Opinión de Israel Díaz Arriaga

Hay una pregunta que pocas veces hacemos cuando discutimos de política: ¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos de opinión?

La anterior pregunta parece sencilla, pero puede resultar incómoda, porque si la respuesta es “nada”, si ningún dato, ninguna investigación, ninguna experiencia y ningún resultado serían capaces de modificar nuestra posición, entonces quizá ya no estamos defendiendo una idea. Estamos defendiendo una identidad y eso representa un problema cuando trasladamos esa lógica al gobierno. Porque gobernar no consiste solamente en tener convicciones, también consiste en comprobar si esas convicciones producen los resultados que prometieron. Las ideas son necesarias, pero no suficientes

Toda sociedad necesita valores, la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia, la solidaridad o el crecimiento económico son aspiraciones legítimas que pueden llevarnos a distintas posiciones políticas, el problema comienza cuando confundimos los valores con los resultados, una política pública puede perseguir una finalidad perfectamente legítima y, sin embargo, fracasar en conseguirla. Una buena intención no garantiza un buen resultado y una mala política no se convierte en buena simplemente porque fue diseñada con una intención noble, por esto existe una diferencia fundamental entre ideología y política pública.

La ideología puede ayudarnos a decidir qué consideramos deseable, pero la evidencia debería ayudarnos a saber si el camino que elegimos realmente nos acerca a ese objetivo, el gobierno también debe aprender.

Imaginemos que un gobierno establece un programa para reducir la pobreza, después de algunos años, los indicadores muestran que el programa no está consiguiendo el resultado esperado. ¿Qué debería hacer?

Hay dos posibilidades, puede defender el programa porque forma parte de su identidad política, o puede preguntar:

¿Qué está fallando?

¿El diseño?

¿La población objetivo?

¿La cantidad de recursos?

¿La forma de implementarlo?

¿Los incentivos que genera?

¿La manera en que estamos midiendo sus resultados?

La segunda opción puede resultar políticamente incómoda, pero es precisamente la lógica que existe detrás de la evaluación de políticas públicas. En México, el CONEVAL ha señalado que evaluar permite determinar qué acciones son efectivas, mejorar las políticas, orientar las decisiones hacia resultados concretos y fortalecer la rendición de cuentas. También explica que las evaluaciones de impacto buscan identificar relaciones causales entre las intervenciones públicas y los problemas que pretenden resolver, es decir, evaluar no significa atacar al gobierno, significa preguntarle si aquello en lo que está gastando recursos públicos funciona, el problema con esto es que los datos pueden incomodar, porque tienen una característica poco conveniente para la política: no siempre dicen lo que queremos escuchar.

Los datos pueden demostrar que una política defendida durante años no produjo los resultados esperados,  revelar que una medida popular tiene efectos secundarios, demostrar que un programa necesita modificarse, también pueden confirmar que una política que fue criticada funciona mejor de lo que suponíamos y aquí aparece una prueba fundamental para cualquier sociedad democrática:

¿Estamos dispuestos a aceptar la evidencia incluso cuando contradice nuestras preferencias?

Porque si solamente utilizamos los datos que nos dan la razón, no estamos utilizando evidencia, estamos utilizando datos como munición política.

El sesgo de confirmación

Esto no ocurre únicamente con los gobiernos, nos ocurre a todos. Existe un fenómeno ampliamente estudiado en psicología conocido como sesgo de confirmación: nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera compatible con nuestras creencias previas. Por eso dos personas pueden observar el mismo acontecimiento y terminar encontrando en él pruebas completamente opuestas. Una ve una confirmación de sus ideas, la otra encuentra una confirmación de las suyas.

Las redes sociales pueden intensificar este fenómeno porque permiten construir entornos informativos donde encontramos constantemente personas, medios y contenidos que coinciden con nuestras posiciones.

El resultado puede ser una paradoja: tener más información no necesariamente significa estar mejor informado. Podemos consumir cientos de contenidos al día y, sin embargo, exponernos muy poco a aquello que cuestiona nuestras convicciones. Por eso una ciudadanía democrática necesita algo más que información, necesita criterio para evaluar información.

La evidencia tampoco es una máquina de decisiones, pero aquí debemos evitar caer en el extremo contrario, decir que las políticas públicas deben basarse en evidencia no significa que los datos deban sustituir a la política. Los números no pueden decidir por sí solos qué sociedad queremos construir, la evidencia puede ayudarnos a saber qué consecuencias tiene una decisión, pero todavía necesitamos discutir si esas consecuencias son deseables y cómo distribuir sus costos y beneficios.

La propia OCDE ha advertido recientemente sobre esta diferencia: pasar de una toma de decisiones “informada por evidencia” a una supuesta toma de decisiones “dirigida por datos” puede ser engañoso, porque las decisiones públicas siempre contienen juicios, valores y decisiones sobre cómo enfrentar distintos intercambios y costos.

Un dato puede decirnos que determinada política reduce cierto problema, pero no puede decirnos por sí mismo cuánto estamos dispuestos a gastar para conseguirlo, esa es una decisión política.

Por eso la evidencia debe informar a la política, no reemplazarla, ya que gobernar también significa corregir y aquí aparece una de las características más importantes —y menos reconocidas— de un buen gobierno: la capacidad de corregir.

En la administración pública mexicana existen desde hace años instrumentos destinados precisamente a medir resultados y ajustar políticas. La Secretaría de Hacienda mantiene el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, cuyo propósito es vincular planeación, presupuesto, seguimiento y evaluación con el cumplimiento de objetivos y resultados. Y el CONEVAL señala que las evaluaciones pueden servir para corregir, modificar, adicionar o incluso suspender programas cuando los resultados así lo justifiquen.

Esto plantea una pregunta que deberíamos hacer con mucha más frecuencia: ¿Qué programa público estamos dispuestos a modificar si la evidencia demuestra que no funciona?

Si la respuesta es “ninguno”, entonces quizá la evaluación solamente se está utilizando como trámite, porque evaluar sin estar dispuesto a corregir es como medir la temperatura de un enfermo y negarse a cambiar el tratamiento. México ya tiene herramientas; el desafío es utilizarlas y este punto resulta especialmente importante. No se trata de decir que México carece de mecanismos para producir evidencia, los tiene.

CONEVAL cuenta con evaluaciones de impacto, indicadores, inventarios de programas y herramientas para identificar dónde existe evidencia y dónde existen brechas de conocimiento. Su Mapa de Brechas de Evidencia busca precisamente identificar qué intervenciones han sido estudiadas y en qué áreas todavía falta información, también existen instrumentos de evaluación regulatoria.

La OCDE señala que México cuenta con un marco de mejora regulatoria que contempla análisis de impacto regulatorio, participación de interesados y evaluaciones posteriores para determinadas regulaciones. Sin embargo, el organismo también advierte que la práctica de las evaluaciones ex post ha disminuido considerablemente en los últimos años, salvo en determinadas regulaciones técnicas. La conclusión no debería ser que las instituciones de evaluación son innecesarias, más bien lo contrario: si tenemos herramientas para saber qué funciona, debemos utilizarlas para decidir qué conservar, qué modificar y qué abandonar.

El ciudadano también debe aprender a cambiar de opinión, pero existe un problema todavía más profundo. Podemos exigirle al gobierno que utilice evidencia y continuar nosotros mismos actuando de manera completamente ideológica. Si un dato favorece al gobierno que apoyamos, lo compartimos. Si lo contradice, cuestionamos la metodología. Si una investigación respalda nuestra posición, la consideramos científica. Si contradice nuestras ideas, buscamos inmediatamente quién la financió. Y puede ocurrir algo todavía más curioso: podemos exigir evidencia a nuestros adversarios mientras aceptamos anécdotas de nuestros aliados. Esto no es pensamiento crítico. Es partidismo disfrazado de pensamiento crítico.

La verdadera prueba consiste en aplicar el mismo estándar a la información que favorece nuestras posiciones y a la que las contradice.

Cambiar de opinión no es perder

Existe una idea que deberíamos recuperar: cambiar de opinión puede ser una señal de fortaleza intelectual, no porque todas las opiniones sean iguales, sino porque ninguna persona tiene acceso a toda la información disponible. Podemos equivocarnos, interpretar mal los datos, partir de una premisa incorrecta y podemos aprender.

En ciencia, modificar una explicación cuando aparece evidencia nueva no constituye una derrota de la ciencia, esta es precisamente una de sus fortalezas. La política democrática debería aprender algo de esa lógica. Un gobierno que reconoce que una política no funcionó y la modifica puede estar demostrando mayor responsabilidad que uno que insiste en ella únicamente para no admitir un error. Un ciudadano que cambia de opinión después de conocer nuevos datos no necesariamente es incongruente. Puede simplemente haber aprendido algo.

La evidencia también construye confianza. esto no es solamente una discusión académica, también tiene consecuencias para la relación entre ciudadanos y gobierno. La OCDE encontró, en su encuesta de 2023 a población adulta de 30 países, que solamente 41% consideraba que su gobierno utilizaba la mejor evidencia disponible al tomar decisiones. El organismo identifica el uso y la comunicación de evidencia como factores relevantes para la confianza en las instituciones.

En México, la misma encuesta encontró que 45% de las personas consideraba que el sistema político permite que personas como ellas tengan voz sobre lo que hace el gobierno. La OCDE también encontró una diferencia de 36 puntos porcentuales en confianza hacia el gobierno federal entre quienes sienten que tienen voz política y quienes consideran que no la tienen. Esto nos recuerda algo importante: los ciudadanos no solamente quieren resultados, también quieren entender cómo se toman las decisiones.

La ciudadanía quiere saber qué información se utilizó, qué alternativas fueron consideradas, qué costos existen, qué riesgos fueron identificados y qué ocurrirá si la política no funciona. Explicar eso no debilita al gobierno, puede hacerlo más responsable frente a la sociedad.

¿Qué debería pesar más: ideología o evidencia?

La respuesta, quizá, no debería ser elegir una y eliminar la otra. La ideología —entendida como un conjunto de valores y principios— puede ayudarnos a responder qué sociedad queremos. La evidencia puede ayudarnos a responder qué políticas tienen mayores posibilidades de acercarnos a ella. El problema aparece cuando una sustituye a la otra. Cuando la ideología pretende decidir cuáles son los hechos, cuando rechazamos un dato porque contradice nuestras creencias, cuando un gobierno conserva una política porque reconocer su fracaso tendría un costo político, cuando un ciudadano defiende una decisión solamente porque la tomó el partido que apoya.

En todos esos casos dejamos de utilizar la política como herramienta para resolver problemas y comenzamos a utilizar la realidad como argumento para defender nuestras posiciones.

Tal vez una de las características de una democracia madura no sea que sus ciudadanos estén de acuerdo, ni siquiera que sus gobiernos acierten siempre, quizá sea algo más sencillo: que exista la posibilidad de reconocer un error sin que hacerlo destruya la credibilidad de quien lo reconoce.

Un gobierno debería poder decir: “Los resultados no fueron los esperados. Vamos a corregir.”

Un ciudadano debería poder decir: “Pensaba diferente, pero estos datos cambiaron mi opinión.”

Un partido debería poder reconocer: “Esta propuesta no funcionó como esperábamos.”

Y una sociedad debería poder responder: “Está bien. Ahora veamos qué aprendimos.”

Porque gobernar no debería ser una competencia para demostrar quién tenía razón desde el principio, debería ser un proceso para descubrir qué funciona y corregir aquello que no funciona.

La democracia necesita valores, necesita principios, ideologías que representen distintas visiones de la sociedad, pero también necesita algo que a veces olvidamos: la humildad suficiente para aceptar que nuestras ideas pueden estar equivocadas.

Porque quizá la pregunta más democrática no sea: “¿Quién tiene la razón?”

Sino otra mucho más difícil: “¿Qué evidencia estaría dispuesto a aceptar para reconocer que puedo estar equivocado?”

Si no tenemos respuesta, quizá no estamos defendiendo una convicción, estamos defendiendo una identidad y cuando la identidad pesa más que la evidencia, la política deja de ser una búsqueda colectiva de soluciones y comienza a convertirse en una batalla por demostrar que los nuestros siempre tienen razón.

Una democracia verdaderamente madura debería aspirar a algo distinto: que las ideas compitan, que los datos sean examinados, que los resultados sean evaluados y que, cuando la realidad demuestre que estábamos equivocados, tengamos la libertad —y la inteligencia— de cambiar de opinión.