Opinión de Israel Díaz Arriaga
La disputa entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dejado de ser únicamente un conflicto sindical. Hoy representa uno de los primeros grandes choques entre las expectativas generadas durante una campaña electoral y las restricciones que impone la realidad fiscal del Estado mexicano.
La principal demanda de la CNTE es conocida: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el retorno a un sistema solidario de pensiones que permita jubilaciones más favorables para los trabajadores de la educación. También exigen cambios en la edad de retiro, la eliminación del uso de las UMAs en diversos cálculos pensionarios y mejoras salariales sustanciales.
No se trata de una exigencia nueva. Durante años, Morena construyó buena parte de su narrativa política cuestionando las reformas estructurales aprobadas durante los gobiernos del PRI y del PAN. Entre ellas, la reforma pensionaria del ISSSTE de 2007 fue presentada reiteradamente como un ejemplo de las políticas “neoliberales” que habían perjudicado a los trabajadores del Estado.
La propia Claudia Sheinbaum, durante la campaña presidencial y dentro de los llamados “100 pasos para la transformación”, planteó revisar y mejorar las condiciones pensionarias de los trabajadores. El problema apareció cuando la candidata se convirtió en presidente.
Gobernar obliga a confrontar los números.
México enfrenta actualmente un escenario fiscal complejo. Diversos análisis presupuestarios han advertido que una parte muy importante del gasto público ya se encuentra comprometida en obligaciones ineludibles: pensiones, transferencias sociales y servicio de la deuda. Estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimaron que alrededor del 80% del gasto federal tiene algún grado de rigidez presupuestaria, dejando márgenes muy limitados para nuevas obligaciones permanentes. Asimismo, los esfuerzos de consolidación fiscal buscan reducir déficits heredados de años recientes.
En este contexto, la propia presidenta ha reconocido públicamente que regresar al esquema pensionario previo a 2007 resulta financieramente inviable. Integrantes del gobierno federal han llegado a señalar que la reconstrucción inmediata de un sistema solidario requeriría recursos equivalentes a varios billones de pesos, una cifra que rebasa ampliamente las posibilidades presupuestales actuales.
La paradoja es evidente: una fuerza política que durante años alentó la expectativa de revertir determinadas reformas hoy debe explicar por qué no puede hacerlo.
La CNTE sostiene que existe viabilidad financiera para atender sus demandas. El gobierno sostiene exactamente lo contrario. Entre ambas posiciones, los datos duros parecen acercarse más a la cautela fiscal que a la promesa política. Ninguna administración puede comprometer gastos permanentes sin una fuente permanente de financiamiento. Y las pensiones son, por definición, compromisos de muy largo plazo.
Sin embargo, reducir el problema a una discusión técnica sería insuficiente. Las promesas incumplidas tienen consecuencias sociales. Cuando un grupo recibe durante años mensajes políticos que validan sus demandas, resulta natural que interprete una victoria electoral como la antesala de su cumplimiento. Si posteriormente el gobierno afirma que no existen recursos para materializarlas, aparece una sensación de agravio que suele transformarse en movilización, protesta y conflicto.
En cierto sentido, la actual confrontación es hija de las expectativas construidas durante más de una década de oposición.
Morena encontró en diversos movimientos sociales y sindicales aliados estratégicos para cuestionar a los gobiernos anteriores. La CNTE fue uno de los actores que compartió, en distintos momentos, causas comunes con la izquierda partidista en temas educativos, laborales y de oposición a reformas impulsadas por administraciones pasadas. Aquella convergencia fortaleció políticamente a ambos actores. Hoy, sin embargo, la relación enfrenta la prueba más difícil: la transición de la protesta al ejercicio del poder.
La diferencia entre la oposición y el gobierno suele medirse en una palabra: presupuesto. Prometer es relativamente sencillo cuando no se administra la hacienda pública. Gobernar exige decidir cuáles demandas son justas, cuáles son viables y cuáles simplemente no pueden financiarse.
La historia política mexicana ofrece numerosos ejemplos de gobiernos que descubrieron demasiado tarde que las expectativas sociales son más fáciles de generar que de contener. La pregunta de fondo para la administración actual no es únicamente cómo resolver el conflicto con la CNTE, sino cómo administrar la inevitable distancia entre el discurso que llevó al poder y las limitaciones que impone la realidad económica. Porque cuando las promesas superan a los recursos, el problema deja de ser financiero y se convierte en un problema de credibilidad.
