Opinión de Antonio Valerio Delgado
La reforma electoral que plantea el Gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, y que esta semana será presentada ante la Cámara de Diputados, ha generado muchas controversias y debates, pero principalmente el choque de Morena con sus partidos aliados (PT y PVEM) y muy probablemente su ruptura definitiva, de cara a los comicios federales del 2027, en los que estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de 2 mil presidencias municipales y jueces y magistrados del Poder Judicial.
Para los dos partidos es inaceptable, que la propuesta oficial, insista en modificar la forma de elegir a 200 diputados plurinominales, reducir hasta en 25% en el costo de las elecciones, y cambiar la forma en que se asigna la representación proporcional, entre otras medidas.
La oposición, el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por su parte, rechazaron el proyecto y acusaron que éste busca instaurar un modelo autoritario al que ha llamado “Ley Maduro”, ignorando el financiamiento del narcotráfico en las campañas electorales.
Acción Nacional en San Lázaro plantea que antes que las pretensiones oficialistas, la reforma debe contener mecanismos para rastrear el dinero ilícito en las campañas, impedimentos al financiamiento de la delincuencia, nulidad de elecciones cuando participe el crimen organizado, la pérdida del registro a partidos que avalen el ingreso de dinero irregular, castigos para dirigentes que validen candidaturas propuestas por la delincuencia.
El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas por su parte, manifestó que su partido rechaza la iniciativa oficialista porque representa un grave retroceso democrático y una amenaza directa a la estabilidad institucional del país, y planteó que no es el momento de una reforma electoral, cuando los temas de México son otros, aludiendo a la situación de inseguridad nacional tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Insistió en que primero se debe atacar el problema de la violencia en el país, que se ha extendido a los estados de Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, y cuestionó las afirmaciones oficiales de que existe paz y tranquilidad en el país.
En síntesis, esta misma semana llegará el documento al poder legislativo sin consensos entre las fuerzas políticas y su debate y discusión seguramente traerá severos encontronazos entre diputados y senadores.
Los mexicanos una vez más estaremos ante un escenario legislativo contaminado del contexto político y social que vive el país, y donde habrá seguramente acusaciones sobre el supuesto narco-estado y los actores políticos de distintos estados, cuyos nombres salieron a relucir en las listas de “Ingresos y Egresos, que fueron aseguradas de la finca que ocupó “El Mencho”, hasta antes de su caída el pasado domingo en el estado de Jalisco.
Los “Apuntados” de Morena para la CDMX
En un análisis de la encuesta dada a conocer recientemente por la firma “Gobernarte” reveló los nombres de algunos miembros de Morena que podrían pelear por la candidatura de este partido para la elección del gobierno de la Ciudad de México en el 2030.
Aparecen nombres que de alguna forma estaban en el imaginario político como el actual titular de Seguridad Federal Ciudadana Omar García Harfuch, quien es el número 1 con el 41.3 por ciento de las preferencias. En el segundo lugar aparece Luisa María Alcalde, la presidenta de morena con el 21.1% y en tercero sorpresivamente, el actual titular del metro, Adrián Rubalcava con el 20.3 por ciento.
Luego vienen Cesar Cravioto, Ana María Lomelí, Javier López Casarín. Y en el último lugar Andrés Manuel López Beltrán, el personaje morenista que se está volviendo “Innombrable” en algunos círculos morenistas, con todo y que es el hijo del expresidente López Obrador, a quien “casualmente” se le olvidó felicitar al gobierno federal por la caída de “El Mencho”.
Tampoco expresó sus condolencias a los familiares de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber durante el operativo de Tapalpa Jalisco.
Los malpensados suponen que no lo hizo, porque no le generó ninguna satisfacción que el gobierno federal haya acabado con Oseguera Cervantes, quién de acuerdo con diversas publicaciones, le financió sus campañas electorales del 2006, 2012 y 2018, lo mismo que a otros candidatos emanados de morena en los procesos del 2018 y 2021.
