Opinión de Israel Díaz Arriaga

Una democracia no se debilita solamente cuando un gobernante concentra poder, también cuando los ciudadanos dejan de exigirle límites, existe una idea incómoda sobre la democracia que pocas veces discutimos, cuando un gobierno concentra demasiado poder, solemos mirar al gobernante. Analizamos sus decisiones, sus discursos, sus reformas y la manera en que utiliza las instituciones, pero hay otra pregunta que merece hacerse:

¿Cuánto de ese poder fue entregado voluntariamente por los propios ciudadanos?

La pregunta no pretende responsabilizar a la sociedad de los abusos del poder. La responsabilidad de gobernar conforme a la ley corresponde a quienes gobiernan, pero una democracia no está formada únicamente por gobernantes, también está formada por ciudadanos. Y cuando una sociedad comienza a pensar que un líder debe resolverlo todo, que las instituciones son obstáculos, que la crítica es traición o que cualquier límite al gobernante es una conspiración contra el pueblo, algo empieza a cambiar.

El problema ya no es solamente quién tiene el poder, es que una parte de la sociedad ha dejado de preguntarse qué límites debería tener ese poder. La democracia exige algo que puede resultar incómodo: participación, no basta con votar cada cierto número de años, hay que informarse, comparar propuestas, exigir resultados, cuestionar decisiones, defender instituciones y aceptar que ninguna persona posee todas las respuestas. Esto requiere tiempo y esfuerzo.

Por eso resulta tentadora la política basada en una figura que promete resolverlo todo. Un líder fuerte puede ofrecer una respuesta sencilla a problemas complejos:

“Yo lo voy a solucionar.”

Y esa promesa tiene una enorme capacidad de seducción, porque si alguien más puede hacerse responsable de todo, nosotros podemos dejar de preocuparnos por muchas cosas, el ciudadano deja de ser parte activa de la vida pública y comienza a convertirse en espectador. Y el espectador tiene una ventaja: no tiene que asumir responsabilidad, pero también tiene un costo, porque cuando dejamos de exigir explicaciones, dejamos de preguntar por resultados. Cuando dejamos de preguntar por resultados, dejamos de exigir rendición de cuentas. Y cuando dejamos de exigir rendición de cuentas, el poder encuentra cada vez menos obstáculos.

El problema no es tener un líder fuerte. Conviene hacer una distinción. Una democracia puede tener líderes con enorme capacidad política, popularidad y autoridad. El problema no es que un gobernante sea fuerte, aparece cuando la fortaleza del líder comienza a confundirse con la fortaleza de las instituciones. Una democracia saludable no necesita gobernantes débiles.

Necesita gobernantes limitados por reglas que también se apliquen a ellos. La diferencia es fundamental. Un líder puede ser muy popular y, al mismo tiempo, estar sujeto a controles, puede ganar elecciones con una mayoría contundente y seguir obligado a respetar la Constitución, puede tener un amplio respaldo social y aun así tener que rendir cuentas, defender una determinada visión del país y, al mismo tiempo, aceptar que existen ciudadanos que piensan diferente, eso no debilita a un gobierno, lo hace democrático.

El riesgo comienza cuando la relación entre ciudadano y gobernante deja de ser institucional y se vuelve personal, ya no se defiende una política pública porque funciona, se defiende porque la propuso el líder. Ya no se cuestiona una decisión porque sus resultados son malos, se justifica porque el líder debe tener sus razones. Ya no se analiza una institución por su función, se le juzga dependiendo de si favorece o contradice al gobernante.

Y entonces ocurre algo peligroso: la lealtad hacia una persona comienza a sustituir la lealtad hacia las reglas. En ese momento, la discusión política deja de ser: “¿Esta decisión es correcta?” y comienza a convertirse en: “¿Estás con él o estás contra él?”

La primera pregunta pertenece a una democracia, la segunda pertenece a una lógica de bandos.

La democracia necesita ciudadanos, no seguidores, esta diferencia quizá sea una de las más importantes de toda nuestra discusión sobre democracia, un ciudadano puede apoyar a un gobierno y criticarlo, votar por un partido y después cuestionar a sus representantes, admirar a un gobernante y considerar equivocada alguna de sus decisiones, reconocer los logros de un gobierno sin negar sus errores. Y puede cambiar de opinión. Esto no es inconsistencia, es ciudadanía.

El seguidor, en cambio, encuentra dificultades para cuestionar a quien considera propio, porque si el líder siempre tiene razón, cualquier crítica se convierte en una amenaza. Y si cualquier crítica es una amenaza, el debate desaparece.

La política deja de ser deliberación y se convierte en identificación. “Los míos” contra “los otros”. Y cuando eso ocurre, la evidencia comienza a importar menos que la identidad.

¿Qué dicen los datos?

Las democracias contemporáneas han desarrollado instituciones precisamente porque se reconoce que el poder necesita límites. El Banco Mundial, por ejemplo, utiliza indicadores de gobernanza que incluyen dimensiones como eficacia gubernamental, Estado de derecho, control de la corrupción y rendición de cuentas.

La idea detrás de estos indicadores es sencilla: un Estado no se evalúa únicamente por la voluntad de quienes lo gobiernan, sino también por la calidad de las instituciones que permiten controlar y hacer responsable al poder. La democracia, por tanto, no puede reducirse a preguntar quién ganó una elección.

También debemos preguntar:

¿Qué controles existen?

¿Quién fiscaliza?

¿Quién puede investigar?

¿Quién puede impugnar una decisión?

¿Quién puede cuestionar al gobierno sin ser considerado enemigo?

¿Y qué sucede cuando el gobernante pierde una elección?

Estas preguntas pueden parecer técnicas, pero en realidad, son profundamente ciudadanas. Existe una prueba muy sencilla para detectar hasta qué punto creemos realmente en las instituciones. Imaginemos que mañana llega al poder un gobernante que piensa exactamente lo contrario de nosotros.

 ¿Qué límites queremos que tenga?

La respuesta puede revelar mucho sobre nuestra concepción de la democracia.

Si queremos instituciones fuertes únicamente cuando gobiernan nuestros adversarios, entonces no estamos defendiendo instituciones, estamos defendiendo nuestra conveniencia política, una verdadera cultura democrática debería funcionar al revés: las mismas reglas que queremos para quien no nos gusta debemos aceptarlas para quien sí nos gusta. Porque las instituciones no se construyen para proteger a nuestros amigos. Se construyen para protegernos de los excesos de cualquiera.

Existe una paradoja, a veces hablamos de la concentración del poder como si los ciudadanos fueran completamente impotentes frente a ella, pero el ciudadano posee una herramienta extraordinaria: puede retirar su confianza, votar de manera diferente, organizarse, exigir información, acudir a las instituciones, cuestionar, protestar pacíficamente, participar en organizaciones civiles, defender la libertad de expresión, transparencia, sobre todo, negarse a aceptar que una persona esté por encima de las reglas.

Por eso la democracia no solamente consiste en limitar al poder desde arriba, también consiste en construir una ciudadanía capaz de decir: “Te elegí para gobernar, no para sustituir las instituciones.”

El verdadero culto al líder

El culto al líder no comienza necesariamente con estatuas, propaganda o discursos grandilocuentes, puede comenzar de una manera mucho más cotidiana, cuando dejamos de exigir resultados porque “es nuestro líder”, cuando justificamos una decisión que criticaríamos si la hubiera tomado el adversario, cuando aceptamos que una institución sea debilitada porque creemos que está obstaculizando al gobierno que apoyamos, cuando pensamos que cuestionar al gobernante equivale a traicionar al país. Y cuando esperamos que una sola persona tenga respuestas para todos los problemas.

Ahí comienza la dependencia política, porque una democracia madura no debería necesitar salvadores, necesita instituciones que funcionen y ciudadanos que las defiendan. Gobernar no es salvar.

Tal vez uno de los errores más peligrosos de la política consiste en confundir gobierno con salvación. Los gobiernos pueden construir carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de seguridad y políticas sociales, mejorar o empeorar la economía, fortalecer o debilitar las instituciones, pero ningún gobierno debería convertirse en el sustituto de la sociedad.

Porque cuando esperamos que el gobernante resuelva absolutamente todo, dejamos de preguntarnos qué corresponde hacer a los ciudadanos, a las comunidades, a las empresas, a las universidades, a las organizaciones civiles y a las propias instituciones.

La democracia distribuye responsabilidades, el autoritarismo tiende a concentrarlas. Y una sociedad que entrega demasiado poder puede terminar descubriendo demasiado tarde que también entregó parte de su capacidad para cuestionarlo.

Quizá por eso una de las mejores formas de defender una democracia no sea preguntar solamente:

“¿Quién gobierna?”

Sino:

“¿Qué estamos dispuestos a permitirle a quien gobierna?”

Porque mañana puede gobernar alguien que nos gusta, después alguien que no nos gusta. Y más adelante alguien completamente distinto, las personas cambian, los gobiernos cambian, los partidos cambian, las mayorías cambian, lo que debería permanecer son las reglas. Una democracia saludable no necesita ciudadanos que crean ciegamente en sus gobernantes, necesita ciudadanos capaces de apoyarlos cuando tienen razón y cuestionarlos cuando se equivocan.

Necesita ciudadanos que comprendan que votar por alguien no significa entregarle un cheque en blanco. Y quizá, sobre todo, necesita ciudadanos capaces de recordar una idea sencilla: el gobernante trabaja para la sociedad; la sociedad no existe para servir al gobernante, porque el poder que no se cuestiona termina acostumbrándose a no rendir cuentas. Y el ciudadano que deja de exigir límites puede descubrir, demasiado tarde, que no fue solamente el poder quien se hizo demasiado grande.

También fue su propia vigilancia la que se hizo demasiado pequeña.