El INE ante el desafío de recuperar la confianza

Opinión de Israel Díaz Arriaga

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La legitimidad de una autoridad electoral no depende únicamente de organizar elecciones, sino de demostrar que sus decisiones, sus recursos y sus integrantes están sujetos al escrutinio público.

INE

Las instituciones democráticas no son infalibles. Su fortaleza no consiste en permanecer ajenas a los cuestionamientos, sino en contar con mecanismos para reconocer sus errores, investigar posibles irregularidades y corregir aquello que comprometa su funcionamiento. En una democracia, la confianza no es un patrimonio que una institución adquiere para siempre; es una relación que debe construirse y renovarse todos los días.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta hoy uno de esos momentos en los que su credibilidad institucional adquiere una importancia particular. La salida anunciada de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas y los cambios en algunas de sus áreas directivas han colocado al organismo en un escenario que demanda algo más que garantizar la continuidad de sus funciones: exige demostrar que está dispuesto a rendir cuentas.

No se trata de anticipar responsabilidades ni de convertir señalamientos en sentencias. Las investigaciones deben desarrollarse conforme a derecho, con respeto al debido proceso y sin juicios anticipados. Pero tampoco sería conveniente que la prudencia institucional se confundiera con silencio, opacidad o falta de explicaciones.

El pasado 27 de octubre, las diez consejerías electorales anunciaron una etapa de transición sustentada en la colegialidad, la transparencia y la continuidad institucional. También informaron sobre la revisión de cargos directivos, las renuncias de titulares de algunas áreas y la colaboración con las instancias competentes para investigar posibles conductas indebidas. Son decisiones relevantes, pero su verdadero alcance dependerá de que se traduzcan en resultados públicos y verificables. Porque aquí está el punto central: el INE no puede limitarse a pedir confianza; necesita ofrecer razones suficientes para merecerla.

La relevancia de este desafío se comprende mejor cuando observamos los datos. De acuerdo con el informe Latinobarómetro 2026, el 53 por ciento de los mexicanos manifestó tener mucha o algo de confianza en el INE. La cifra coloca a México por encima del promedio latinoamericano, que fue de 34 por ciento. Es un dato que muestra que existe un capital de confianza que vale la pena preservar, pero también que casi la mitad de la población no expresa ese mismo nivel de confianza en su autoridad electoral.

El desafío, por tanto, no consiste en presentar una institución completamente desacreditada, porque los datos no sostienen esa afirmación. Consiste en evitar que una coyuntura institucional erosione la confianza que todavía existe y en construir condiciones para ampliarla.

En este contexto, la rendición de cuentas debe dejar de entenderse como una obligación meramente administrativa. Es, ante todo, una herramienta de legitimidad democrática.

¿Qué tendría que hacer el INE? En primer lugar, transparentar de manera accesible y oportuna los procedimientos de contratación, las licitaciones, los contratos, los convenios modificatorios, los proveedores, los montos ejercidos y los entregables correspondientes. No basta con publicar documentos que únicamente especialistas puedan interpretar. La información debe ser comprensible, consultable y permitir que cualquier ciudadano conozca cómo se utilizan los recursos públicos.

En segundo lugar, debe informar periódicamente sobre el avance de las investigaciones y revisiones administrativas, respetando las reservas legales y la presunción de inocencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se investiga, qué instancia es responsable, cuáles son los plazos y qué medidas institucionales se han adoptado. La transparencia no significa vulnerar el debido proceso, sino evitar que la falta de información alimente la incertidumbre.

En tercer lugar, resulta indispensable fortalecer la colegialidad del Consejo General. La conducción de una institución de esta naturaleza no puede descansar en la voluntad de una sola persona ni en acuerdos construidos al margen de la deliberación plural. La independencia institucional también se demuestra mediante decisiones colegiadas, argumentos públicos y contrapesos efectivos.

Finalmente, la renovación de la presidencia del Instituto debe convertirse en una oportunidad para establecer reglas claras, procedimientos transparentes y criterios verificables de selección. La legitimidad de quien encabece el organismo no dependerá exclusivamente de cumplir los requisitos legales, sino también de que el procedimiento genere certeza sobre su imparcialidad y autonomía.

Todo esto importa porque el INE no es una institución cualquiera. Es uno de los componentes fundamentales del sistema democrático mexicano. Su responsabilidad no termina el día de la jornada electoral: también consiste en generar condiciones para que los resultados sean aceptados, las reglas sean respetadas y las distintas fuerzas políticas reconozcan la existencia de una autoridad que no responde a intereses partidistas.

En vísperas del proceso electoral de 2027, el tiempo institucional adquiere especial relevancia. La organización de las elecciones requiere estabilidad, profesionalismo y certeza. Pero la continuidad operativa, por sí sola, no resuelve los problemas de credibilidad. Una institución puede seguir funcionando y, al mismo tiempo, necesitar una profunda revisión de sus prácticas internas.

También debemos evitar una equivocación: defender la autonomía del INE no significa justificar cualquier actuación de sus integrantes. Por el contrario, la autonomía adquiere sentido cuando está acompañada de controles, responsabilidades y transparencia. Ninguna institución pública debería utilizar su independencia como argumento para sustraerse del escrutinio ciudadano.

La democracia necesita autoridades electorales independientes, pero también responsables. Necesita instituciones capaces de organizar elecciones y, al mismo tiempo, de explicar cómo toman sus decisiones, cómo administran sus recursos y cómo responden cuando existen cuestionamientos sobre su actuación.

El INE tiene ante sí una oportunidad que no debería desperdiciar: demostrar que su fortaleza no depende de una presidencia, de un grupo de consejeros o de la defensa política de quienes consideran conveniente respaldarlo. Su fortaleza debe descansar en sus reglas, en su servicio profesional, en la integridad de sus procedimientos y en su capacidad para rendir cuentas.

Al final, la confianza ciudadana no se recupera mediante campañas de comunicación ni con declaraciones que aseguren que todo marcha con normalidad. Se recupera cuando las preguntas encuentran respuestas, cuando las irregularidades se investigan, cuando las responsabilidades se determinan y cuando las decisiones pueden ser examinadas sin restricciones injustificadas.

Porque en una democracia, la autoridad electoral no debe pedirle a la ciudadanía un acto de fe. Debe ofrecerle evidencia de que cumple con la responsabilidad que le fue encomendada. La confianza en el INE no se rescatará protegiendo su imagen, sino fortaleciendo su integridad. Y para lograrlo, la transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión: son una obligación democrática.