Opinión de Israel Díaz Arriaga
Hay imágenes que trascienden fronteras porque hablan un lenguaje universal. No importa si provienen de México, Venezuela, Turquía, Japón o cualquier otro rincón del mundo. Son escenas de personas cavando con las manos, formando cadenas humanas para retirar escombros, llevando agua, alimentos y medicinas, ofreciendo un techo a quienes lo perdieron todo o recorriendo kilómetros con la esperanza de encontrar a alguien con vida.
Las tragedias naturales tienen una característica inevitable: ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Pero también revelan algo mucho más profundo: la enorme capacidad de organización de la sociedad cuando el dolor deja de tener nombre y apellido para convertirse en una causa común.
La evidencia internacional muestra que las primeras horas posteriores a un desastre son decisivas. Diversos estudios sobre búsqueda y rescate coinciden en que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen significativamente conforme pasan las horas, razón por la cual la rapidez de la respuesta resulta determinante. En ese contexto, cada minuto cuenta.
Sin embargo, los gobiernos, por más preparados que estén, enfrentan limitaciones inevitables. Las carreteras colapsan, las comunicaciones se interrumpen, la infraestructura resulta dañada y la magnitud de la emergencia suele rebasar la capacidad instalada. Es entonces cuando aparece un actor que pocas veces figura en los organigramas oficiales: la ciudadanía organizada.
México conoce muy bien ese fenómeno.
Después del terremoto de 1985, miles de personas salieron espontáneamente a remover escombros, rescatar víctimas y organizar centros de acopio. Aquella movilización no sólo salvó vidas; también transformó la relación entre la sociedad y las instituciones públicas. Muchos especialistas consideran que ese episodio marcó un antes y un después en la participación ciudadana del país.
De aquella experiencia surgirían organizaciones de rescate reconocidas internacionalmente, como Los Topos, cuyos voluntarios han participado durante décadas en operaciones de búsqueda en distintos países afectados por terremotos y otros desastres naturales. Su prestigio no nació de un decreto gubernamental, sino del trabajo constante, la capacitación y la confianza construida durante años.
Algo similar volvió a observarse tras los sismos de septiembre de 2017. Mientras las autoridades desplegaban sus protocolos de emergencia, miles de ciudadanos acudieron de manera voluntaria para apoyar en labores de rescate, clasificación de víveres, atención médica, transporte y reconstrucción. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque mostraban una sociedad capaz de organizarse incluso en medio del caos.
Lo mismo ha ocurrido en otros países. En Japón, Chile, Turquía y recientemente en Venezuela, las primeras respuestas también han estado acompañadas por voluntarios, organizaciones civiles, universidades, iglesias, empresas y vecinos que entendieron que, frente a la emergencia, ayudar deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad moral.
Por el contrario. La protección civil, la coordinación institucional, la logística, la seguridad y la atención médica especializada siguen siendo responsabilidades indelegables de los gobiernos. Ninguna colecta ciudadana puede reemplazar un sistema de salud funcional. Ningún voluntario puede sustituir la planeación gubernamental. Ninguna organización civil puede asumir por sí sola la responsabilidad de reconstruir comunidades enteras.
Pero también sería un error desconocer que la sociedad organizada constituye uno de los activos más valiosos de cualquier nación.
La experiencia demuestra que los mejores resultados aparecen cuando existe colaboración y no confrontación entre autoridades y ciudadanos. Cuando los gobiernos facilitan la participación, coordinan esfuerzos, proporcionan información clara y aprovechan la experiencia de organizaciones especializadas, la respuesta suele ser más rápida y eficiente. En cambio, cuando predominan la desconfianza, la burocracia o la politización de la ayuda humanitaria, quienes terminan pagando el costo son las propias víctimas.
Las tragedias no distinguen ideologías, partidos políticos ni fronteras. Un deslave, un terremoto o una inundación afectan por igual a quienes votaron por un partido o por otro. El dolor no pregunta por credenciales.
Quizá por eso las escenas que más permanecen en la memoria colectiva no son las conferencias de prensa ni los discursos oficiales. Son las manos embarradas de tierra de quienes decidieron ayudar sin esperar reconocimiento. Son los jóvenes cargando cajas de víveres, las mujeres preparando alimentos para desconocidos, los médicos atendiendo sin descanso y los rescatistas que, después de jornadas interminables, vuelven a ponerse el casco porque saben que aún puede haber alguien esperando ser encontrado.
Las instituciones fuertes son indispensables. Pero una sociedad solidaria también lo es. Porque cuando todo parece derrumbarse, los edificios pueden caer, los caminos pueden desaparecer y las comunicaciones pueden interrumpirse. Lo que mantiene en pie a una comunidad es algo mucho más difícil de destruir: la decisión de sus ciudadanos de no abandonar a quienes más los necesitan.
Esa, quizá, es la mayor fortaleza de un país. No la que aparece en los presupuestos ni en los informes de gobierno, sino la que emerge espontáneamente cuando alguien, sin conocer a la persona que tiene enfrente, simplemente extiende la mano para ayudar. Toda nuestra empatía y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles, fuerza Venezuela.
