Opinión de Israel Díaz Arriaga
Cada 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, los discursos oficiales suelen llenarse de palabras como igualdad, derechos y justicia. Sin embargo, en México existe una realidad que desentona con cualquier narrativa institucional sobre el avance de los derechos de las mujeres: la de las madres buscadoras, mujeres que han tenido que convertirse en investigadoras, peritas, rastreadoras y activistas para encontrar a sus hijos desaparecidos.
En un país donde el fenómeno de la desaparición se ha vuelto estructural, son ellas quienes han terminado ocupando el lugar que debería corresponder al Estado.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera las 110 mil personas desaparecidas o no localizadas acumuladas desde que existe registro oficial. La cifra, lejos de ser estática, sigue creciendo cada año. Tan solo en la última década, decenas de miles de familias se han sumado a la tragedia de no saber dónde están sus hijos, hermanos o padres.
Ante esa realidad, han surgido más de 200 colectivos de búsqueda en todo el país, integrados en su mayoría por mujeres. Madres que, ante la lentitud o inacción de las autoridades, han decidido salir al campo con palas y picos para buscar restos humanos en fosas clandestinas.
La imagen es profundamente perturbadora para cualquier Estado que se considere democrático: madres buscando a sus hijos en la tierra mientras el aparato institucional permanece rezagado.
La creación de instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda buscaba responder a la crisis de desapariciones en el país. Sin embargo, la magnitud del problema ha superado con creces la capacidad institucional.
Organizaciones de derechos humanos han señalado de manera reiterada problemas como:
- Falta de personal especializado.
- Insuficiencia presupuestal.
- Escasa coordinación entre fiscalías estatales.
- Deficiencias en bases de datos forenses.
El resultado es una brecha enorme entre el tamaño de la crisis y la capacidad del Estado para enfrentarla.
Mientras tanto, los colectivos de madres buscadoras han logrado, por cuenta propia, localizar cientos de fosas clandestinas en estados como Sonora, Veracruz, Tamaulipas o Jalisco. Paradójicamente, muchas de estas localizaciones se han realizado sin apoyo oficial o incluso pese a la resistencia institucional.
Este fenómeno revela una paradoja dolorosa: en muchas regiones del país son las víctimas quienes impulsan las investigaciones.
Detrás de cada número hay una historia. Para una madre buscadora, la desaparición de un hijo, de un familiar, no es una estadística, sino una herida permanente.
Muchas de ellas relatan que el proceso comienza con una denuncia y continúa con semanas o meses de espera. Las investigaciones avanzan lentamente o, en ocasiones, se estancan por completo. Es en ese momento cuando muchas deciden unirse a un colectivo y salir a buscar por su cuenta.
No es raro que estas mujeres recorran zonas controladas por el crimen organizado, se enfrenten a amenazas o trabajen en condiciones físicas extremas. Aun así, continúan. Su motivación es simple y devastadora: encontrar a sus hijos, aunque sea para darles sepultura.
La ausencia institucional en la agenda de género
En el discurso oficial, el gobierno mexicano ha insistido en colocar a las mujeres en el centro de la política pública. Sin embargo, cuando se observa el fenómeno de las madres buscadoras, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están las políticas públicas enfocadas específicamente en ellas?
La propia Secretaría de las Mujeres —instancia creada para impulsar la igualdad sustantiva— ha tenido una presencia prácticamente marginal en esta problemática.
Si bien el gobierno ha impulsado programas para combatir la violencia de género, la realidad es que la desaparición de personas y el acompañamiento a las familias buscadoras no ha ocupado un lugar central en la agenda institucional de género. Esto resulta paradójico.
Las madres buscadoras representan uno de los rostros más dolorosos de la violencia estructural en el país. Su lucha no solo tiene que ver con seguridad pública, sino también con derechos humanos, acceso a la justicia y reparación del daño. En otras palabras, es también una agenda de mujeres.
En cualquier democracia funcional, la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad indelegable del Estado. La investigación criminal, el trabajo forense y la localización de víctimas son tareas que requieren instituciones robustas y profesionales. Cuando las madres tienen que salir al desierto o a los campos a excavar por su cuenta, lo que se evidencia no es solo dolor familiar, sino una falla estructural del sistema de justicia.
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