Ciudad de México / 19 de Julio.- El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas consignó que en el país hay una operación en curso que no requiere armas ni sicarios, pero que se libra con teclados, formatos y clasificaciones administrativas.
Enfatizó que esto no mata, pero borra y desaparece cifras. Se trata -dijo- en la operación de convertir un homicidio doloso —un asesinato con toda la intención— en un homicidio culposo, en un “hecho por determinar”, en cualquier categoría que no engrose la estadística que más le duele al gobierno de Morena: la de los asesinatos que su estrategia de seguridad no ha logrado frenar.
Señaló que cada mes el discurso oficial repite el mismo estribillo: la violencia baja, los homicidios disminuyen, la estrategia funciona, pero cada mes, quienes revisan los expedientes, las actas del Ministerio Público y los registros estatales encuentran la misma incomodidad: los números no cuadran con los cuerpos.
“Alito” consignó que familias que denuncian ejecuciones que terminan clasificadas como “accidentes”, además de que las fosas se abren pero los cadáveres que no aparecen en ningún reporte oficial de homicidios. Muertes violentas que, por arte de un formato burocrático, dejan de ser “dolosas” y se convierten en estadística menor, en nota a pie de página, en un expediente que nadie vuelve a mirar, agregó.
El líder nacional del PRI dijo que esto no es un error de captura y tampoco un problema de coordinación entre fiscalías, sino que es para quienes lo denuncian, una decisión y si no se puede bajar la violencia real, se baja la violencia en el papel, porque se maneja a los muertos como se maneja un presupuesto: con partidas, reclasificaciones y ajustes que, al final del trimestre, permiten presentar una gráfica descendente ante las cámaras.
Y fue más contundente: Y aquí está la verdadera gravedad del asunto, la que debería doler más que cualquier cifra: si un gobierno es capaz de ocultar a sus muertos, ¿qué tan lejos está de tolerar a —o de convivir con— quienes los mataron?
Moreno Cárdenas dijo también que la franca complicidad del gobierno de Morena con estructuras del crimen organizado no es nueva y lo que sí es nuevo, y doblemente grave, es que a esa complicidad se sume el ocultamiento administrativo de las víctimas. Es una traición doble: primero se falla en proteger la vida; después se falla, deliberadamente, en reconocer la muerte.
Manifestó incluso que un pueblo que entierra a sus muertos merece, como mínimo, que el Estado los cuente y que no los use como insumo de una narrativa de éxito y que el dolor de una familia no se convierta en una cifra que estorba y que, por lo tanto, hay que maquillar.
“Cuando el aparato de gobierno decide qué muerte “cuenta” y cuál no, no está haciendo estadística: está decidiendo, de facto, qué vidas importaron y cuáles pueden desaparecer dos veces —una a manos del crimen, otra a manos del escritorio, manifestó.
Finalmente dijo que la exigencia no sólo es que bajen los homicidios, sino primero que se cuenten todos y que las fiscalías estatales y la federal homologuen criterios de clasificación bajo supervisión independiente, porque mientras eso no ocurra, cualquier gráfica que muestre una “baja en fallecimientos” debe leerse con la sospecha que merece.
