Opinión de Israel Díaz Arriaga
En México, la violencia no ha desaparecido: se ha transformado. Durante años, el indicador central para medir la inseguridad fue la tasa de homicidios dolosos. Sin embargo, en los últimos años ha emergido con fuerza una dimensión aún más compleja y dolorosa: el aumento sostenido de personas desaparecidas. Este fenómeno no solo redefine la manera en que entendemos la crisis de seguridad, sino que también exhibe las profundas limitaciones institucionales del Estado mexicano.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de 110 mil personas desaparecidas. Esta cifra, lejos de estabilizarse, ha mantenido una tendencia creciente en la última década. Tan solo en los últimos años, se han registrado decenas de miles de nuevos casos, muchos de ellos concentrados en entidades como Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León. Este dato es clave: incluso en contextos donde los homicidios muestran ligeras disminuciones o estancamientos, las desapariciones continúan al alza.
Esta divergencia plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos frente a una mejora real en las condiciones de seguridad o ante una reconfiguración de las dinámicas del crimen? Diversos especialistas han advertido que la desaparición de personas puede ser utilizada como un mecanismo para ocultar otros delitos, particularmente el homicidio. En otras palabras, una persona desaparecida puede ser, en muchos casos, un homicidio que no se contabiliza como tal. Esto no solo distorsiona las estadísticas oficiales, sino que dificulta el diseño de políticas públicas efectivas.
A diferencia del homicidio, la desaparición implica una prolongación del sufrimiento. No hay cierre, no hay certeza, no hay justicia. Las familias de las personas desaparecidas viven en un estado permanente de incertidumbre, obligadas muchas veces a convertirse en investigadoras, peritas y buscadoras ante la inacción o insuficiencia de las autoridades. En México, los colectivos de madres buscadoras han emergido como actores centrales en la localización de fosas clandestinas, evidenciando con ello una dolorosa realidad: la búsqueda de personas recae, en gran medida, en la sociedad civil.
Desde el punto de vista institucional, la respuesta del Estado ha sido fragmentada. Si bien existen marcos legales como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la práctica persisten problemas estructurales: falta de coordinación entre niveles de gobierno, escasez de recursos, registros incompletos y una alarmante impunidad. De acuerdo con organizaciones civiles, más del 95% de los casos de desaparición permanecen sin resolverse. Este nivel de impunidad no solo perpetúa el delito, sino que envía un mensaje de permisividad que erosiona el Estado de derecho.
Otro elemento que agrava la situación es la debilidad de las fiscalías. La investigación de desapariciones requiere capacidades técnicas especializadas, desde análisis forense hasta inteligencia criminal. Sin embargo, muchas fiscalías estatales carecen de personal capacitado, infraestructura adecuada y protocolos homogéneos. A ello se suma la revictimización de las familias, quienes con frecuencia enfrentan negligencia, indiferencia o incluso estigmatización por parte de las autoridades.
El discurso oficial, centrado en la reducción de homicidios, resulta insuficiente para capturar la complejidad del fenómeno. Si bien es importante atender cualquier disminución en la violencia letal, reducir la discusión a este indicador invisibiliza otras formas de violencia igualmente graves. La desaparición de personas no es un delito menor ni colateral; es una violación grave a los derechos humanos que implica, en muchos casos, la participación o aquiescencia de agentes del Estado.
La crisis de desapariciones también tiene implicaciones profundas para la democracia. Un país donde miles de personas pueden desaparecer sin dejar rastro es un país donde las instituciones no garantizan lo más básico: la seguridad y la vida. Esta situación mina la confianza ciudadana, debilita el tejido social y perpetúa un ciclo de violencia e impunidad.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser reactiva ni fragmentaria. Se requiere una política de Estado integral que articule prevención, investigación y búsqueda con un enfoque centrado en las víctimas. Esto implica fortalecer las capacidades de las fiscalías, consolidar registros confiables, garantizar la coordinación interinstitucional y, sobre todo, reconocer el papel fundamental de las familias en el proceso de búsqueda.
Asimismo, es indispensable replantear los indicadores con los que se mide la seguridad. Mientras las desapariciones no ocupen un lugar central en la agenda pública, cualquier narrativa de mejora será, en el mejor de los casos, incompleta.
La violencia en México no ha disminuido: ha mutado. Entender esta transformación es el primer paso para enfrentarla. Ignorarla, en cambio, solo prolongará una crisis que ya ha dejado una huella imborrable en miles de familias y en la conciencia colectiva del país
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