Opinión de Israel Díaz Arriaga

Hay una práctica política que atraviesa fronteras, sistemas de gobierno y corrientes ideológicas: la construcción de enemigos. No es patrimonio de la derecha ni de la izquierda, tampoco una característica exclusiva de los movimientos radicales. Es un recurso que, utilizado desde el poder, puede convertirse en una herramienta para justificar decisiones, cohesionar simpatizantes y desplazar la atención de los problemas que una sociedad espera que sus gobernantes resuelvan.

La fórmula parece sencilla: dividir a la sociedad entre quienes representan el proyecto político y quienes, supuestamente, amenazan su existencia. De un lado se coloca al pueblo, la nación, la justicia o la transformación; del otro, a los adversarios, convertidos en responsables de los obstáculos, los fracasos y las dificultades colectivas.

El problema no radica en identificar responsables ni en señalar intereses que puedan perjudicar a la sociedad. Eso forma parte de la rendición de cuentas y del debate público. El problema aparece cuando la crítica deja de sustentarse en hechos y argumentos para convertirse en una narrativa permanente de confrontación, donde disentir equivale a traicionar y cuestionar al gobierno significa colocarse del lado de sus enemigos.

Esta práctica no es nueva. El jurista alemán Carl Schmitt, en su obra El concepto de lo político, desarrolló la distinción entre amigo y enemigo como una categoría fundamental de la política. Aunque su planteamiento responde a una concepción particular y controvertida del poder, permite aproximarnos a una pregunta relevante: ¿qué sucede cuando la identidad de un proyecto político necesita definirse permanentemente frente a un adversario?

En la política contemporánea, esta lógica puede adquirir diferentes expresiones. Algunos movimientos de derecha construyen sus discursos alrededor de amenazas a la identidad nacional, la seguridad, las tradiciones o determinados valores culturales. Desde otras posiciones ideológicas, particularmente en movimientos de izquierda, el adversario puede ser identificado con las élites económicas, los intereses empresariales, los grupos privilegiados o las fuerzas que supuestamente buscan impedir una transformación social.

Los contenidos son distintos, pero el mecanismo puede ser semejante: presentar la realidad como una confrontación entre dos grupos irreconciliables y atribuir a uno de ellos la representación exclusiva de los intereses colectivos.

El politólogo Jan-Werner Müller, en su libro ¿Qué es el populismo?, advierte precisamente sobre una de sus características: la pretensión de que un movimiento o liderazgo representa, por sí solo, al verdadero pueblo. Desde esta perspectiva, el adversario deja de ser un competidor legítimo y puede terminar presentado como alguien que no representa auténticamente a la sociedad.

Esta distinción es fundamental. En una democracia, los gobiernos tienen adversarios, las oposiciones cuestionan decisiones y los ciudadanos tienen derecho a expresar desacuerdos. Ninguno de estos comportamientos constituye una amenaza por sí mismo. Por el contrario, son condiciones necesarias para que el poder tenga límites y pueda ser evaluado.

Sin embargo, cuando un gobierno necesita identificar permanentemente enemigos para explicar sus dificultades, corre el riesgo de sustituir la responsabilidad pública por la confrontación política. Los resultados insuficientes pueden atribuirse a quienes gobernaron anteriormente; las críticas, a intereses particulares; las exigencias ciudadanas, a campañas de desestabilización, y los cuestionamientos institucionales, a resistencias contra el proyecto político.

Así, el debate deja de concentrarse en la eficacia de las políticas públicas, el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales y la calidad de las instituciones. La discusión se desplaza hacia la lealtad, la pertenencia y la identidad política.

Las consecuencias no son menores. Una sociedad dividida permanentemente entre aliados y enemigos tiene mayores dificultades para construir acuerdos, reconocer errores y aceptar que ninguna fuerza política posee la verdad absoluta. También se debilita la posibilidad de exigir responsabilidades sin que cada cuestionamiento sea interpretado como una agresión.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, identifican la tolerancia mutua como una de las normas fundamentales para preservar un sistema democrático. Esto significa reconocer que los adversarios políticos tienen el mismo derecho a participar, competir por el poder e incluso gobernar, siempre que respeten las reglas constitucionales. No se trata de estar de acuerdo con ellos, sino de reconocer su legitimidad.

Por eso, conviene no confundir la crítica al poder con la descalificación de quien lo ejerce, ni la defensa de una causa con la obligación de respaldar incondicionalmente a quienes dicen representarla. Una ciudadanía democrática no debería tener que elegir entre guardar silencio o convertirse en adversaria de un proyecto político.

Gobernar implica tomar decisiones, enfrentar resistencias, reconocer errores y asumir consecuencias. También significa entender que la oposición no es una anomalía del sistema, que la prensa no está obligada a convertirse en portavoz del gobierno y que la ciudadanía no pierde sus derechos por pensar diferente a quienes obtuvieron la mayoría electoral.

La construcción del enemigo puede ofrecer cohesión política inmediata, pero no sustituye la capacidad de gobernar, la calidad de las instituciones ni la obligación de rendir cuentas. Ninguna ideología, por más legítimos que considere sus propósitos, está exenta de esa responsabilidad.

Al final, la democracia no se mide por la capacidad de un gobierno para identificar a quienes considera sus adversarios, sino por su disposición a garantizar que incluso quienes lo cuestionan puedan ejercer plenamente sus derechos.

Porque una sociedad democrática no necesita pensar igual para mantenerse unida. Necesita instituciones capaces de garantizar que podamos pensar diferente sin convertirnos en enemigos.

Y quizá esa sea una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo: ¿queremos gobiernos que necesiten enemigos para justificar su permanencia o instituciones que permitan gobernar, disentir y rendir cuentas sin poner en riesgo la convivencia democrática?