La reciente aprobación en el Senado de una reforma que prohíbe las llamadas “listas negras” laborales marca un paso relevante en la protección de los derechos de las y los trabajadores en México, al frenar prácticas discriminatorias vinculadas al uso indebido de datos personales en procesos de contratación.
De acuerdo con el abogado laboralista José Sesma, Socio del despacho Sales Boyoli, esta medida busca erradicar mecanismos informales como el denominado “buró laboral”, mediante los cuales algunas empresas compartían información negativa sobre exempleados, afectando sus oportunidades de reincorporarse al mercado laboral.
Señaló que la reforma no solo tiene implicaciones en materia de derechos humanos, sino que también obligará a las empresas a replantear sus procesos de reclutamiento y selección, a fin de garantizar que se apeguen a criterios legales y transparentes.
Actualmente -refirió el experto-, el llamado “buró laboral” opera de manera no oficial a través de agencias o plataformas que recopilan información privada de trabajadores, como RFC, historial de empleo, semanas cotizadas o litigios previos.
Esta información es utilizada para decidir contrataciones, lo que frecuentemente deriva en la exclusión automática de candidatos. “El problema es que se castiga a trabajadores por haber defendido sus derechos, como denunciar despidos injustificados, acoso u hostigamiento laboral o falta de pago”, explicó José Sesma.
Por ello destacó que el nuevo marco normativo fortalecerá los mecanismos de denuncia y sanción contra quienes incurran en estas prácticas, lo que podría generar un cambio significativo en la cultura laboral del país y en la protección de la privacidad de las personas trabajadoras.
“Es importante que los trabajadores sepan que depende de ellos el que esta reforma tenga sus frutos, porque siempre lo pueden prohibir expresamente en la Ley Federal del trabajo, pero al final puede llegar esto a ser letra muerta si no se denuncian estas prácticas”, advirtió Sesma.
Con este avance legislativo, se abre la puerta a un entorno laboral más justo y equitativo, donde el acceso al empleo no esté condicionado por antecedentes compartidos de manera irregular, sino por las capacidades y experiencia de cada candidato.
