Vía Xinhua News Agency
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a los líderes del Congreso Nacional y el Poder Judicial, lanzaron este miércoles el Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio, iniciativa que prevé una actuación coordinada y permanente entre los tres poderes con el objetivo de prevenir la violencia contra niñas y mujeres en el país.
El acuerdo reconoce que la violencia de género en el país figura como una crisis estructural que no puede ser enfrentada por acciones aisladas, por lo que se lanzará también una campaña bajo el concepto “Todos Juntos por Todas” para convocar a la sociedad a asumir un papel activo contra la violencia.
Lula da Silva resaltó en su discurso la importancia de la iniciativa, y convocó a todos los brasileños, en especial los hombres, a sumarse a esa lucha.
“Es inaceptable que las mujeres continúen siendo golpeadas y asesinadas todos los días bajo la mirada de una sociedad que peca por omisión. Que calla ante escenas cotidianas de abuso y violencia”, resaltó.
“Luchar contra el feminicidio, y todas las formas de violencia contra las mujeres, debe ser responsabilidad de toda la sociedad.
Pero, principalmente, y especialmente, de los hombres. No basta con no ser un agresor, también es necesario luchar para que no haya más agresiones. Cada hombre de este país tiene una misión que cumplir”, señaló el mandatario.
Según datos oficiales, en 2025, la Justicia brasileña juzgó, en promedio, 42 casos de feminicidio por día, totalizando 15.453 juicios, lo que representa un aumento del 17 por ciento en relación con el año anterior. En el mismo periodo se concedieron más de 621 mil medidas cautelares (medidas de protección), el equivalente a 70 por hora, según el Consejo Nacional de Justicia.
Por su parte, el servicio telefónico 180 (la Central de Atención a la Mujer coordinada por el Ministerio de las Mujeres) registró un promedio de 425 denuncias diarias en 2025.
Con el pacto, se prevé que las medidas de protección se apliquen con mayor rapidez y mejor monitoreo, permitiendo que las decisiones judiciales y asistenciales actúen de forma coordinada para atender incluso los casos de baja repercusión.
El plan de acción incluye campañas permanentes de educación y capacitación de agentes públicos para contrarrestar la cultura de la violencia, involucrando también a los hombres como parte de la solución.
Esto implica que los agresores sean responsabilizados con mayor agilidad mediante procesos más rápidos y respuestas más firmes ante el incumplimiento de medidas.
Se estableció además una atención prioritaria para mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como comunidades indígenas, negras, quilombolas (comunidades descendientes de esclavos africanos en Brasil), ancianas o habitantes de zonas remotas.
