Opinión de Antonio Valerio Delgado
Los senadores del Partido Verde y el Partido del Trabajo finalmente anunciaron, que sí respaldarán el Plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que no pasó el primer filtro, cuando fue presentada la iniciativa original.
En tanto, la aceptación de los petistas y ecologistas vino después de que los legisladores de la coalición morenista se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien llegaron a acuerdos relacionados con el futuro político de las organizaciones y no tanto en favor -como pregonan- de la democracia.
Asimismo, convinieron la reconfiguración de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, y la distribución de recursos a los partidos políticos, donde fueron insistentes y cuidadosos en que sus prerrogativas se mantuvieran prácticamente intactas, midiendo el riesgo de que al no contar con ellas, los convertiría solamente en rémoras, paleros y espectadores de los procesos electorales.
Sin embargo, hubo acuerdo, porque el gobierno federal de su parte, los necesita para abordar y votar los cambios constitucionales que supone la reforma electoral y que con sus votos y aprobación pueda garantizarse los triunfos electorales que se avecinan en el 2027.
Y no hacerlo, hubiera significado poner en riesgo la continuidad de la llamada 4-T y la caída paulatina del régimen que vive amenazado desde varios frentes: El gobierno de Estados Unidos, los medios de comunicación opositores al sistema y los partidos que como el PAN, el PRI y MC quieren arrebatarle gobiernos estatales, diputados y alcaldías en el 2027. Algo que el oficialismo ya tiene perfectamente medido.
Fue una negociación con sus respectivos acuerdos no por el bien del país, sino de sus intereses compartidos, porque quien en su sano juicio pudo pensar que en “El Debate” de la reforma electoral, la alianza de partidos Morena, PT y Partido Verde quedaría rota o fracturada de cara al proceso electoral del siguiente año, que por cierto marcará la ruta hacia el 2030.
Todos los amagos, amenazas y posturas discordantes en torno a la iniciativa presidencial, fueron una simulación, un chantaje político y un circo donde el término de la función llegó, cuando se pensó en serio del riesgo en el que estaba puesto el botín político del 2027 y el 2030.
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