Opinión de Israel Díaz Arriaga
Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en la necesidad de defender la soberanía nacional frente a lo que considera presiones externas, particularmente ante la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al Senador Enrique Inzunza y otros servidores públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado. El llamado no es menor: se convoca al pueblo mexicano a cerrar filas frente a lo que se presenta como un intento de injerencia extranjera. Sin embargo, más allá de la retórica, cabe preguntarse si este discurso resiste el contraste con la realidad política, institucional y territorial del país.
Para entender el trasfondo, es indispensable situar la compleja relación entre México y Estados Unidos. Se trata de un vínculo profundamente asimétrico, marcado por una intensa interdependencia económica —con el T-MEC como eje articulador—, una agenda compartida en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, y una historia larga de tensiones políticas. En este contexto, las solicitudes de extradición no son excepcionales, sino parte de los mecanismos de cooperación bilateral, aunque no por ello dejan de generar fricciones cuando tocan fibras sensibles del poder político interno.
Ahora bien, tampoco puede ignorarse el carácter históricamente injerencista de Estados Unidos, no solo en México sino en diversas regiones del mundo. Desde intervenciones abiertas hasta presiones diplomáticas o judiciales, la política exterior estadounidense ha privilegiado, en múltiples ocasiones, la defensa de sus intereses estratégicos por encima del respeto irrestricto a la soberanía de otros Estados. En ese sentido, la sospecha frente a sus acciones no es infundada.
No obstante, el problema central no radica únicamente en la actuación de Washington, sino en la consistencia del propio Estado mexicano. ¿Es eficaz convocar a la defensa de la soberanía cuando, en los hechos, las instituciones nacionales muestran debilidad para ejercerla? El anuncio de la Fiscalía General de la República de iniciar investigaciones contra los funcionarios señalados por Estados Unidos podría interpretarse como un acto de afirmación soberana. Pero también abre una interrogante incómoda: ¿por qué dichas investigaciones no se emprendieron antes, pese a los múltiples señalamientos acumulados durante años? La reacción parece más una respuesta a la presión externa que una expresión de autonomía institucional.
Este punto es crucial. La soberanía no se defiende únicamente con discursos, sino con la capacidad efectiva de un Estado para hacer valer la ley dentro de su territorio. Y ahí es donde el diagnóstico se vuelve preocupante. En amplias zonas del país —Michoacán y Guerrero, regiones de Sinaloa, Oaxaca, Chiapas o el sur del Estado de México— la presencia del Estado es fragmentaria o, en algunos casos, prácticamente inexistente. En esos espacios, son grupos del crimen organizado quienes imponen reglas, controlan economías locales, disputan la autoridad y hasta imponen candidaturas para los cargos de elección popular. Hablar de soberanía en abstracto pierde sentido cuando el Estado no ejerce plenamente su poder soberano en su propia geografía.
A ello se suma la controversia en torno a la reciente entrega de capos del narcotráfico a Estados Unidos. Existen dudas razonables sobre si estos procesos se ajustaron estrictamente a los procedimientos de extradición o si, en la práctica, se trató de expulsiones que podrían vulnerar derechos humanos. Si esto último fuera cierto, se estaría frente a una paradoja: en nombre de la cooperación internacional se debilitan principios del Estado de derecho que, en teoría, se busca defender.
Diversos internacionalistas han sostenido que los estándares probatorios para proceder a una extradición no requieren un nivel exhaustivo de acreditación de culpabilidad, sino indicios razonables que justifiquen el proceso judicial en el país requirente. Desde esta perspectiva, exigir pruebas excesivas puede interpretarse menos como una defensa jurídica de la soberanía y más como una estrategia política. En ciertos discursos, esta postura se inscribe en una narrativa ideológica que busca confrontar al “imperio” estadounidense, pero que en la práctica podría traducirse en obstáculos para la procuración de justicia.
Así, la pregunta de fondo permanece: ¿se está defendiendo la soberanía o se está instrumentalizando como bandera política? Cuando las instituciones nacionales no investigan de manera oportuna, cuando amplias regiones del país escapan al control estatal y cuando la cooperación internacional se maneja con ambigüedades, el discurso soberanista corre el riesgo de vaciarse de contenido.
Paradójicamente, si hay una defensa real de la soberanía, esta no proviene necesariamente desde el poder político, sino desde la sociedad. Son las madres y padres de familia que trabajan con honestidad, los campesinos que continúan labrando la tierra pese a la violencia, los empresarios que resisten la extorsión y la incertidumbre, las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. En ellos se encarna una forma cotidiana y silenciosa de sostener al país frente a la adversidad. Como siempre el gobierno de México le queda corto a la grandeza del pueblo mexicano cuyo espíritu estoico lo mantiene a pie frente a la adversidad.
El llamado presidencial a defender la soberanía nacional, en este contexto, resulta en buena medida retórico. Sin una transformación profunda de las capacidades del Estado, sin una estrategia coherente que articule política interior y exterior, y sin un compromiso real con el Estado de derecho, la defensa de la soberanía seguirá siendo más una aspiración que una realidad. Una utopía, en el sentido más estricto del término.
