Opinión de Israel Díaz Arriaga

Es fácil parecer democrático cuando todos están de acuerdo con uno, hablar de diálogo cuando nadie contradice nuestras decisiones, defender las instituciones cuando éstas nos dan la razón y celebrar la libertad de expresión cuando quienes hablan piensan como nosotros. La verdadera prueba comienza cuando alguien dice: no estoy de acuerdo.

¿Qué hace entonces un gobernante?

Esa pregunta quizá diga más sobre su vocación democrática que cualquier discurso, cualquier campaña electoral o cualquier porcentaje de popularidad. Porque gobernar democráticamente no significa conseguir que todos piensen igual. Tampoco significa que quien ocupa el poder tenga que renunciar a sus convicciones cada vez que alguien lo contradice. Significa algo más difícil: reconocer que quienes piensan distinto también tienen derecho a existir políticamente, a criticar, a cuestionar y, por supuesto, a intentar convencer a los demás. Esta es una de las grandes diferencias entre ejercer el poder y ejercerlo democráticamente.

El desacuerdo no es una amenaza en una democracia, la oposición no es un error del sistema, de hecho, es parte del sistema. Los periodistas que cuestionan al gobierno, los ciudadanos que protestan, las organizaciones que presentan críticas, los jueces que emiten resoluciones incómodas y los partidos que buscan convertirse en alternativa no deberían ser vistos, por definición, como enemigos. Pueden equivocarse. Pueden exagerar. Pueden tener intereses. Pueden incluso actuar con mala fe, pero eso no convierte automáticamente su existencia en una amenaza para el país.

Una democracia madura tiene mecanismos para debatir, responder, investigar y sancionar cuando alguien viola la ley. Lo que no necesita es eliminar al crítico para demostrar que tiene razón. Por eso resulta preocupante cuando el poder comienza a confundir sistemáticamente crítica con ataque, desacuerdo con traición y oposición con enemistad.

Un gobernante puede responder a sus críticos. Tiene derecho a defender sus decisiones y a explicar por qué considera equivocadas determinadas posturas. Lo que no debería hacer es utilizar el enorme poder político del Estado para convertir a todo aquel que discrepa en un adversario ilegítimo. Porque cuando el espacio para disentir comienza a reducirse, también comienza a reducirse la democracia.

El problema no es tener adversarios, todo gobierno los tiene; este comienza cuando se pretende que sólo una visión del país sea legítima. La democracia parte de una realidad elemental: ninguna persona, ningún partido y ningún gobierno posee por sí solo toda la verdad. Por eso existen elecciones. Por eso existen congresos. Por eso hay tribunales. Por eso hay libertad de expresión.

Si bastara con que una persona supiera siempre qué es lo correcto, no necesitaríamos discutir nada, bastaría con encontrar a esa persona y dejar que decidiera por todos, pero ésa no es la premisa de la democracia. La democracia desconfía de la concentración de poder precisamente porque reconoce que los seres humanos pueden equivocarse. Y también porque sabe que el poder, cuando no encuentra límites, suele tener dificultades para reconocer sus propios errores.

Por eso un contrapeso no es necesariamente un obstáculo, a veces es una advertencia. Una crítica no es necesariamente un ataque. En ocasiones es información que el poder necesita escuchar. Y una oposición no es necesariamente un enemigo, a veces representa a millones de ciudadanos que votaron distinto y que también forman parte del país. La democracia se pone a prueba cuando el poder pierde. Me explico a continuación.

Quizá el momento más revelador para conocer a un gobernante no sea cuando gana una elección, es cuando pierde algo, cuando un tribunal resuelve en su contra o el Congreso rechaza una propuesta; una institución independiente cuestiona una decisión; una investigación periodística revela información incómoda; una protesta llena las calles o una parte importante de la sociedad simplemente dice: no estamos de acuerdo.

¿Qué hace el poder en ese momento?  ¿Escucha? ¿Responde con argumentos? ¿Corrige si cometió un error? ¿Acepta el límite aunque no le guste? ¿O intenta desacreditar al árbitro, descalificar al crítico y convertir cualquier oposición en una conspiración? Ahí aparece la verdadera vocación democrática.

Porque respetar las reglas cuando nos benefician no es particularmente difícil, la prueba consiste en respetarlas cuando nos incomodan, gobernar no es imponer silencio, porque un gobierno fuerte no debería medirse por su capacidad para silenciar las voces incómodas sino por su capacidad para gobernar a pesar de ellas.

Ése es uno de los grandes retos de la democracia: convivir con el desacuerdo sin pretender eliminarlo. Y esa obligación no corresponde solamente a quien gobierna. También nosotros, como ciudadanos, debemos hacer nuestra parte. Con frecuencia exigimos tolerancia para nuestras opiniones, pero no toleramos las opiniones de quienes están del otro lado.

Defendemos la libertad de expresión cuando nos beneficia, pero pedimos censura cuando alguien dice algo que nos parece ofensivo. Exigimos que el gobierno escuche nuestras críticas, pero celebramos que ataque a quienes critican al gobierno que apoyamos. Entonces el problema deja de ser solamente político. Se convierte en un problema democrático de toda la sociedad.

Porque las instituciones pueden proteger el derecho a disentir, pero difícilmente podrán preservar una cultura democrática si los propios ciudadanos consideramos que quien piensa diferente merece ser expulsado de la conversación.

Tal vez deberíamos dejar de medir a nuestros gobernantes únicamente por la cantidad de personas que los aplauden. Los aplausos son importantes. El respaldo ciudadano es fundamental. Las mayorías tienen derecho a elegir a sus gobiernos.

Pero ningún aplauso sustituye una pregunta mucho más importante: ¿Qué hace un gobernante con quienes no lo aplauden? Porque cualquiera puede mostrarse tolerante frente a quien está de acuerdo. Cualquiera puede hablar de libertad cuando nadie cuestiona. Cualquiera puede defender la democracia mientras tiene el control.

La diferencia aparece cuando alguien contradice al poder. Ahí es cuando descubrimos si el gobernante entiende que la crítica forma parte de la democracia o si, en el fondo, considera que gobernar significa tener siempre la última palabra. Y quizá esta sea una de las pruebas más sencillas que podemos aplicar a cualquier gobierno, sin importar su partido, ideología o nivel de popularidad:

No preguntarnos solamente cómo trata a quienes lo apoyan, preguntarnos, sobre todo, cómo trata a quienes se atreven a decirle que está equivocado. Porque un gobernante puede tener millones de seguidores, puede ganar elecciones, puede llenar plazas, puede conservar una enorme popularidad, pero la democracia no se demuestra en medio de los aplausos.

La democracia se demuestra cuando el poder escucha una voz incómoda… y decide que esa voz también tiene derecho a hablar.