Vía Xinhua News Agency
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el lunes el impacto del bloqueo de Washington, al recibir en La Habana a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson.
Durante el encuentro, el mandatario cubano expuso las consecuencias del recrudecimiento del cerco energético impuesto por el actual Gobierno de Estados Unidos contra la isla, principalmente en el sector energético.
Díaz-Canel calificó esa política como un “daño criminal” y advirtió sobre las amenazas de acciones aún más agresivas contra la nación caribeña.
“Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable y encontrar soluciones a las diferencias existentes”, escribió el mandatario en redes sociales.
Al término de su visita de cinco días a Cuba, Jayapal y Jackson, ambos representantes demócratas, emitieron un comunicado en el que tildaron de ilegal el bloqueo de combustible.
“Esto es un castigo colectivo cruel -efectivamente un bombardeo económico de la infraestructura del país- que ha producido daños permanentes. Debe cesar de inmediato”, señalaron.
Los congresistas aseguraron haber presenciado de primera mano las consecuencias de esa política y mencionaron bebés prematuros en incubadoras que no pueden funcionar sin electricidad, niños sin escuela por falta de combustible, pacientes oncológicos sin tratamientos, negocios cerrados y una producción de alimentos reducida a solo el 10 por ciento de las necesidades de la población cubana.
También afirmaron que escucharon una amplia variedad de voces, desde familias y líderes religiosos hasta disidentes y organizaciones de ayuda humanitaria.
“En todos los sectores hay acuerdo: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato”, subrayaron, añadiendo que no creen que la mayoría de los estadounidenses quiera que esa crueldad continúe en su nombre.
El bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de seis décadas es considerado el más prolongado de la historia contemporánea. Y ha sido condenado anualmente por la abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU.
