Opinión de Israel Díaz Arriaga
El 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La Sedena confirmó la muerte de siete integrantes del cártel, incluyendo al capo, con decomiso de blindados y lanzacohetes. Horas después, el país ardió: narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a Oxxos, bancos del Bienestar y comercios principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Este golpe a la delincuencia organizada choca frontalmente con la doctrina de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. En mañaneras de enero 2026, insistieron en “atacar causas” –pobreza, educación, “abrazos, no balazos”–, priorizando programas sociales sobre confrontaciones directas, sus datos oficiales al menos así pudieran avalarlo: en 2025, homicidios bajaron 4.5% (de 32,252 a 30,800, per Secretariado Ejecutivo), gracias a 15 millones de becas y empleo temporal en zonas calientes. Pero la muerte de “El Mencho” revela un giro: operaciones de alto perfil con inteligencia de EE.UU., no “prevención social”.
La contradicción es palmaria. Si las causas se atacan con presupuestos –como los 500 mil millones de pesos en Bienestar 2026–, ¿por qué arriesgar vidas militares en territorio enemigo? La respuesta apunta al norte: una semana antes, el 15 de febrero, Trump anunció en Truth Social “incursiones terrestres selectivas” en México contra cárteles, designados “terroristas” por su gobierno desde 2025. Fuentes federales admiten que la información clave vino de la DEA, sugiriendo que México actuó para quitarse presión y evitar botas militares gringas.
La violencia post-Mencho no sorprendería: decapitar estructuras criminales genera guerras sucesorias. Tras la captura de El Chapo en 2016, homicidios subieron 18% en 2017 (29,000 casos); igual con Zetas en 2012, +25% en plazas disputadas. Hoy, el CJNG –con ingresos de 25 mil millones de dólares anuales (UNODC)– se fragmenta: hermanos Oseguera, Los Cuinis y Mayos se pelean Jalisco y puertos.
Esto debilita la narrativa de “éxito controlado”. Sheinbaum celebra “golpe histórico”, pero el CJNG ya adelanta “venganza total” con todos los ventos terroristas que efectuaron después del abatimiento del capo. Sin supremacía estatal –cárteles controlan 35% del territorio, acorde a México Evalúa– estos abatimientos son paliativos, no estructurales.
La respuesta criminal exige actualizar la ley. Los bloqueos masivos, quema de comercios y ataques a infraestructura pública –como los bancos del Bienestar incendiados– encajan en terrorismo: “acciones violentas para infundir terror y coaccionar gobiernos”, según la definición de la ONU. México carece de un marco específico: el Código Penal Federal tipifica “delincuencia organizada”, pero no “terrorismo doméstico” con penas agravadas o decomiso preventivo de activos.
México enfrenta una disyuntiva: seguir “abrazos” y ceder soberanía a Washington, o legislar duro para recuperar territorio. El Mencho muerto es victoria pírrica si no va con instituciones. La ciudadanía exige datos, no discursos. Sin supremacía interna, ni Trump ni Mencho importan; seguirá mandando el narco.
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