Opinión de Israel Díaz Arriaga
Hubo un tiempo en que el fin de una democracia tenía un rostro fácilmente reconocible: tanques en las calles, militares tomando el poder, congresos disueltos y constituciones suspendidas. Durante gran parte del siglo XX, esa fue la imagen clásica de un golpe de Estado. Hoy, el riesgo suele ser distinto.
Las democracias contemporáneas rara vez desaparecen de manera abrupta. Con frecuencia se debilitan lentamente, decisión tras decisión, reforma tras reforma y discurso tras discurso. El deterioro no siempre produce un estruendo; muchas veces avanza en silencio, hasta que los ciudadanos decubrimos que las instituciones ya no cumplen la función para la que fueron creadas.
Esta es una de las principales tesis desarrolladas por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How Democracies Die. Ellos sostienen que, en el siglo XXI, las democracias tienen más probabilidades de erosionarse desde dentro que de ser derrocadas por la fuerza. No necesariamente desaparecen porque un ejército ocupe el poder; pueden debilitarse cuando quienes llegan al gobierno mediante elecciones comienzan a modificar, poco a poco, las reglas que limitan el ejercicio del poder.
Esa afirmación invita a una reflexión incómoda: el hecho de que un gobierno haya sido elegido democráticamente no garantiza, por sí mismo, que todas sus decisiones fortalezcan la democracia.
La historia ofrece numerosos ejemplos. En distintos países, gobiernos electos han impulsado cambios que reducen la independencia judicial, debilitan a los órganos de control, limitan el pluralismo o concentran atribuciones en el Poder Ejecutivo. Cada decisión, considerada de manera aislada, puede parecer menor. El problema surge cuando todas apuntan en la misma dirección.
Las democracias no se sostienen únicamente por la celebración periódica de elecciones. También dependen de un entramado de instituciones capaces de limitar el poder, garantizar derechos y resolver conflictos conforme a reglas previamente establecidas.
Por ello, una democracia no debe evaluarse únicamente por la voluntad de la mayoría, sino también por el respeto a las minorías, la independencia de los jueces, la libertad de expresión, la existencia de organismos de control y la posibilidad real de que la oposición compita en condiciones equitativas.
Hannah Arendt advertía que el poder político necesita de la confianza de la ciudadanía para sostenerse. Esa confianza comienza a deteriorarse cuando las instituciones dejan de ser percibidas como imparciales y las decisiones públicas parecen depender más de la voluntad de las personas que de la fuerza de las reglas.
Juan Linz, uno de los grandes estudiosos de los regímenes políticos, explicó que las democracias son especialmente vulnerables cuando los actores políticos dejan de reconocer como legítimos a sus adversarios y empiezan a verlos como enemigos que deben ser excluidos del espacio público. La polarización, cuando sustituye al diálogo, debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático: la aceptación de que nadie posee el monopolio de la verdad ni de la representación ciudadana.
A ello se suma un fenómeno característico de nuestro tiempo: la normalización. Cuando un cambio institucional genera controversia, suele provocar una intensa discusión. Pero conforme surgen nuevas polémicas, la atención pública se desplaza y lo que antes parecía extraordinario comienza a percibirse como parte de la normalidad. Así, pequeñas modificaciones acumuladas pueden transformar profundamente el funcionamiento de las instituciones sin que exista un momento claramente identificable como el “fin” de la democracia.
Por eso diversos organismos internacionales no evalúan únicamente si un país celebra elecciones. También observan aspectos como la independencia judicial, la libertad de prensa, la calidad de los procesos electorales, el respeto a los derechos fundamentales, los mecanismos de rendición de cuentas y la fortaleza de los contrapesos institucionales. La experiencia comparada demuestra que el deterioro democrático suele manifestarse primero en estos indicadores antes que en la desaparición de las elecciones. El caso de Nicaragua resulta significativo en este sentido, cuando en este país se ha anunciado la terminación de elecciones.
Conviene subrayar un aspecto fundamental: este fenómeno no pertenece a una sola ideología. A lo largo de las últimas décadas han existido gobiernos de distintas orientaciones políticas que, una vez en el poder, han intentado concentrar atribuciones, debilitar controles institucionales o desacreditar a quienes ejercen funciones de vigilancia. El riesgo no depende exclusivamente de si un gobierno es de izquierda o de derecha; depende de su disposición para aceptar límites al ejercicio del poder.
Quizá la enseñanza más importante sea que la democracia no descansa únicamente en las leyes. También depende de una cultura política que valore la legalidad, el diálogo, la pluralidad y el respeto por las instituciones.
En ocasiones se piensa que defender la democracia consiste únicamente en votar cada determinado número de años. Sin embargo, una ciudadanía democrática exige mucho más: informarse, cuestionar, exigir transparencia, rechazar la descalificación sistemática del adversario y evaluar a los gobiernos con el mismo criterio, independientemente de quién ocupe el poder.
Las instituciones democráticas fueron diseñadas bajo una premisa sencilla pero profunda: ningún gobernante, por popular que sea, permanecerá para siempre. Las reglas existen precisamente para proteger a los ciudadanos cuando cambian los gobiernos y cuando quienes hoy son mayoría mañana pueden convertirse en minoría.
Tal vez por eso la pregunta que deberíamos hacernos no es si nuestra democracia desaparecerá de un día para otro. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿seríamos capaces de reconocer las señales de su deterioro mientras todavía estamos a tiempo de fortalecerla?
Porque las democracias rara vez mueren en una sola noche. Con frecuencia se debilitan lentamente, mientras sus ciudadanos, convencidos de que nada extraordinario está ocurriendo, observan cómo el poder va ocupando espacios que antes pertenecían a las instituciones. Y cuando finalmente se percibe la magnitud del cambio, recuperar lo perdido suele ser mucho más difícil que haberlo protegido desde el principio.
