Opinión de Antonio Valerio Delgado
Las cárceles del país son desde hace muchos lustros, reductos del narcotráfico y las bandas criminales, que encontraron en las autoridades la perfecta complicidad para delinquir.
En la semana recién terminada el gobierno federal hizo con espectacularidad un gran anuncio, con el que intenta atacar y combatir uno de los más grandes y graves delitos que como flagelos, hemos sufrido en algún momento la gran mayoría de los mexicanos.
Se trata de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, basado en un plan de inteligencia para desarticular redes criminales, campañas de prevención, congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas telefónicas, operativos en penales y una línea nacional de denuncia, entre otras acciones.
En el papel suena muy bien, pero se antoja muy difícil, (casi imposible) que alguien desde el gobierno federal, como tampoco los estatales y municipales, se atrevan a atacar el problema desde los penales, incluyendo los de alta seguridad, de donde provienen la mayoría de las extorsiones telefónicas, lo mismo que las amenazas de secuestro y otros delitos.
La razón es muy sencilla: Porque las cárceles del país son desde hace muchos lustros, reductos del narcotráfico y las bandas criminales, que encontraron en las autoridades la perfecta complicidad para delinquir desde dentro y generar ganancias millonarias que alcanzan para repartir y hacer ricos a muchos.
La extorsión desde los penales, no se entiende sin la existencia a su interior de miles de teléfonos celulares y otras formas de comunicación, que entran y salen a cualquier hora del día y de la noche, todos los días del año, como no pasa con las visitas de familiares a sus internos, que son escrupulosamente revisados y hasta rechazados.
Nadie entonces va a querer matar a “La Gallina de los Huevos de Oro”, porque las ganancias son multimillonarias y nadie lo ignora; y así será más fácil al corto plazo en este país, espiar, detener, procesar y encarcelar a un ciudadano con la simple consulta de sus datos biométricos, que actuar contra un extorsionador.
Nadie piense entonces que con este proyecto se acabará esta práctica penitenciaria como tampoco el “Cobro de Piso”, la cuota que comerciantes, transportistas o simples ciudadanos, deben pagar para seguir trabajando o simplemente vivir sin ser atacados y que pudo florecer en México, porque el estado ha sido muy débil, cómplice o peor aún, donde fue rebasado por las mafias.
El delito de extorsión en México se convirtió desde hace muchos años en una soberanía criminal perfectamente adaptada a la ausencia institucional.
