Opinión de Israel Díaz Arriaga
Una sociedad que reconoce a quienes la cuidaron durante una pandemia también debe preguntarse si les ha proporcionado las condiciones necesarias para seguir cuidándola. Hay servicios públicos cuya importancia solemos comprender plenamente hasta que los necesitamos. La salud es uno de ellos.
Mientras estamos sanos, pocas veces pensamos en la infraestructura, los recursos y el personal que hacen posible una consulta médica, una cirugía o la atención de una emergencia. Pero basta con que un familiar enferme, que necesitemos un tratamiento especializado o que una urgencia ponga en riesgo nuestra vida para comprender que detrás de cada servicio médico existe una estructura de la que dependemos todos.
Por eso, cuando trabajadores del sector salud salen a las calles para exigir mejores condiciones laborales, salarios, medicamentos, insumos o equipos para desempeñar su trabajo, la discusión pública no debería limitarse a las molestias que ocasionan las marchas y los bloqueos. Es necesario abordar también las razones de las protestas, contrastar las demandas con información verificable y examinar las responsabilidades de las instituciones.
La pregunta de fondo es sencilla, pero trascendental: ¿está México otorgando a la salud pública la prioridad que merece?
Un sistema de dimensiones nacionales
El sistema público de salud mexicano no es una estructura menor. Es una red compleja de instituciones, unidades médicas, trabajadores y recursos que atiende necesidades muy distintas: desde la prevención de enfermedades hasta los tratamientos más especializados. Dentro de esa estructura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupa un lugar central.
Para dimensionarlo, el informe de servicios personales del IMSS correspondiente a 2023 registró 451,309 plazas presupuestarias, de las cuales 122,118 correspondían a enfermería y 76,900 a médicos. El mismo documento reportó 1,330 unidades de primer nivel, 269 de segundo nivel y 25 unidades médicas de alta especialidad. Estas cifras corresponden a la estructura reportada por el Instituto y no incluyen las plazas de nómina ordinaria del programa IMSS-BIENESTAR.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la Cuenta Satélite del Sector Salud de México, contabilizó 2,174,418 puestos de trabajo remunerados en las actividades económicas del sector durante 2023, equivalentes al 5.3% del total de la economía.
No todas esas personas trabajan en instituciones públicas: la cifra incluye actividades del sector salud en su conjunto. Precisamente por eso resulta útil para comprender la dimensión económica y laboral de una actividad que rebasa los límites de cualquier institución.
Detrás de estas cifras hay médicos, enfermeras, residentes, laboratoristas, camilleros, personal de ambulancias, trabajadores de limpieza, técnicos y administrativos. Cada uno cumple una función dentro de una cadena de atención en la que la ausencia de un eslabón puede afectar el servicio completo.
La salud pública no depende exclusivamente de quien diagnostica o realiza una cirugía. También requiere que existan medicamentos, equipos funcionales, instalaciones seguras y personal suficiente para que la atención llegue oportunamente a los pacientes. Cuando hablamos de fortalecer el sistema de salud, hablamos tanto de infraestructura como de las personas que la hacen funcionar.
El presupuesto: cuánto se asigna y qué resultados produce
La prioridad que un Estado concede a un servicio público también puede examinarse a través de sus presupuestos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026, la función Salud cuenta con aproximadamente 965,663 millones de pesos, equivalentes al 19.6% del gasto programable federal, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es importante precisar que esta clasificación funcional comprende el gasto federal destinado a la salud en su conjunto, no exclusivamente los recursos del IMSS. Tampoco representa la totalidad del gasto sanitario de todos los órdenes de gobierno.
La cifra, por sí sola, no permite concluir si los recursos son suficientes o insuficientes. Para llegar a esa conclusión es necesario considerar las necesidades de atención, la población cubierta, los costos, las obligaciones de las instituciones y los resultados obtenidos, pero sí nos conduce a una pregunta indispensable: ¿cómo se traduce ese presupuesto en servicios concretos para la población?
Debemos saber cuánto se destina a personal, medicamentos, equipamiento, mantenimiento, construcción y rehabilitación de unidades médicas. También necesitamos conocer cuánto se ejerce efectivamente, qué objetivos se alcanzan y qué ocurre cuando los recursos no producen los resultados previstos.
Un presupuesto aprobado no garantiza automáticamente un servicio adecuado. Entre la asignación de recursos y la atención de un paciente existe una cadena de decisiones administrativas, compras, contrataciones, distribución y supervisión, por ello, la discusión no debe centrarse únicamente en si el presupuesto aumenta o disminuye. También debe examinar si el dinero público se convierte en capacidad efectiva para atender a las personas.
La infraestructura: una pregunta que exige datos
Un hospital no funciona solamente porque el edificio exista. Necesita mantenimiento, energía, agua, equipo médico, medicamentos, laboratorios y personal capacitado. Además, requiere recursos para sustituir los equipos que terminan su vida útil y para adaptar sus instalaciones a las necesidades de una población cambiante. Cuando alguno de estos elementos falta, una unidad puede seguir apareciendo en los registros oficiales sin disponer de toda la capacidad necesaria para prestar sus servicios.
En este punto, los indicadores del propio IMSS ofrecen elementos para la reflexión. De acuerdo con su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto 2024-2025, entre 2012 y 2024 las camas censables por cada mil derechohabientes adscritos a unidades de medicina familiar disminuyeron de 0.80 a 0.69. En el mismo periodo, los consultorios por cada mil derechohabientes pasaron de 0.43 a 0.35.
Estos indicadores muestran una reducción de la capacidad instalada relativa a la población de referencia. No demuestran, por sí mismos, que todos los hospitales estén deteriorados ni explican las causas de esa evolución. Sí justifican preguntar si la infraestructura y los recursos disponibles han crecido al ritmo de las necesidades de atención.
Para conocer el estado físico de las instalaciones también se necesitan inventarios actualizados, diagnósticos de mantenimiento, registros de equipos fuera de servicio y datos comparables sobre las necesidades de rehabilitación.
No sería riguroso afirmar que todo el sistema se ha deteriorado de manera uniforme sin esa evidencia. Pero tampoco sería razonable ignorar indicadores que apuntan a una presión sobre la capacidad de atención.
La obligación de las autoridades es proporcionar información suficiente para saber dónde están las carencias, cuáles son sus causas y qué medidas se adoptarán para corregirlas.
Porque construir un hospital es importante, pero mantenerlo funcionando, abastecido y equipado lo es tanto como inaugurarlo.
La pandemia: una lección que no debemos olvidar
La pandemia de COVID-19 puso a prueba a los sistemas sanitarios del mundo. En México, la emergencia exigió adaptar espacios, reorganizar servicios, atender una demanda extraordinaria y responder a una enfermedad cuyas características y consecuencias fueron cambiando a medida que avanzaba el conocimiento científico.
En ese contexto, el personal sanitario desempeñó una función indispensable la que debe de ser valorada y obrar en consecuencia. Médicos, enfermeras, residentes, laboratoristas, camilleros, trabajadores de limpieza y otros integrantes de los equipos de salud participaron en la atención de pacientes y en el sostenimiento de servicios esenciales. Muchos tuvieron que trabajar en condiciones extraordinarias, con una presión asistencial que afectó tanto a las instituciones como a quienes trabajaban en ellas.
Reconocer su labor no significa afirmar que todas las decisiones gubernamentales fueron correctas ni que el sistema respondió sin deficiencias. Significa reconocer que la atención sanitaria depende de personas concretas que ponen sus conocimientos, su experiencia y su trabajo al servicio de los demás.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su Evaluación Estratégica de Salud. Primer Informe, publicada en 2022, examinó los desafíos del sistema mexicano y las afectaciones asociadas a la pandemia.
Ese diagnóstico invita a una reflexión que sigue siendo pertinente: la capacidad de respuesta ante una emergencia no se construye cuando la emergencia comienza. Se prepara mediante la inversión sostenida en infraestructura, personal, vigilancia epidemiológica, equipamiento y organización institucional.
La pandemia nos enseñó que un sistema sanitario necesita reservas de capacidad para responder cuando la demanda aumenta de manera extraordinaria. También mostró que el personal no puede sustituir indefinidamente las carencias materiales ni compensar por sí solo todas las debilidades organizativas.
Por eso, la pregunta que debemos hacernos no es solamente cómo respondió México durante aquella crisis, sino qué aprendimos de ella, qué corregimos y qué capacidades hemos fortalecido para enfrentar futuras emergencias.
Agradecer a quienes estuvieron en la primera línea durante la pandemia también implica evaluar si las instituciones están mejor preparadas para la siguiente.
Las protestas: más allá de las molestias
Las movilizaciones de trabajadores del sector salud deben analizarse a partir de sus demandas concretas, no de suposiciones generales.
Cuando una protesta reúne exigencias salariales, inconformidades laborales, solicitudes de medicamentos y reclamos por la falta de equipamiento, es necesario separar los asuntos. Cada uno tiene causas, responsables y posibles soluciones diferentes.
Un desacuerdo sobre salarios requiere revisar las condiciones laborales y los acuerdos aplicables. Una carencia de medicamentos exige examinar las compras, los inventarios y la distribución. La falta de equipos obliga a investigar la disponibilidad presupuestaria, el mantenimiento y los procedimientos administrativos. Y un conflicto sindical requiere atender las reglas de representación y los mecanismos de negociación correspondientes.
No toda demanda es automáticamente justa por el hecho de ser formulada, así como tampoco debe descartarse porque sus promotores recurran a una manifestación. Lo razonable entonces es escuchar a las partes, consultar documentos, contrastar las afirmaciones y exigir respuestas verificables.
También es necesario reconocer que los bloqueos pueden afectar a terceros. Una persona que necesita llegar a una consulta, un paciente que requiere atención urgente o una familia que intenta trasladarse puede sufrir consecuencias que no deben minimizarse.
El derecho a manifestarse y el derecho a recibir atención médica deben considerarse conjuntamente. La solución no consiste en enfrentar a los pacientes con los trabajadores, sino en exigir canales eficaces de diálogo, mecanismos de negociación y medidas que protejan la continuidad de los servicios esenciales.
Una protesta no sustituye una auditoría ni demuestra por sí misma que todas las acusaciones sean ciertas. Pero una sociedad responsable tampoco debería esperar a que el conflicto escale hasta paralizar una avenida para preguntar qué está ocurriendo dentro de sus instituciones.
Las manifestaciones pueden convertirse en una oportunidad para identificar problemas, siempre que las demandas sean examinadas y las autoridades respondan con información, plazos y compromisos comprobables.
La responsabilidad del Estado
El artículo 4.º de la Constitución mexicana reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. Su garantía no depende de la simpatía que un gobierno tenga por determinado grupo de trabajadores ni de la conveniencia política de atender una protesta, es una responsabilidad pública.
Cumplirla exige planear, financiar, administrar, supervisar y evaluar. También exige reconocer que el personal sanitario no es un recurso inagotable y que sus condiciones de trabajo repercuten en la capacidad de prestar servicios.
Si faltan médicos o enfermeras, las autoridades deben examinar las plantillas y las necesidades de contratación. Si faltan medicamentos, deben revisar los procedimientos de adquisición y distribución. Si hay equipos fuera de servicio, deben identificar las causas y establecer plazos de reparación o sustitución. Si existen conflictos laborales, deben atenderlos mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos de las partes.
Y si los recursos asignados no se traducen en mejores servicios, corresponde explicar por qué y corregir lo necesario.
La rendición de cuentas no consiste únicamente en publicar cifras presupuestarias. También significa informar qué se logró con los recursos, qué objetivos no se cumplieron y quién debe responder por las deficiencias detectadas.
La prioridad de la salud pública debe reflejarse en decisiones verificables: infraestructura funcional, abastecimiento oportuno, personal suficiente, condiciones laborales adecuadas y atención digna para los pacientes.
No se trata de afirmar que el Estado puede resolver inmediatamente todos los problemas. Los recursos son limitados y las necesidades sanitarias son amplias. Precisamente por eso se requiere planeación, transparencia y evaluación: para determinar qué necesidades son más urgentes, cómo se utilizará el presupuesto y qué resultados deben exigirse.
La salud pública nos concierne a todos
Defender la salud pública no significa justificar cualquier protesta ni respaldar sin cuestionamientos a una institución. Significa comprender que su funcionamiento afecta a toda la sociedad.
Quien hoy no necesita un hospital puede necesitarlo mañana. Quien hoy puede pagar una consulta privada puede enfrentar una enfermedad cuyo tratamiento rebase sus posibilidades económicas. Y quien hoy cuenta con seguridad social depende de que existan instituciones capaces de responder cuando las necesita.
Por eso, la discusión no debería reducirse a una disputa entre gobierno y trabajadores, ni a una confrontación entre quienes bloquean una avenida y quienes deben transitar por ella.
El debate central consiste en cómo garantizar servicios suficientes, oportunos y dignos, con recursos bien administrados, personal en condiciones adecuadas y mecanismos eficaces de evaluación.
Los trabajadores tienen derecho a plantear sus demandas por las vías legales y a exigir condiciones que les permitan realizar su labor. Las autoridades tienen la obligación de escuchar, explicar sus decisiones y responder con soluciones verificables. Los ciudadanos, por su parte, tenemos derecho a exigir cuentas a unos y otros, sin renunciar al juicio crítico ni aceptar que los problemas se resuelvan mediante la descalificación.
La salud pública no puede depender exclusivamente de la capacidad de resistencia de sus trabajadores ni de la paciencia de los pacientes. Debe descansar en instituciones capaces de cumplir su responsabilidad de manera cotidiana, no solamente durante una emergencia o cuando una protesta coloca sus deficiencias en el centro de la atención pública.
Quizá la pregunta más importante no sea si debemos apoyar automáticamente cada marcha o condenar cada bloqueo. La pregunta es si estamos dispuestos a exigir que la salud pública ocupe el lugar que merece en las prioridades del país.
Porque un Estado puede discutir presupuestos, reorganizar instituciones y revisar programas, pero esas decisiones deben evaluarse a partir de su capacidad para proteger la salud de las personas. Y una sociedad que reconoce el valor de quienes cuidan a los demás debe exigir, con la misma firmeza, que las instituciones donde trabajan cuenten con los medios necesarios para cumplir su misión.
La salud pública no es solamente una partida presupuestaria ni una prestación laboral. Es una responsabilidad del Estado, una condición para la dignidad humana y una medida concreta de la capacidad de una sociedad para cuidar a sus integrantes.
