Opinión de Israel Díaz Arriaga
La Montaña baja de Guerrero dejó hace tiempo de ser únicamente una de las
regiones con mayor pobreza histórica del país. Hoy es también un territorio donde
la ausencia del Estado permitió que el crimen organizado sustituyera funciones de
gobierno, controlara caminos, sembrara miedo y expulsara comunidades enteras de
sus hogares. Entre la disputa de grupos de la delincuencia organizada, los pueblos
indígenas —principalmente nahuas y mixtecos— han quedado atrapados en una
guerra que no iniciaron, pero que padecen todos los días.
Las escenas se repiten con una crudeza que México parece haber normalizado:
comunidades sitiadas, escuelas cerradas, familias desplazadas, transporte
suspendido, cosechas abandonadas y caminos rurales convertidos en corredores
de vigilancia criminal. La violencia no es solamente un problema de seguridad; es
una fractura profunda del tejido social. Cuando una comunidad indígena abandona
su territorio, no pierde únicamente viviendas o parcelas: pierde parte de su identidad
cultural, sus redes comunitarias, sus tradiciones y hasta la posibilidad de reproducir
su vida colectiva.
La tragedia de la Montaña baja no apareció de la noche a la mañana. Durante años,
distintos gobiernos —federales, estatales y municipales— permitieron que grupos
armados crecieran al amparo de la impunidad. Primero fueron vistos como
fenómenos locales; después como expresiones “contenibles” del crimen; más tarde,
como estructuras con las que convenía coexistir antes que confrontar. El resultado
de esa lógica es el que hoy se observa: organizaciones criminales capaces de
disputar territorios completos, imponer reglas sociales y desafiar abiertamente al
Estado mexicano.
La disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” refleja precisamente esa degradación
institucional. No se trata únicamente de bandas rivales; son estructuras que
encontraron en la debilidad gubernamental una oportunidad para construir podereconómico, político y territorial. Controlan rutas, extorsionan, condicionan
actividades productivas y utilizan el terror como mecanismo de dominio social. En
muchas comunidades, la población vive bajo una lógica de supervivencia: callar
para seguir viviendo.
Pero reducir el problema exclusivamente a la delincuencia organizada sería
insuficiente. La violencia prospera donde existen vacíos históricos de desarrollo. La
Montaña baja arrastra décadas de abandono: pobreza estructural, infraestructura
precaria, limitado acceso a salud, educación deficiente, escasas oportunidades
económicas y una histórica marginación indígena. Cuando el Estado llega
únicamente mediante operativos militares, pero no mediante escuelas, hospitales,
carreteras o inversión productiva, el terreno queda fértil para que actores criminales
ocupen espacios de control.
La dimensión política del problema también resulta incómoda. En diversas
ocasiones, las autoridades han optado por instalar mesas de diálogo o acuerdos
indirectos con actores vinculados a grupos criminales, bajo el argumento de
“pacificar” temporalmente las regiones. El dilema es delicado: ningún gobierno
puede ignorar una crisis humanitaria inmediata ni desentenderse de poblaciones
atrapadas por la violencia. Sin embargo, también es cierto que normalizar
negociaciones con organizaciones criminales puede terminar enviando un mensaje
peligroso: que quien acumula suficiente capacidad de violencia obtiene
reconocimiento político.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede un Estado democrático negociar
permanentemente con quienes desafían el propio Estado de derecho? La
experiencia internacional muestra que los acuerdos circunstanciales pueden reducir
tensiones momentáneas, pero difícilmente sustituyen la obligación esencial del
gobierno: recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y garantizar seguridad a la
población civil. Cuando las instituciones dejan de imponer la ley y comienzan aadministrar equilibrios entre grupos armados, el riesgo es que la autoridad termine
subordinada a quienes debería combatir.
Eso no significa apostar únicamente por una estrategia de fuerza bruta. La
militarización sin inteligencia, sin fortalecimiento ministerial y sin reconstrucción
social tampoco ha dado resultados duraderos. La alternativa real exige una política
integral: presencia permanente del Estado, investigación financiera de las redes
criminales, combate frontal a la corrupción local, protección efectiva a comunidades
indígenas y reconstrucción económica regional.
La Montaña baja necesita mucho más que despliegues temporales. Requiere
carreteras seguras, sistemas de salud funcionales, maestros que puedan
permanecer en las escuelas, proyectos productivos sostenibles y mecanismos
reales de justicia. También necesita que el gobierno recupere legitimidad frente a
comunidades que durante años han sentido abandono. Mientras la población
perciba que las autoridades llegan tarde, reaccionan poco o incluso toleran a grupos
criminales, el vacío seguirá siendo ocupado por poderes paralelos.
La crisis de Guerrero es, en muchos sentidos, el reflejo más doloroso de una verdad
nacional: el crimen organizado no crece solamente por su capacidad armada, sino
por la debilidad institucional que le permite expandirse. Y cuando esa omisión se
prolonga durante sexenios enteros, el costo termina pagándose en
desplazamientos, miedo y vidas rotas.
La Montaña baja no necesita pactos precarios que pospongan el conflicto. Necesita
Estado. Un Estado capaz de proteger sin abandonar, de hacer valer la ley sin
criminalizar a las comunidades y de entender que la seguridad verdadera no se
construye únicamente con armas, sino también con justicia, desarrollo y dignidad
