Opinión de Israel Díaz Arriaga
En política pública, las cifras importan. Pero también importa comprender qué significan. En los últimos años, uno de los argumentos más reiterados por el gobierno federal ha sido la reducción de la pobreza en México. Los datos oficiales respaldan, en parte, esa afirmación: de acuerdo con la medición multidimensional del CONEVAL, entre 2020 y 2022 el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 43.9% a 36.3%, lo que representó aproximadamente 8.9 millones de personas menos en esa condición. Se trata de una de las reducciones más importantes registradas desde que comenzó esta medición en 2008.
Sería un error desconocer ese resultado. La recuperación del empleo tras la pandemia, los incrementos históricos al salario mínimo, el aumento en las remesas y la expansión de diversos programas sociales contribuyeron a mejorar el ingreso de millones de hogares. Los datos oficiales así lo muestran.
Sin embargo, la pobreza en México nunca se ha medido únicamente por el dinero que una persona recibe. Desde hace más de una década, el país adoptó una metodología multidimensional que reconoce que el bienestar depende también del acceso efectivo a derechos sociales fundamentales: educación, vivienda, alimentación, seguridad social y, de manera muy importante, salud.
Es precisamente ahí donde comienza una historia mucho más compleja.
Mientras los indicadores de ingreso mejoraron, el acceso efectivo a los servicios de salud mostró un deterioro sin precedentes. Según el propio CONEVAL, la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022. En términos porcentuales, el indicador aumentó de 16.2% a 39.1% de la población. Ninguna otra carencia social registró un incremento de esa magnitud en el mismo periodo.
No se trata únicamente de un cambio estadístico derivado de la desaparición del Seguro Popular y la implementación de nuevos esquemas institucionales. Detrás de esos números existen personas que enfrentan mayores dificultades para conseguir medicamentos, consultas con especialistas, cirugías programadas o atención oportuna frente a enfermedades crónicas.
Los propios datos del INEGI muestran que una proporción importante de quienes presentan problemas de salud decide no acudir a consulta debido al costo, a la falta de medicamentos o a los largos tiempos de espera. Diversos informes de la Secretaría de Salud reconocen, además, desafíos persistentes relacionados con el abasto de medicamentos, la cobertura de personal médico y la capacidad hospitalaria en distintas entidades federativas.
Esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿puede afirmarse que una familia ha salido de la pobreza si enfrenta un problema de salud que la obliga a gastar buena parte de su ingreso en atención médica privada?
La respuesta merece matices.
Es evidente que una persona cuyo ingreso aumentó y que hoy puede adquirir más alimentos, mejorar su vivienda o enviar a sus hijos a la escuela experimenta una mejora real en sus condiciones de vida. Negarlo sería ignorar los datos. Pero también resulta cierto que la pérdida o debilitamiento del acceso efectivo a la salud introduce una vulnerabilidad capaz de revertir rápidamente esos avances.
La evidencia internacional es contundente. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han documentado durante años que los gastos médicos de bolsillo constituyen una de las principales causas de empobrecimiento de los hogares en países de ingresos medios. Cuando el sistema público falla, la enfermedad deja de ser únicamente un problema sanitario para convertirse también en un problema económico.
En México, donde las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o cáncer representan una proporción creciente de la carga de enfermedad, la fortaleza del sistema público de salud adquiere una importancia aún mayor. Una consulta privada, un tratamiento oncológico o una hospitalización pueden absorber, en cuestión de semanas, el ingreso adicional que una familia logró obtener tras varios años de recuperación económica.
La medición multidimensional de la pobreza fue diseñada precisamente para evitar interpretaciones simplistas. Un aumento del ingreso es importante, pero no suficiente. El bienestar requiere que los derechos sociales sean efectivamente garantizados. De poco sirve superar la línea de pobreza por ingresos si una enfermedad obliga a vender patrimonio, endeudarse o abandonar tratamientos por falta de recursos.
Quizá la discusión pública debería abandonar la falsa disyuntiva entre reconocer o negar los avances. Ambos fenómenos pueden coexistir. Es posible que millones de mexicanos hayan mejorado su ingreso y, al mismo tiempo, que millones enfrenten mayores dificultades para acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. Las dos afirmaciones encuentran respaldo en estadísticas oficiales.
La verdadera pregunta, entonces, no es cuántas personas salieron de la pobreza en una medición específica, sino qué tan sostenible será esa mejora si uno de los pilares fundamentales del bienestar continúa mostrando debilidades estructurales.
Porque la pobreza no desaparece únicamente cuando aumenta el ingreso. También disminuye cuando una madre encuentra medicamentos para su hijo en el centro de salud; cuando un adulto mayor recibe atención especializada sin esperar meses; cuando una persona con diabetes puede surtir su tratamiento sin recurrir a la farmacia privada; cuando una enfermedad deja de representar el riesgo de perder el patrimonio familiar.
En una sociedad donde la salud pública funciona, una enfermedad no condena a una familia a volver a empezar. En una donde el acceso sigue siendo insuficiente, el progreso económico puede resultar más frágil de lo que las cifras, por sí solas, alcanzan a mostrar.
