Opinión de Israel Díaz Arriaga

Hay una paradoja en la democracia que pocas veces nos detenemos a pensar.

Queremos gobiernos eficaces, pero nos molestan los controles. Queremos que las autoridades resuelvan rápido, pero nos desesperan los procedimientos. Queremos que nuestros representantes cumplan sus promesas, pero con frecuencia vemos como un obstáculo a la institución que les dice que no pueden hacerlo de determinada manera.

Y quizá ahí está uno de los mayores malentendidos de nuestro tiempo:

Las instituciones democráticas no fueron creadas para hacerle la vida fácil al poder. Fueron creadas, precisamente, para ponerle límites. Por eso necesitamos instituciones que nos incomoden, el árbitro no está para agradarnos.

Pensemos por un momento en un partido de futbol. Nadie espera que el árbitro sea popular entre los jugadores. Su trabajo no consiste en conseguir aplausos, sino en aplicar las reglas, incluso cuando una decisión perjudica al equipo que apoyamos.

Con las instituciones democráticas ocurre algo parecido: un tribunal no existe para darle la razón al gobierno; un órgano fiscalizador no existe para justificar el gasto público; un organismo electoral no existe para favorecer al partido que gobierna; un Congreso no existe para aprobar automáticamente todo lo que propone el Ejecutivo y la prensa no existe para reproducir el discurso oficial.

Su utilidad comienza precisamente cuando pueden decir que no.

El problema aparece cuando empezamos a considerar que toda institución que contradice a quienes gobiernan está actuando contra el país.

No necesariamente.

En una democracia, que una institución contradiga al poder puede ser una señal de que está cumpliendo su función porque la democracia necesita frenos y esta no se construyó sobre la confianza absoluta en quienes gobiernan.

Se construyó sobre una idea mucho más realista: quienes ejercen el poder son seres humanos y, por lo tanto, pueden equivocarse, abusar de sus facultades o utilizarlas en beneficio propio, por eso existen los contrapesos.

La división de poderes no es una complicación burocrática. Es una garantía.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una protección para los ciudadanos.

La fiscalización del gasto público no es una molestia administrativa. Es una herramienta para saber qué se hace con el dinero de todos.

La libertad de prensa no existe para que los periodistas sean populares. Existe para que puedan investigar y cuestionar al poder.

Y las instituciones electorales no existen únicamente para organizar elecciones. También deben generar condiciones para que la competencia política pueda desarrollarse bajo reglas confiables.

El principio es sencillo:

Nadie debería tener suficiente poder como para no encontrar jamás a alguien capaz de decirle que está equivocado.

El problema comienza cuando el árbitro se vuelve enemigo.

Hay una reacción que debería preocuparnos, independientemente de quién gobierne: cuando una institución falla a favor del gobierno, se celebra su decisión; cuando falla en contra, se cuestiona su legitimidad;  cuando un organismo sanciona al adversario, se habla de justicia; cuando sanciona a nuestro grupo, se habla de persecución; cuando un medio de comunicación publica una investigación que afecta al rival político, se considera periodismo; cuando publica una investigación que afecta a nuestro propio grupo, se considera ataque.

Si pensamos así, el problema no está únicamente en los políticos.

También está en nosotros.

Porque terminamos defendiendo las instituciones no por los principios que representan, sino por el resultado que producen.

Y una democracia no puede funcionar de esa manera.

Una institución independiente no puede tener como requisito que sus decisiones nos gusten.

Su obligación es que sus decisiones sean tomadas conforme a las reglas y puedan ser revisadas mediante los mecanismos correspondientes.

En este punto, vale la pena hacernos una pregunta: ¿Defenderíamos la misma institución si mañana fallara en contra de la persona que nosotros apoyamos?

Si la respuesta es sí, estamos defendiendo un principio.

Si la respuesta es no, quizá no estamos defendiendo la institución.

Estamos defendiendo nuestro interés político.

Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece.

Porque las instituciones que hoy nos incomodan pueden ser las mismas que mañana nos protejan.

El juez que hoy emite una resolución que no nos gusta puede ser mañana quien proteja nuestros derechos.

El organismo que hoy fiscaliza a un gobierno que apoyamos puede ser mañana quien descubra una irregularidad que nos perjudique.

El periodista que hoy cuestiona a un político que admiramos puede ser mañana quien revele un abuso que nadie más quiso investigar.

Por eso la democracia necesita instituciones que no dependan de nuestros aplausos.

Sin embargo, es pertinente expresar que vivimos en una época que premia las respuestas sencillas.

Un problema complejo se convierte en un mensaje de pocos segundos, una discusión institucional termina reducida a buenos contra malos, un desacuerdo jurídico se transforma en una disputa política.

Y poco a poco comenzamos a pensar que las instituciones son buenas cuando producen el resultado que queremos y malas cuando lo impiden, pero las democracias constitucionales funcionan precisamente al revés.

El valor de una regla se demuestra cuando también limita a quien tiene la mayoría, el  de un tribunal se demuestra cuando puede resolver contra el poder, el de un órgano de fiscalización se demuestra cuando puede revisar al gobierno que lo creó y el valor de la libertad de expresión se demuestra cuando permite que alguien diga algo que nos resulta profundamente incómodo.

Las instituciones no están para confirmar nuestras certezas. También están para ponerlas a prueba.

También, es necesario decir que una democracia no comienza a debilitarse únicamente cuando alguien concentra demasiado poder, comienza a debilitarse cuando los ciudadanos dejamos de considerar necesario que alguien pueda limitarlo, esto quizá sea el peligro más silencioso.

Que terminemos pensando que, si el gobernante que apoyamos tiene buenas intenciones, entonces no necesita tantos controles.

Que si obtuvo una mayoría contundente, las instituciones deberían facilitarle las cosas.

Que si tiene un amplio respaldo ciudadano, sus decisiones deberían estar por encima de las críticas.

Pero ésa es precisamente la lógica que las democracias constitucionales intentan evitar.

No necesitamos instituciones fuertes porque desconfiemos de todos los gobernantes. Necesitamos instituciones fuertes porque ningún gobernante debería estar por encima de las reglas.

Y esto no es una cuestión de izquierda o derecha.

No es una cuestión de partidos.

No depende de quién ocupa actualmente el poder.

Es una cuestión de supervivencia institucional.

El día que las necesitemos quizá la mejor manera de entender el valor de una institución sea imaginar que algún día vamos a necesitarla.

Imaginemos que un gobierno que no nos gusta intenta limitar una libertad que consideramos fundamental.

¿A quién recurriremos?

A una institución.

Imaginemos que somos víctimas de una injusticia.

¿A quién acudiremos?

A un juez.

Imaginemos que nuestros impuestos están siendo utilizados de manera irregular.

¿Quién debería investigarlo?

Una institución de fiscalización.

Imaginemos que una elección es cuestionada.

¿Quién debe resolverlo conforme a las reglas?

Las instituciones electorales y los tribunales competentes.

Entonces quizá descubramos algo que hoy olvidamos con demasiada facilidad: las instituciones no son propiedad de los gobiernos. Son patrimonio de los ciudadanos.

Y por eso no deberíamos defenderlas solamente cuando protegen nuestras posiciones, deberíamos defenderlas precisamente cuando nos incomodan. Porque una institución que jamás contradice al poder puede ser muy cómoda, pero una institución que puede decirle “no” al poder, aunque ese “no” nos disguste, puede ser una de las mejores garantías de nuestra libertad.

Al final, la pregunta no debería ser:

“¿Esta institución está de acuerdo conmigo?”

Deberíamos preguntarnos:

“¿Esta institución tiene la suficiente independencia para decirme que estoy equivocado?” Porque una democracia saludable no es aquella en la que todos escuchamos únicamente lo que queremos escuchar, es aquella en la que existen instituciones capaces de detener incluso a quienes nosotros elegimos. Y quizá ésa sea la verdadera razón por la que necesitamos instituciones que nos incomoden: porque el día que ninguna institución pueda decirle “no” al poder, quizá descubramos demasiado tarde que el problema nunca fueron las instituciones. El problema era que habíamos dejado de tenerlas.