Opinión de Israel Díaz Arriaga

Cada cambio de gobierno trae consigo una promesa recurrente: ahora sí vendrán las grandes reformas que transformarán al país. Se modifican constituciones, se crean organismos, desaparecen otros, se aprueban nuevas leyes y se anuncian nuevos modelos administrativos. Sin embargo, después de varias décadas de reformas constitucionales, México sigue enfrentando problemas estructurales que parecen resistirse al cambio.

Vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿el problema de México es la falta de leyes o la debilidad de sus instituciones?

La respuesta no es sencilla, pero existe abundante evidencia internacional que apunta en una dirección clara.

Las naciones que hoy gozan de mayor prosperidad, seguridad y desarrollo no necesariamente son aquellas con el mayor número de leyes, sino aquellas donde las instituciones funcionan con estabilidad, independencia y credibilidad.

Las instituciones son mucho más que edificios públicos o dependencias gubernamentales. Son las reglas formales e informales que limitan el poder, generan confianza entre ciudadanos y autoridades, permiten resolver conflictos pacíficamente y garantizan que las decisiones públicas no dependan exclusivamente de la voluntad de quienes gobiernan.

Douglass North, Premio Nobel de Economía, sostenía que el desarrollo de un país depende, antes que de sus recursos naturales, de la calidad de sus instituciones. Cuando éstas generan certidumbre, las inversiones llegan, la economía crece y la sociedad puede planear su futuro. Cuando son débiles, aparece la discrecionalidad, la corrupción y la incertidumbre.

¿Dónde se encuentra hoy México?

Los principales indicadores internacionales muestran un panorama complejo.

El World Justice Project, que mide el Estado de Derecho en más de un centenar de países, ha ubicado durante los últimos años a México entre las naciones con mayores desafíos en materia de Estado de derecho, particularmente en corrupción, seguridad, justicia penal y límites efectivos al poder gubernamental. 

Por su parte, Freedom House, organización dedicada al estudio de la democracia y las libertades civiles, clasifica actualmente a México como un país “Parcialmente Libre”, señalando que, aunque existen elecciones competitivas y alternancia política, persisten importantes problemas relacionados con el Estado de derecho, la violencia del crimen organizado, la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional. 

No se trata de una opinión aislada.

Diversos estudios de V-Dem, uno de los proyectos académicos más importantes del mundo sobre democracia, han advertido que numerosas democracias enfrentan procesos de erosión institucional cuando disminuyen los contrapesos, se debilita la independencia judicial o se concentra excesivamente el poder político. 

Estos diagnósticos no significan que México haya dejado de ser una democracia.

Significan algo más delicado: que la calidad de nuestra democracia depende cada vez más de la fortaleza de sus instituciones y no únicamente de la celebración periódica de elecciones.

En ocasiones, el debate público mexicano parece reducirse a decidir qué institución debe desaparecer y cuál debe sustituirla. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que cambiar nombres, estructuras o leyes no garantiza mejores resultados. Una institución no vale por el edificio que ocupa ni por el número de funcionarios que la integran.

Vale por su capacidad para resolver problemas públicos con independencia, profesionalismo, transparencia y continuidad. En otras palabras, el verdadero patrimonio institucional no son las oficinas; son las personas capacitadas, los procedimientos claros, la confianza ciudadana y la certeza jurídica.

También conviene reconocer que el deterioro institucional no comenzó en un solo gobierno. México arrastra problemas históricos.

Durante décadas convivimos con elevados niveles de impunidad, corrupción, baja confianza en las autoridades, sistemas de justicia lentos, policías insuficientemente profesionalizadas y una profunda desigualdad territorial en la capacidad de los gobiernos locales.

Sería un error atribuir todos esos problemas exclusivamente a una administración, del mismo modo que sería incorrecto pensar que una sola administración podrá resolverlos.

Precisamente por ello resulta preocupante que con frecuencia la discusión pública privilegie la confrontación política por encima del fortalecimiento institucional.

Mientras unos celebran cada reforma como una transformación histórica y otros la condenan como un retroceso absoluto, pocas veces discutimos cómo mejorar la capacidad cotidiana de las instituciones para servir a los ciudadanos.

La democracia no vive únicamente en las campañas electorales. También vive cuando un ministerio público investiga con profesionalismo. Cuando un juez resuelve con independencia. Cuando una policía protege a la ciudadanía. Cuando un órgano fiscalizador revisa el gasto público sin presiones. Cuando un servidor público puede decir “no” a una instrucción ilegal. Cuando un ciudadano obtiene una respuesta transparente de su gobierno. Ahí es donde realmente se construye la confianza democrática.

Quizá la pregunta que deberíamos hacernos ya no sea cuántas reformas constitucionales necesita México.

Tal vez la pregunta correcta sea otra:

¿Qué debemos hacer para que las instituciones que ya existen funcionen mejor?

La respuesta probablemente implique invertir más en profesionalización del servicio público, fortalecer los mecanismos de evaluación, consolidar la transparencia, garantizar la independencia de quienes aplican la ley, reducir los espacios para la corrupción y fomentar una verdadera cultura de rendición de cuentas.

Nada de eso produce titulares espectaculares. No genera grandes ceremonias ni reformas constitucionales históricas.

Pero es justamente ese trabajo silencioso el que distingue a los países que logran prosperar de aquellos que permanecen atrapados en ciclos permanentes de cambio político sin transformación institucional.

Porque al final, los gobiernos cambian. Las mayorías legislativas cambian. Los partidos cambian. Las ideologías cambian.

Pero las instituciones deberían permanecer lo suficientemente sólidas para garantizar que, sin importar quién gobierne, los derechos de los ciudadanos, la aplicación de la ley y el funcionamiento del Estado sigan siendo previsibles, imparciales y confiables.

Quizá ahí se encuentra el gran desafío de México en el siglo XXI: dejar de pensar que cada problema requiere una nueva ley y comenzar a entender que el verdadero progreso depende de instituciones capaces de hacer cumplir, con eficacia y legitimidad, las leyes que ya tenemos.