Opinión de Israel Díaz Arriaga
Cuando una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambia de rostro, el país entero debería mirar con atención. No es solo un cambio de nombres o de sillas: es una reconfiguración del máximo árbitro constitucional. Y lo que hoy se vislumbra en la Corte no es precisamente alentador.
Los nuevos ministros que tomaron protesta recientemente —en medio de aplausos del oficialismo y el silencio incómodo de la oposición— llegan con una carga pesada: más de 1,300 casos pendientes de resolución. La cifra no es menor. Son recursos, amparos, controversias constitucionales… y detrás de cada expediente, una persona, una comunidad o incluso un Estado esperando justicia.
Pero la pregunta es simple: ¿están preparados para enfrentarlo?
Porque de los nueve nuevos rostros, apenas tres tienen experiencia jurisdiccional. El resto viene del ámbito académico, político o de cargos públicos. No es que eso los descalifique automáticamente, pero en un país donde las sentencias pueden marcar el rumbo de derechos humanos, libertades individuales y políticas públicas, la falta de pericia técnica sí preocupa.
La tómbola de la justicia
El proceso que llevó a estos ministros a la Corte fue, por decir lo menos, opaco y controlado. Hubo acusaciones —fundadas— de que los exámenes para elegir a los mejores perfiles fueron un mero trámite. Lo dijo sin rodeos el senador Ricardo Anaya: “Esto fue una feria de acordeones y compadrazgos.” El sarcasmo no fue gratuito.
Para entenderlo en términos claros: no se eligió a los mejores juristas del país, sino a quienes contaban con la bendición del poder. Y eso es gravísimo.
Una Corte no puede ser una extensión del Ejecutivo ni una trinchera política. Pero todo el proceso —desde las evaluaciones, las entrevistas, hasta las renuncias anticipadas como la del exministro Zaldívar— apunta en esa dirección.
Entre la falta de experiencia y la sombra del plagio
¿Y qué decir de la credibilidad de quienes ya están en la Corte?
La ministra Yasmín Esquivel, por ejemplo, carga sobre sus hombros acusaciones documentadas de plagio académico. Su tesis de licenciatura —y luego su tesis de doctorado— fueron señaladas por copiar trabajos previos. Aunque la UNAM abrió investigaciones, el asunto quedó enterrado en una maraña legal y silencios convenientes.
¿De verdad podemos confiar en una Suprema Corte cuando uno de sus miembros no puede probar que sus propios títulos fueron obtenidos de forma legítima?
¿Quién le pone el cascabel al juez?
Otro de los grandes cambios es que ahora la Corte ya no tendrá salas especializadas. Todo se discutirá en el pleno. En papel, esto parece “más democrático”; en la práctica, puede ser un desastre operativo. Ya lo advierten expertos: habrá cuellos de botella, confusión de criterios y una posible parálisis.
Y para colmo, los nuevos ministros tienen apenas seis meses para ponerse al día con los casos pendientes. Seamos francos: no lo van a lograr. No porque no quieran, sino porque es humanamente imposible. Es como meter a un grupo de novatos a pilotar un avión en turbulencia, sin entrenamiento y exigir que aterricen en media hora.
Una justicia que se aleja del ciudadano
Lo más preocupante de todo esto no son los tecnicismos, sino el mensaje que se envía a la sociedad: que la justicia en México no es un poder autónomo, sino un instrumento político al servicio del partido en turno.
Y eso no debería darnos igual. Porque si un día eres tú quien necesita que la Corte lo proteja —ante una ley injusta, un abuso de poder o una arbitrariedad del Estado— querrás que quienes la integran sepan derecho, sean imparciales y no deban favores políticos.
¿Qué sigue?
El panorama es oscuro, pero no está cerrado. La sociedad civil, los medios y la academia tienen un papel clave: vigilar, documentar y exigir.Porque una Corte sin legitimidad no es justicia: es simulacro. Y México no puede seguir jugando con la justicia como si fuera una baraja más del poder.
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