Opinión de Israel Díaz Arriaga
Una democracia no se fortalece cuando un gobernante consigue permanecer en el poder, sino cuando demuestra que puede abandonarlo sin poner en riesgo las instituciones.
En política, ganar una elección suele presentarse como una prueba de legitimidad. Y lo es: obtener el respaldo ciudadano mediante elecciones libres permite acceder al gobierno. Sin embargo, existe otra prueba, menos celebrada, pero igualmente importante para la salud democrática: aceptar la derrota y entregar el poder cuando las urnas así lo determinan.
Esta distinción es fundamental. Una democracia no consiste solamente en que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes, sino también en que puedan cambiarlos sin violencia, sin amenazas y sin que las reglas electorales se conviertan en instrumentos al servicio de quien gobierna.
El problema aparece cuando un dirigente comienza a confundir el respaldo recibido con un derecho permanente a gobernar. Haber ganado una elección no significa ser dueño del Estado, de sus instituciones ni de la voluntad ciudadana. El mandato popular tiene límites temporales y constitucionales. Precisamente por eso existen las elecciones periódicas, la división de poderes y las autoridades encargadas de organizar y calificar los procesos electorales.
La historia demuestra que las democracias pueden debilitarse cuando quienes ejercen el poder dejan de reconocer los límites que las hacen posibles. Esto no ocurre necesariamente mediante un golpe de Estado. En ocasiones, el deterioro comienza cuando un gobernante descalifica sistemáticamente a sus adversarios, cuestiona sin pruebas las reglas electorales o presenta cualquier posibilidad de alternancia como una amenaza contra el país.
El ejemplo de Estados Unidos resulta ilustrativo. Después de las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump cuestionó los resultados y se negó a aceptar la derrota. El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden, una multitud irrumpió violentamente en el Capitolio. Las instituciones estadounidenses finalmente completaron la transferencia del poder, pero los acontecimientos exhibieron los riesgos que enfrenta una democracia cuando se pone en duda la legitimidad de una derrota sin sustento suficiente.
La lección no consiste en afirmar que un país está condenado por la conducta de un dirigente, sino en comprender que las instituciones democráticas pueden resistir una crisis sin salir necesariamente indemnes. Su fortaleza depende tanto de las leyes como de la disposición de quienes participan en la política para respetarlas.
En México, la alternancia presidencial de 2000 representó un momento decisivo. Después de décadas de predominio del PRI en la Presidencia, Vicente Fox, candidato del PAN, ganó la elección y Ernesto Zedillo reconoció públicamente el resultado. La transición mostró que era posible cambiar de partido en el gobierno mediante las urnas.
Desde entonces, México ha experimentado nuevas alternancias y cambios en la distribución del poder. Sin embargo, la alternancia por sí sola no garantiza una democracia sólida. También importa que las elecciones sean competitivas, que las autoridades electorales puedan actuar con independencia, que la oposición conserve sus derechos y que los gobernantes respeten los límites de sus cargos.
Este principio debe aplicarse sin excepciones partidistas. No importa si el gobierno se identifica con la izquierda, la derecha o el centro: ninguna victoria electoral autoriza a debilitar las reglas que permiten competir, disentir y eventualmente perder.
Tampoco debe confundirse la aceptación de una derrota con la obligación de guardar silencio. Los partidos y candidatos tienen derecho a impugnar resultados, presentar pruebas y acudir a los tribunales. Eso forma parte de la democracia. La diferencia está entre cuestionar una elección mediante procedimientos legales y desacreditarla sin evidencia para desconocer la voluntad expresada en las urnas.
¿Por qué debería importarnos que un gobernante acepte perder? Porque la alternancia protege algo más importante que el destino de un partido: protege la posibilidad de que los ciudadanos corrijan el rumbo de su gobierno. Cuando la oposición tiene posibilidades reales de ganar, el gobernante enfrenta un incentivo para rendir cuentas, atender las demandas sociales y evitar los abusos. Si, por el contrario, quienes ejercen el poder buscan eliminar los obstáculos que podrían desplazarlos, la competencia política pierde sentido y el voto corre el riesgo de convertirse en un ritual sin capacidad efectiva para cambiar las cosas.
Por eso, la democracia no puede medirse únicamente por la popularidad de un presidente, la cantidad de votos obtenidos o la frecuencia con que se celebran elecciones. También debe evaluarse por la independencia de sus instituciones, la libertad de sus ciudadanos y la disposición de quienes gobiernan para aceptar límites.
Una pregunta resulta inevitable: ¿qué tan democrática puede ser una fuerza política si defiende el voto cuando gana, pero lo cuestiona cuando pierde? La respuesta no depende de sus discursos ni de la ideología que proclama, sino de su conducta frente a las reglas comunes.
El poder también necesita perder porque ningún gobernante debe ser indispensable para la continuidad del Estado, ni ningún partido debe considerarse propietario de la voluntad popular.
Una democracia madura no exige que los ciudadanos estén de acuerdo en todo. Exige que, aun en medio de profundas diferencias, acepten que nadie puede ganar siempre y que nadie debe tener el poder de impedir que otros puedan ganar.
Al final, la verdadera prueba de un gobernante no es solamente cómo llega al poder, sino cómo se comporta cuando las urnas le indican que debe dejarlo. Porque cuando un país puede cambiar de gobierno sin poner en peligro su estabilidad institucional, el poder deja de ser una posesión y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una responsabilidad temporal otorgada por los ciudadanos.
