Por Fabiola Ayala
- Dos de cada tres tomates que se consumen en EUA, son mexicanos; será el consumidor quien pague el costo.
La decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de cancelar el Acuerdo de Suspensión del Dumping del Tomate con México marca no solo el fin de un instrumento técnico-comercial, sino el inicio de una etapa de incertidumbre que amenaza con fracturar una de las cadenas agroalimentarias más exitosas de América del Norte.
El impacto no se limitará al campo sinaloense o a las zonas agrícolas del Bajío; alcanzará los bolsillos de millones de consumidores estadounidenses que, sin saberlo, serán quienes paguen los costos reales de esta decisión.
Durante más de dos décadas, el acuerdo funcionó como un mecanismo de equilibrio: garantizaba precios justos, evitaba litigios comerciales, protegía al productor mexicano de prácticas restrictivas y ofrecía al consumidor estadounidense una oferta constante, variada y asequible de tomates frescos.
En términos simples: dos de cada tres tomates que se comen en EE.UU. son mexicanos. Pero ahora, con un arancel del 17.09 % vigente, el resultado inmediato será un aumento de precios estimado en hasta 52 %, según estudios de la Universidad Estatal de Arizona. Peor aún: este encarecimiento se notará más durante el invierno, cuando la producción local estadounidense disminuye.
El golpe no solo será financiero. Más de 47 mil empleos relacionados con la distribución, logística y servicios alimentarios podrían desaparecer en EE.UU. por la contracción de las importaciones mexicanas.
Y en México, el tomate representa una industria vital: 350 mil jornaleros agrícolas y cerca de un millón de empleos indirectos dependen de esta actividad. El flujo comercial de más de tres mil millones de dólares entre ambos países se verá trastocado, en un momento donde la integración económica debería fortalecerse, no fracturarse.
Las razones detrás de esta ruptura están más relacionadas con presiones políticas locales que con evidencias técnicas. Florida ha sido el actor más insistente en revivir la narrativa del dumping mexicano, aunque sus verdaderos problemas —como la urbanización, los huracanes y la falta de mano de obra— no se resuelven con aranceles. Irónicamente, muchas de sus propias empresas han invertido en agricultura protegida en México, aprovechando las ventajas que hoy critican.
La conclusión es clara: eliminar el acuerdo no protegerá al productor estadounidense ni corregirá fallas estructurales de su modelo agrícola. En cambio, dañará a una industria moderna y eficiente que ha sabido adaptarse a las exigencias de un consumidor cada vez más informado. El tomate mexicano no es el enemigo. Es parte de una red de cooperación binacional que garantiza acceso a alimentos frescos, seguros y accesibles para millones de personas. Romper esa red, por razones más ideológicas que económicas, es un error que se pagará caro y pronto.
