Opinión de Israel Díaz Arriaga
El caso de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada nunca ha sido únicamente una historia de narcotráfico. Desde el 25 de julio de 2024 se convirtió también en una prueba para medir la capacidad del Estado mexicano de conocer, investigar y explicar un hecho que ocurrió, al menos en parte, dentro de su territorio.
Dos años después, el debate ya no gira solamente alrededor de quién engañó a quién o de cuál fue la participación de los distintos actores criminales. Hoy la atención se concentra en otro elemento: el piloto de la aeronave utilizada para sacar a Zambada de México, su posterior detención en territorio nacional, su extradición a Estados Unidos y las sucesivas declaraciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, muchas de ellas difíciles de conciliar entre sí.
La primera versión oficial conocida en julio de 2024 apuntaba a que el Gobierno de México no había participado en el operativo y que tampoco había sido informado previamente de su ejecución. Posteriormente surgieron declaraciones del entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien sostuvo que no se trató de una operación del gobierno de Estados Unidos y resumió su postura con una frase que se volvió emblemática: “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.
Con el paso de los meses esa explicación comenzó a enfrentar nuevos cuestionamientos.
La Fiscalía General de la República abrió investigaciones para determinar cómo una aeronave pudo abandonar territorio nacional sin que las autoridades mexicanas tuvieran control efectivo sobre los acontecimientos. Paralelamente, el gobierno federal empezó a insistir en que existían omisiones e información incompleta proporcionada por las autoridades estadounidenses respecto al desarrollo del operativo.
Sin embargo, el episodio que probablemente modificó con mayor fuerza la narrativa ocurrió cuando se conoció la identidad del piloto señalado de haber conducido la aeronave. Distintas investigaciones periodísticas señalaron que dicho piloto fue detenido posteriormente en México por otros delitos, permaneció bajo custodia de autoridades nacionales y terminó siendo extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos y se declaró culpable de narcotráfico.
Ese dato abrió una pregunta inevitable.
Si el piloto era una pieza clave para reconstruir uno de los episodios más delicados de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿por qué la investigación mexicana no logró, o no pudo, esclarecer completamente su participación antes de que fuera puesto a disposición de las autoridades estadounidenses?
No existe evidencia pública suficiente para concluir que la extradición haya sido ilegal o irregular. Tampoco puede afirmarse, sin pruebas, que existiera una intención deliberada de impedir que declarara ante autoridades mexicanas. Pero sí resulta válido preguntarse si el Estado mexicano agotó todas las líneas de investigación disponibles mientras esa persona permanecía bajo su jurisdicción.
Más recientemente, el propio gobierno federal elevó el tono de sus señalamientos.
La administración de Claudia Sheinbaum sostuvo que la información entregada por agencias estadounidenses era insuficiente y presentó una cronología oficial en la que destacó inconsistencias relacionadas con la aeronave utilizada, el piloto, el apagado del localizador y la utilización de una matrícula aparentemente clonada. Además, cuestionó que México no hubiera podido inspeccionar directamente la aeronave ni acceder plenamente a diversas diligencias realizadas en Estados Unidos.
La controversia aumentó cuando diversos reportes revelaron que el avión utilizado en el traslado era exhibido en una instalación vinculada al FBI como parte de la historia del operativo. Esa circunstancia pareció contrastar con las declaraciones iniciales de autoridades estadounidenses que negaban haber participado operacionalmente en la captura. A partir de ello, el gobierno mexicano endureció sus cuestionamientos y volvió a colocar sobre la mesa el tema de la soberanía nacional.
No obstante, el problema de fondo quizá no radique únicamente en las contradicciones estadounidenses.
También debe analizarse la evolución del discurso mexicano.
Durante meses, la narrativa oficial transitó desde reconocer que se desconocían los hechos, hacia exigir información, posteriormente denunciar posibles inconsistencias y finalmente sostener que existieron elementos suficientes para poner en duda la versión originalmente ofrecida por Washington. Esa evolución puede ser consecuencia natural de una investigación en desarrollo. Pero también refleja que el Estado mexicano fue reconstruyendo los acontecimientos conforme aparecían nuevas evidencias, muchas de ellas generadas fuera de su propio sistema institucional.
Ese detalle tiene profundas implicaciones.
Un Estado demuestra fortaleza no sólo cuando captura delincuentes, sino cuando controla la información sobre hechos ocurridos dentro de su territorio, preserva evidencia, identifica responsabilidades y ofrece a la sociedad una narrativa sustentada en pruebas propias.
En este caso ocurrió lo contrario.
Durante buena parte de la investigación, los principales elementos fueron apareciendo a través de cartas del propio Zambada, declaraciones de funcionarios estadounidenses, investigaciones periodísticas y actuaciones judiciales realizadas en otro país. México, en numerosas ocasiones, pareció reaccionar a información producida por terceros más que conducir directamente el esclarecimiento de los hechos.
Naturalmente, ello no significa que las autoridades mexicanas carezcan de competencia o voluntad para investigar. Tampoco implica que Estados Unidos haya actuado necesariamente al margen de toda legalidad. Lo que sí pone de relieve es la enorme asimetría institucional que existe cuando una investigación depende, en buena medida, de la cooperación de otro Estado que controla pruebas, testigos, aeronaves y personas sujetas a proceso.
Esa es quizá la reflexión más importante.
La verdadera discusión ya no consiste únicamente en saber quién pilotó un avión o quién organizó un operativo. La pregunta de fondo es si México tuvo realmente la capacidad de dirigir la investigación sobre un hecho ocurrido parcialmente en su propio territorio o si terminó reconstruyendo los acontecimientos conforme otras autoridades decidían revelar la información.
En una democracia constitucional, la soberanía no se mide solamente por las declaraciones políticas. También se mide por la capacidad efectiva de investigar, acceder a la evidencia, ejercer jurisdicción sobre los responsables y ofrecer certeza jurídica a la sociedad.
Cuando las versiones cambian constantemente, cuando las piezas centrales del caso terminan fuera del alcance de las autoridades nacionales y cuando las respuestas dependen de expedientes eLa certeza del discurso oficial, el caso de la extracción del Mayo Zambada
El caso de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada nunca ha sido únicamente una historia de narcotráfico. Desde el 25 de julio de 2024 se convirtió también en una prueba para medir la capacidad del Estado mexicano de conocer, investigar y explicar un hecho que ocurrió, al menos en parte, dentro de su territorio.
Dos años después, el debate ya no gira solamente alrededor de quién engañó a quién o de cuál fue la participación de los distintos actores criminales. Hoy la atención se concentra en otro elemento: el piloto de la aeronave utilizada para sacar a Zambada de México, su posterior detención en territorio nacional, su extradición a Estados Unidos y las sucesivas declaraciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, muchas de ellas difíciles de conciliar entre sí.
La primera versión oficial conocida en julio de 2024 apuntaba a que el Gobierno de México no había participado en el operativo y que tampoco había sido informado previamente de su ejecución. Posteriormente surgieron declaraciones del entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien sostuvo que no se trató de una operación del gobierno de Estados Unidos y resumió su postura con una frase que se volvió emblemática: “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.
Con el paso de los meses esa explicación comenzó a enfrentar nuevos cuestionamientos.
La Fiscalía General de la República abrió investigaciones para determinar cómo una aeronave pudo abandonar territorio nacional sin que las autoridades mexicanas tuvieran control efectivo sobre los acontecimientos. Paralelamente, el gobierno federal empezó a insistir en que existían omisiones e información incompleta proporcionada por las autoridades estadounidenses respecto al desarrollo del operativo.
Sin embargo, el episodio que probablemente modificó con mayor fuerza la narrativa ocurrió cuando se conoció la identidad del piloto señalado de haber conducido la aeronave. Distintas investigaciones periodísticas señalaron que dicho piloto fue detenido posteriormente en México por otros delitos, permaneció bajo custodia de autoridades nacionales y terminó siendo extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos y se declaró culpable de narcotráfico.
Ese dato abrió una pregunta inevitable.
Si el piloto era una pieza clave para reconstruir uno de los episodios más delicados de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿por qué la investigación mexicana no logró, o no pudo, esclarecer completamente su participación antes de que fuera puesto a disposición de las autoridades estadounidenses?
No existe evidencia pública suficiente para concluir que la extradición haya sido ilegal o irregular. Tampoco puede afirmarse, sin pruebas, que existiera una intención deliberada de impedir que declarara ante autoridades mexicanas. Pero sí resulta válido preguntarse si el Estado mexicano agotó todas las líneas de investigación disponibles mientras esa persona permanecía bajo su jurisdicción.
Más recientemente, el propio gobierno federal elevó el tono de sus señalamientos.
La administración de Claudia Sheinbaum sostuvo que la información entregada por agencias estadounidenses era insuficiente y presentó una cronología oficial en la que destacó inconsistencias relacionadas con la aeronave utilizada, el piloto, el apagado del localizador y la utilización de una matrícula aparentemente clonada. Además, cuestionó que México no hubiera podido inspeccionar directamente la aeronave ni acceder plenamente a diversas diligencias realizadas en Estados Unidos.
La controversia aumentó cuando diversos reportes revelaron que el avión utilizado en el traslado era exhibido en una instalación vinculada al FBI como parte de la historia del operativo. Esa circunstancia pareció contrastar con las declaraciones iniciales de autoridades estadounidenses que negaban haber participado operacionalmente en la captura. A partir de ello, el gobierno mexicano endureció sus cuestionamientos y volvió a colocar sobre la mesa el tema de la soberanía nacional.
No obstante, el problema de fondo quizá no radique únicamente en las contradicciones estadounidenses.
También debe analizarse la evolución del discurso mexicano.
Durante meses, la narrativa oficial transitó desde reconocer que se desconocían los hechos, hacia exigir información, posteriormente denunciar posibles inconsistencias y finalmente sostener que existieron elementos suficientes para poner en duda la versión originalmente ofrecida por Washington. Esa evolución puede ser consecuencia natural de una investigación en desarrollo. Pero también refleja que el Estado mexicano fue reconstruyendo los acontecimientos conforme aparecían nuevas evidencias, muchas de ellas generadas fuera de su propio sistema institucional.
Ese detalle tiene profundas implicaciones.
Un Estado demuestra fortaleza no sólo cuando captura delincuentes, sino cuando controla la información sobre hechos ocurridos dentro de su territorio, preserva evidencia, identifica responsabilidades y ofrece a la sociedad una narrativa sustentada en pruebas propias.
En este caso ocurrió lo contrario.
Durante buena parte de la investigación, los principales elementos fueron apareciendo a través de cartas del propio Zambada, declaraciones de funcionarios estadounidenses, investigaciones periodísticas y actuaciones judiciales realizadas en otro país. México, en numerosas ocasiones, pareció reaccionar a información producida por terceros más que conducir directamente el esclarecimiento de los hechos.
Naturalmente, ello no significa que las autoridades mexicanas carezcan de competencia o voluntad para investigar. Tampoco implica que Estados Unidos haya actuado necesariamente al margen de toda legalidad. Lo que sí pone de relieve es la enorme asimetría institucional que existe cuando una investigación depende, en buena medida, de la cooperación de otro Estado que controla pruebas, testigos, aeronaves y personas sujetas a proceso.
Esa es quizá la reflexión más importante.
La verdadera discusión ya no consiste únicamente en saber quién pilotó un avión o quién organizó un operativo. La pregunta de fondo es si México tuvo realmente la capacidad de dirigir la investigación sobre un hecho ocurrido parcialmente en su propio territorio o si terminó reconstruyendo los acontecimientos conforme otras autoridades decidían revelar la información.
En una democracia constitucional, la soberanía no se mide solamente por las declaraciones políticas. También se mide por la capacidad efectiva de investigar, acceder a la evidencia, ejercer jurisdicción sobre los responsables y ofrecer certeza jurídica a la sociedad.
Cuando las versiones cambian constantemente, cuando las piezas centrales del caso terminan fuera del alcance de las autoridades nacionales y cuando las respuestas dependen de expedientes extranjeros, el problema deja de ser únicamente un expediente penal. Se convierte en un examen sobre la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano.
