La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó documentos que demuestran que la demarcación ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en seis de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición, mismos que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”, sin embargo, las visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, solo el Gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, explicó la Alcaldesa.
Este anuncio lo hace la Alcaldía luego de los señalamientos en los que se dijo que era responsable la demarcación por la muerte de tres personas por el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad.
“Esto no se politiza, se respeta”, afirmó Rojo De la Vega al ofrecer un mensaje ante medios de comunicación en el que presentó documentos y explicó la actuación de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México.
También, la alcaldesa señaló que la demolición de San Antonio Abad contaba con autorización del gobierno capitalino y no de la alcaldía. el documento expuesto y dijo que dicho permiso no solo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, sostuvo.
En la conferencia, Rojo de la Vega expuso pruebas documentales, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017.
Con este mecanismo se permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional, y de acuerdo con los documentos presentados, en su actualización más reciente, publicada en 2025, este acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, expresó.
En contraste, de acuerdo con documentos que obran en los archivos de la alcaldía, se demostró que cuando la empresa responsable solicitó permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento.
En ese sentido, señaló que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informó que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el INVEA.
“Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, expresó la Alcaldesa de Cuauhtémoc.
Rojo De la Vega lamentó que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, afirmó.
