Aunque en México se han dado algunos pasos para descriminalizar el aborto, aún persisten tensiones entre la voluntad política, el acceso desigual a los servicios de salud y los pendientes legislativos en materia de aborto, coincidieron especialistas locales, nacionales y regionales.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, las especialistas analizaron el panorama de los derechos reproductivos en México, a invitación de la Iniciativa la*Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
Durante el encuentro, las participantes coincidieron en que el aborto es una realidad en el país y que el debate debe centrarse en garantizar condiciones dignas y seguras para quienes requieren este servicio.
Aidé García Hernández, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que la discusión no es simbólica, sino de salud pública y derechos humanos, pues las mujeres y personas con capacidad, abortan independientemente de las restricciones legales.
“La pregunta no es si ocurre. La pregunta es si el Estado va a garantizar condiciones de dignidad, salud y justicia, o si va a seguir reproduciendo desigualdades y criminalización. Este no es un debate simbólico. Es un debate de derechos y salud pública”, subrayó.
Las expertas también advirtieron que la maternidad forzada tiene efectos económicos y sociales profundos, particularmente para quienes viven en situación de pobreza.
Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, señaló que en ocho estados del país se investigan más presuntos casos de aborto que feminicidios, lo que, dijo, evidencia cómo el Estado continúa destinando recursos a criminalizar decisiones de salud mientras persisten crisis de seguridad y desigualdades.
“Cinco de esos estados —incluido Aguascalientes— ya lo han despenalizado parcialmente. Nuestra exigencia es que ser mujer no sea un motivo de riesgo en nuestro país; ni cuando salimos a la calle ni cuando tratamos de acceder a servicios de salud”, aseveró.
Además, subrayaron que el acceso al aborto en México sigue determinado por el lugar de residencia, las condiciones económicas y la posibilidad de trasladarse entre entidades. Esta situación, enfatizaron “genera realidades profundamente desiguales para niñas, adolescentes y mujeres”.
Ante este panorama, Lizeth Mejorada y Elida Caballero Cabrera, del Women’s Equality Center, coincidieron en que retirar el aborto del Código Penal permitiría garantizar su acceso como un servicio de salud, reducir el estigma y consolidar avances legislativos que podrían convertirse en referencia para América Latina.
Sacarlo del Código Penal no cambia solo el texto, “cambia la forma en que el sistema trata a quienes buscan o brindan atención”, por ello, “lo que México logre en materia legislativa puede marcar un nuevo estándar de avanzada para la región” concluyó Elida Caballero Cabrera.
