Opinión de Israel Díaz Arriaga
En México existe un consenso prácticamente unánime: el sistema de justicia arrastra un rezago profundo. Lo padecen quienes esperan una pensión, las víctimas de delitos, las empresas atrapadas en litigios interminables y los ciudadanos que enfrentan juicios familiares o mercantiles que duran años. La justicia lenta termina siendo injusticia. Y los datos duros así lo confirman.
Tal como da cuenta el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que durante 2024 ingresaron más de 1.5 millones de asuntos a órganos jurisdiccionales federales y más de 2.1 millones a tribunales estatales.
A ello se suma un rezago creciente de causas pendientes y una evidente saturación estructural. México, además, tiene apenas alrededor de 3.38 jueces por cada 100 mil habitantes, muy lejos de países como Alemania o España.
La crisis, por tanto, es real. Negarla sería irresponsable. El Poder Judicial mexicano necesita cambios profundos: modernización tecnológica, mayor transparencia, combate al nepotismo, evaluación de desempeño y una política seria de acceso a la justicia. Sin embargo, reconocer la enfermedad no significa aceptar cualquier remedio.
Ese es precisamente el centro del debate que hoy rodea a la llamada reforma judicial y a las nuevas iniciativas impulsadas para corregir sus propias deficiencias.
Paradójicamente, muchas de las observaciones que hoy intenta corregir el oficialismo fueron advertidas desde el principio por especialistas, universidades y organizaciones civiles. Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizaciones como México Evalúa y diversos colegios de abogados alertaron sobre riesgos concretos: improvisación en los perfiles, debilitamiento de la carrera judicial, politización de los juzgadores y pérdida de capacidades técnicas dentro de la Suprema Corte.No eran advertencias ideológicas. Eran observaciones técnicas.
La experiencia de los primeros ejercicios derivados de la reforma terminó exhibiendo varios de esos problemas. Incluso medios internacionales y nacionales han documentado que el propio gobierno federal ahora busca “corregir” aspectos centrales del diseño original: endurecer filtros técnicos, replantear la logística electoral, simplificar boletas y recuperar mecanismos que habían sido eliminados.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el regreso de las salas en la Suprema Corte.
Cuando se impulsó la reforma original, se eliminó el funcionamiento tradicional de las salas bajo el argumento de simplificar la operación del máximo tribunal. Sin embargo, la práctica mostró rápidamente una sobrecarga de trabajo para el Pleno y dificultades operativas que afectaban la capacidad de resolución. Hoy, la nueva iniciativa propone reinstalarlas —aunque bajo otra denominación— reconociendo implícitamente que aquella decisión fue equivocada.
No es un asunto menor. Las salas permitían especialización, distribución de cargas y análisis técnico diferenciado. Suprimirlas pudo sonar políticamente atractivo bajo una narrativa de austeridad y simplificación, pero la realidad institucional terminó imponiéndose.
La pregunta inevitable es: ¿ cuántas otras decisiones fueron tomadas sin suficiente deliberación técnica?
Algo similar ocurrió con la selección de perfiles para cargos jurisdiccionales. Desde el inicio, especialistas señalaron que la elección popular de jueces y ministros podía terminar privilegiando popularidad, cercanía política o capacidad de movilización sobre experiencia jurídica y carrera judicial. Hoy, incluso dentro de las propuestas de corrección, se reconoce la necesidad de filtros más rigurosos, entrevistas especializadas y evaluación técnica.En otras palabras: la propia realidad obligó a reconocer que no basta con abrir candidaturas; se requiere garantizar perfiles idóneos.
Porque un juez no es un influencer ni un operador político. Un juez interpreta la Constitución, define libertades, protege derechos patrimoniales, decide sobre inversiones multimillonarias y puede alterar la vida de una persona con una sola sentencia. La preparación técnica no es un lujo elitista: es una garantía para el ciudadano.
El problema de fondo es que en México muchas reformas estructurales terminan construyéndose bajo lógicas de coyuntura política y no bajo diagnósticos institucionales de largo plazo. El Poder Judicial ciertamente requería transformaciones, pero una transformación seria exige planeación, gradualidad y capacidad de autocorrección basada en evidencia.
No basta con señalar que existe corrupción o lentitud judicial —problemas reales— para concluir automáticamente que cualquier cambio será mejor.
La historia mexicana ofrece demasiados ejemplos de reformas apresuradas que después generan consecuencias costosas. Y en materia judicial, esas consecuencias no las pagan los políticos que impulsan las reformas desde la tribuna; las paga el ciudadano común.
Las paga la mujer que espera una sentencia alimentaria. Las paga el empresario que deja de invertir porque no tiene certeza jurídica. Las paga la víctima que observa cómo un proceso penal se prolonga indefinidamente. Las paga el trabajador que espera años para ganar un juicio laboral. Las paga incluso el propio Estado cuando pierde confianza institucional frente a inversionistas nacionales e internacionales.
Por eso preocupa que algunas discusiones públicas sobre el Poder Judicial se desarrollen bajo consignas simplistas: “el pueblo contra los jueces”, “lademocratización absoluta” o “la Corte como enemigo político”. Las instituciones judiciales no pueden diseñarse desde el enojo ni desde la revancha política.
Deben construirse pensando en estabilidad, equilibrio y eficacia. La justicia necesita legitimidad democrática, sí. Pero también independencia, técnica y profesionalización. Una democracia madura no enfrenta ambos conceptos; los complementa.
El desafío real consiste en encontrar un modelo que permita combatir privilegios y corrupción sin destruir capacidades institucionales acumuladas durante décadas. Y eso exige algo que frecuentemente escasea en la política mexicana: humildad técnica.
La nueva discusión sobre ajustes y correcciones a la reforma judicial debería ser una oportunidad para reconocer que los especialistas tenían razón en varios puntos.
Escuchar a universidades públicas, barras de abogados, organismos ciudadanos y expertos comparados no debilita la democracia; la fortalece. Porque cuando las reformas se construyen desde la evidencia, el ciudadano gana.
Pero cuando se edifican desde la improvisación o la lógica electoral, el país entero termina pagando el costo.
La justicia mexicana necesita una transformación profunda. Pero precisamente por eso no puede reformarse a la ligera. Ni por ocurrencias. Ni por impulsos políticos pasajeros. Un mal diseño institucional puede durar décadas. Y un sistema judicial mal diseñado termina afectando algo mucho más importante que la política: la vida cotidiana de millones de mexicanos.
