Fabiola G. Ayala
Al anunciar la apertura de dos nuevas plantas: una pasteurizadora en Campeche y otra de secado en Michoacán, además de 30 centros de acopio para pequeños y medianos productores, el programa Leche para el Bienestar, avanza en una etapa de expansión histórica, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional del organismo.
Desde la planta Metropolitana Norte, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Pérez Rojas aseguró que el objetivo de esta estrategia es garantizar una alimentación nutritiva y accesible para millones de familias mexicanas.
Explicó que actualmente, Leche para el Bienestar, antes Liconsa, atiende a 6.3 millones de beneficiarios en 3.4 millones de hogares en más de 2 mil municipios, pero la meta es mucho mayor: alcanzar 7 millones de personas en 2025 y cerrar el sexenio con 10 millones de beneficiarios en 2030.
“Se trata de un cambio de estructura, una reingeniería administrativa con un objetivo claro: crecer y llegar a más mexicanos”, aseguró Pérez Rojas.
La leche que se distribuye, presumió, está fortificada con hierro, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B2, B12, C y D, lo que la convierte en un alimento clave para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos.
Además, gracias al subsidio federal, se vende a precios que oscilan entre $4.50 y $7.50 por litro en comunidades marginadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, muy por debajo de los 25 a 35 pesos que cuesta cualquier otra leche en el mercado comercial.
Por ello asegura que con una inversión superior a 640 millones de pesos, los nuevos proyectos de infraestructura no solo aumentarán la capacidad de producción nacional, también fortalecerán la economía local.
Y es que el programa paga $11.50 por litro de leche cruda a más de 3 mil productores —en su mayoría pequeños y medianos ganaderos—, considerado uno de los mejores precios de garantía en América Latina.
De ahí que el gran desafío será cubrir la totalidad de municipios del país y sostener la calidad nutricional de un producto accesible para los sectores más vulnerables.
“Queremos que nuestros beneficiarios ejerzan un derecho social y humano: el derecho a la alimentación y a la salud pública, con un producto de primera calidad”, concluyó el funcionario.
