolanos de a pie, lo decimos con claridad: queremos conversar, pero no con una pistola apuntándonos a la cabeza.
En días recientes, las autoridades venezolanas confirmaron la existencia de conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Estos contactos son una señal de voluntad política, no de sumisión, en un contexto marcado por una agresión militar reciente.
El propio Rubio afirmó el pasado 28 de enero que Estados Unidos está “preparado para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan”. Esa frase fue interpretada por analistas locales como un mensaje que se aleja del lenguaje diplomático tradicional y se aproxima al de la intimidación.
Hablar de negociaciones petroleras mientras se amenaza con nuevos ataques militares revela una contradicción profunda. Ningún proceso de entendimiento perdurable puede construirse sobre la base del chantaje armado.
Venezuela ha insistido en el respeto como principio rector de cualquier diálogo. Respeto a la soberanía, a sus leyes y a su jurisdicción. Desde la visión oficial, este respeto no constituye un planteamiento retórico, sino una condición básica para cualquier relación entre Estados.
Tras el ataque del 3 de enero, el país no experimentó un colapso institucional. Las estructuras del Estado continuaron funcionando, la vida cotidiana siguió su curso y la sociedad expresó, de múltiples formas, su rechazo a la violencia externa.
De hecho, el mismo 3 de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que ha conversado directamente con Trump y con Rubio y aclaró que Venezuela está dispuesta a alcanzar acuerdos y a mantener una relación favorable en el marco del respeto y la soberanía nacional.
Ese dato incomoda a quienes imaginan a Venezuela como un territorio frágil, listo para ceder ante la presión. Un mes después, el país sigue en pie, insistiendo en la paz sin renunciar a su dignidad.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe no protege a nadie. Solo incrementa el riesgo de una escalada innecesaria en una región que se ha declarado como Zona de Paz.
Los venezolanos sabemos distinguir entre diálogo y amenaza, entre diplomacia y ultimátum y entre cooperación y subordinación. No es una cuestión ideológica, sino de conciencia nacional. Los habitantes de esta tierra amamos la paz, pero también la libertad. Así lo confirma nuestra historia.
Hablar hoy desde Venezuela es hacerlo desde un país que ha sido atacado, sancionado y cercado, pero que sigue apostando por soluciones políticas y no militares.
Creemos que la paz no se construye con portaaviones ni con comunicados de fuerza. Se construye reconociendo al otro como interlocutor legítimo, no como objetivo estratégico.
Estados Unidos insiste en presentarse como garante del orden hemisférico. Sin embargo, sus acciones recientes contradicen cualquier discurso sobre estabilidad y democracia.
