Opinión de Israel Díaz Arriaga
En los últimos años, el discurso político internacional ha vuelto a colocar a la democracia como un valor central del orden global. Cumbres, foros y declaraciones multilaterales insisten en la necesidad de defenderla frente a amenazas autoritarias, desinformación y concentración de poder. En ese contexto, la participación de la titular del ejecutivo federal, en encuentros internacionales dedicados a la defensa de la democracia proyecta una imagen de compromiso con esos principios. Sin embargo, al contrastar esa narrativa con diversos indicadores internacionales, emerge una tensión difícil de ignorar: la brecha entre el discurso externo y la evolución interna del régimen político mexicano.
Los principales instrumentos de medición de la democracia a nivel global coinciden en señalar señales de alerta en el caso de México. El informe “Freedomin the World” ha documentado un deterioro gradual en los puntajes relacionados con derechos políticos y libertades civiles, destacando preocupaciones sobre la independencia judicial, la seguridad de periodistas y la influencia del crimen organizado en procesos políticos locales. Por su parte, el índice del Economist Intelligence Unit ha clasificado a México como una “democracia defectuosa”, subrayando debilidades en la cultura política, el funcionamiento del gobierno y la confianza en las instituciones. A su vez, los indicadores del proyecto Varieties of Democracymuestran retrocesos en dimensiones clave como la autonomía de los organismos electorales, la deliberación pública y los contrapesos institucionales.
Estos datos no implican que México haya dejado de ser una democracia, pero sí sugieren un proceso de erosión que, de no atenderse, podría profundizarse. En particular, uno de los aspectos más relevantes es la tensión constante entre el poder ejecutivo y los organismos autónomos que sobreviven. La crítica sistemática a instituciones encargadas de arbitrar elecciones, regular mercados o garantizar derechos puede debilitar su legitimidad pública y, en consecuencia, su capacidad de actuar como contrapesos efectivos. A ello se suma un clima de polarización política que dificulta la construcción de consensos y favorece la concentración de poder.
Otro indicador relevante es el entorno de libertades. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que impacta directamente en la calidad del debate público y en la rendición de cuentas. La persistencia de la violencia, combinada con niveles significativos de impunidad, limita el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Desde la perspectiva de la calidad democrática, estos factores no son marginales: constituyen el núcleo mismo de lo que define a un sistema como democrático.
En este contexto, la participación de México en cumbres internacionales sobre la defensa de la democracia adquiere un carácter paradójico. Por un lado, es legítimo —e incluso deseable— que el país contribuya al debate global y promueva principios democráticos. Por otro, la credibilidad de ese liderazgo depende en gran medida de la coherencia entre el discurso externo y la práctica interna. Cuando los indicadores internacionales apuntan a retrocesos o estancamientos, la narrativa de defensa democrática corre el riesgo de percibirse como retórica más que como compromiso sustantivo.
La paradoja no es exclusiva de México; numerosos países enfrentan tensiones similares entre su política exterior y su realidad doméstica. Sin embargo, en el caso mexicano, esta contradicción resulta particularmente visible debido a la centralidad que el discurso gubernamental ha otorgado a la legitimidad popular y al mandato democrático. La apelación constante al respaldo electoral, si bien relevante, no sustituye la necesidad de fortalecer instituciones, garantizar derechos y asegurar la existencia de contrapesos efectivos.
De ahí que la reflexión de fondo no deba centrarse únicamente en la participación internacional, sino en las prioridades internas. La consolidación democrática es un proceso continuo que exige atención permanente: fortalecer la independencia judicial, garantizar la autonomía de los órganos reguladores, proteger la libertad de expresión y mejorar la seguridad son tareas que no admiten postergación. Sin estos elementos, cualquier discurso en defensa de la democracia en el ámbito internacional pierde consistencia.
La pregunta que queda abierta es incómoda pero necesaria: ¿puede un gobierno erigirse como defensor de la democracia en el escenario global mientras enfrenta cuestionamientos sobre su calidad democrática interna? La respuesta no es binaria, pero sí exige coherencia. Más que renunciar a la participación internacional, el desafío para México radica en alinear su política exterior con una estrategia sólida de fortalecimiento institucional en el ámbito doméstico.
En última instancia, la legitimidad de la voz mexicana en el concierto internacional no dependerá únicamente de sus declaraciones, sino de su capacidad para demostrar, con hechos, que la democracia que defiende fuera de sus fronteras es la misma que cultiva y protege dentro de ellas. Solo entonces la paradoja dejará de ser tal y se convertirá en una narrativa de congruencia y liderazgo auténtico.
