Vía Xinhua News Agency
El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, luego de que el organismo anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano recordó en un comunicado que la República Bolivariana fue el primer Estado del continente en ratificar el Estatuto de Roma, y afirmó haber mantenido un “firme compromiso” con los mecanismos de cooperación.
Según Caracas, el proceso impulsado por la Fiscalía “no encaja” en los supuestos previstos por el propio Estatuto y responde a una “agenda anti Venezuela” promovida por centros de poder externos.
El comunicado sostiene que es evidente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad y asegura que así ha sido demostrado en instancias nacionales e internacionales.
El texto señala que Venezuela suscribió con la Fiscalía dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta destinados a fortalecer las capacidades nacionales de justicia y derechos humanos, compromisos que incluían la instalación y funcionamiento de una oficina de asistencia técnica.
Sin embargo, el Gobierno denunció que la Fiscalía “nunca designó personal” para esa oficina ni aportó recomendaciones a las iniciativas venezolanas, lo que califica como una falta de cooperación que luego se intenta usar para “instrumentalizar la justicia con fines políticos”.
