El Senado de la República recibió este martes la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como “Plan B”, la cual plantea modificaciones orientadas a reducir privilegios en el servicio público y fortalecer mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato.
El documento fue entregado por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y se sustenta en principios de austeridad republicana, uso eficiente del gasto y fortalecimiento democrático.
Durante el acto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó la propuesta como un proyecto que busca beneficiar al pueblo de México y consolidar una administración más congruente con la realidad social. Además, en entrevista previa aseguró que la iniciativa no se aprobará fast track y consideró podría aprobarse antes de Semana Santa.
La iniciativa contempla modificaciones al artículo 134 constitucional para establecer que las remuneraciones de los servidores públicos se ajusten a los límites ya previstos en la Carta Magna, además de prohibir la contratación de seguros privados financiados con recursos públicos, salvo en los casos establecidos por la ley. Con ello, se busca erradicar privilegios dentro de la alta burocracia y garantizar un manejo más transparente del presupuesto.
Asimismo, el proyecto plantea ajustes en el gasto legislativo, incluyendo una reducción del 15 por ciento en el presupuesto del Senado a partir del siguiente ejercicio fiscal, así como lineamientos para que los congresos estatales mantengan coherencia entre su presupuesto y el gasto público de sus entidades. Estas medidas responden a la demanda ciudadana de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En el ámbito municipal, la propuesta establece una nueva integración de los ayuntamientos, con un máximo de quince regidores y una persona síndica por municipio, con el objetivo de evitar excesos y fortalecer la representación democrática. Además, los recursos que se generen por estos ajustes deberán destinarse a obras y servicios públicos locales, reforzando así el impacto directo en el bienestar de la población.
