Opinión de Israel Díaz Arriaga
En México, la agricultura es un sector vital para el país: provee alimentos, empleo y estabilidad para millones de hogares rurales. Sin embargo, pese a su relevancia estratégica, el campo se mantiene rezagado en comparación con las potencias agrícolas del primer mundo. La falta de apoyos suficientes, la baja inversión pública y la ausencia de políticas de largo plazo han creado una crisis creciente que hoy se refleja en protestas, bloqueos y señales claras de frustración entre quienes producen lo que a diario todos consumimos.
En concreto, esta columna expone por qué el sector agrícola mexicano continúa marginado, cómo se compara con los países desarrollados, qué revela el presupuesto de 2026 y por qué las movilizaciones campesinas anunciadas para este 24 de noviembre de 2025 deben entenderse como un síntoma profundo de abandono.
¿Cuánto pesa económicamente el campo mexicano?
Aunque su importancia social es enorme, la agricultura mexicana ocupa un espacio limitado dentro del PIB nacional. Las actividades primarias tienden a representar alrededor del 3% del PIB, pese a que el sector utiliza más de la mitad del territorio nacional en actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Este contraste entre extensión territorial e impacto económico directo demuestra una brecha histórica: el campo produce, pero no genera el nivel de valor agregado que podría alcanzar si contara con mayor inversión pública y privada.
Aun así, este sector es fuente esencial de empleo. Diversos reportes estiman que más del 10% de la población ocupada trabaja en actividades agrícolas. Pero la informalidad supera el 80%, lo que significa que la mayoría de los trabajadores carecen de seguridad social, financiamiento, asistencia técnica o mecanismos de protección ante riesgos climáticos y fluctuaciones de precios.
La alta informalidad y los bajos márgenes de ganancia hacen que muchos productores mantengan prácticas tradicionales de baja productividad: sin acceso a maquinaria, riego tecnificado, semillas mejoradas, seguros contra desastres o créditos con tasas razonables. En consecuencia, se perpetúan la pobreza rural y el estancamiento productivo.
¿Cómo viene el presupuesto para el sector para el 2026?
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asignó 75,195.5 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Aunque en apariencia representa un ligero aumento nominal respecto al año previo, en términos reales, al ajustar por inflación, esto se traduciría en una caída cercana al 2.5%. Es decir, el poder efectivo del presupuesto se reduciría.
Esto significa que, de nueva cuenta, el país sostiene un esquema donde la mayor parte del gasto se orienta a programas asistenciales —como Producción para el Bienestar o Precios de Garantía— mientras rubros esenciales como investigación, sanidad vegetal, infraestructura de riego, financiamiento rural y extensión agrícola reciben incrementos mínimos o incluso recortes.
El problema no es la existencia de programas sociales, vitales para millones de pequeños productores, sino la falta de equilibrio entre asistencia y productividad. Sin inversión estructural no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay seguridad alimentaria sostenible.
La Agricultura de México frente a los países del primer mundo
Para entender la magnitud del rezago sería útil revisar el indicador internacional que evalúa el nivel de apoyo público a los productores: el Producer Support Estimate (PSE). Este mide qué porcentaje de los ingresos agrícolas proviene de políticas gubernamentales.
- México se ubica en torno al 11–12% en años recientes.
- El promedio de la OCDE ronda niveles ligeramente superiores.
- Países con alto nivel de productividad agrícola —como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o la Unión Europea— no solo mantienen apoyos más robustos, sino que además invierten en investigación, innovación, mecanismos de gestión de riesgos, mercados financieros especializados y cadenas de valor diversificadas.
La comparación es útil para comprender que mientras los agricultores mexicanos enfrentan sequías, plagas, volatilidad de precios y altos costos de producción sin herramientas suficientes, los productores de países desarrollados cuentan con seguros indexados, créditos preferenciales, subsidios al ingreso, protección estratégica y una sólida infraestructura logística y tecnológica.
El resultado es evidente: rendimientos superiores, menor vulnerabilidad, mejores ingresos y mayor autosuficiencia alimentaria.
El malestar que desemboca en protesta
La falta de apoyos no solo se observa en estadísticas. Se vive en las carreteras, en las aduanas y en los mercados. Para este 24 de noviembre de 2025, agricultores de diferentes estados organizaron un paro nacional con bloqueos en más de 30 carreteras federales. Su principal demanda giró alrededor del precio del maíz: mientras el sector pedía 7,200 pesos por tonelada, el gobierno ofrecía 6,050pesos, una cifra que los productores consideraron insuficiente para cubrir sus costos reales.
Sumado a ello, denunciaron retrasos en pagos, falta de certidumbre en la comercialización y ausencia de medidas efectivas frente a la sequía y el incremento de insumos como fertilizantes.
La respuesta social no fue espontánea. Fue el resultado de años de tensión acumulada: presupuestos poco transformadores, recortes en áreas clave, falta de infraestructura, aumentos marginales en los apoyos productivos y una percepción generalizada de abandono institucional.
Estos bloqueos deben entenderse como un “termómetro” de un problema mayor: un sector cansado de cargar a solas con los costos de producir alimentos esenciales.
¿Por qué todo esto importa?
México depende cada vez más de importaciones de granos básicos como maíz amarillo, soya, trigo y arroz. Esta dependencia vuelve al país vulnerable ante: volatilidad internacional de precios, tensiones geopolíticas, fenómenos climáticos globales, restricciones comerciales y disparidades de tipo de cambio.
La autosuficiencia no es solo un ideal nacionalista: es una estrategia de seguridad, que habría de recordar que los países desarrollados lo entendieron desde hace décadas y por eso han blindado a su sector agrícola. La pregunta en todo caso es por qué México sigue sin hacerlo.
Al final del día, el debate sobre el presupuesto, las protestas y los indicadores técnicos se reduce a una verdad esencial: todo país es tan fuerte como su capacidad para alimentar a su población. Y esa capacidad depende, en gran medida, del trabajo de quienes siembran, riegan, cosechan y transportan cada alimento que llega a las mesas.
El agricultor mexicano no pide privilegios, queda claro su carácter fuerte que se crece ante las condiciones que se han expuestos. Pide sí, condiciones para producir: precios justos, infraestructura funcional, acceso al crédito, atención a riesgos climáticos y políticas que miren más allá del ciclo electoral.
Como lectores, consumidores y ciudadanos, vale la pena hacernos algunas preguntas incómodas:
¿Somos conscientes del valor real del trabajo agrícola o solo recordamos al campo cuando hay bloqueos?
¿Queremos un país que dependa de importaciones para alimentarse?
¿Estamos dispuestos a exigir a nuestros representantes políticas que de verdad fortalezcan al sector primario?
El campo no es un sector más: es un tema de seguridad nacional.
Fortalecerlo no es un lujo ni un gesto político: es una inversión para el futuro del país y con él su verdadero desarrollo.
Si México quiere construir soberanía alimentaria, desarrollo rural y estabilidad social, debe dejar de ver al agricultor como un actor periférico. Es tiempo de reconocerlo como lo que siempre ha sido: uno de los pilares centrales de nuestra nación.
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