Por incumplir de manera reiterada siete medidas correctivas impuestas previamente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Yucatán.
Entre las violaciones detectadas destacan la descarga de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de lodos, lo que representa un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las comunidades aledañas.
La clausura es resultado de una serie de denuncias interpuestas desde 2021 por organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas, quienes han señalado los impactos negativos de estas actividades sobre su calidad de vida.
En respuesta, la Profepa ha llevado a cabo inspecciones en diversas granjas porcícolas en municipios como Mérida, Kinchil, Tizimín, Opichén, entre otros, siendo Pecuaria Peninsular una de las instalaciones con más irregularidades detectadas.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell reconoció el papel clave de las comunidades en la obtención de esta medida. “Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona (…). Las vecinas y vecinos se han amparado, han hecho denuncias, han buscado justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó.
Tras esta decisión, la Profepa buscará que la empresa repare los daños ambientales mediante la elaboración de un estudio especializado y el seguimiento al desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.
La dependencia reiteró que la atención a los impactos de la industria porcícola en la península es una prioridad, y se comprometió a seguir trabajando para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y prevenir futuras violaciones en este sector.
