Opinión de Israel Díaz Arriaga
En los últimos años, el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil en México ha enfrentado una transformación silenciosa pero profunda. Lo que antes era un ecosistema relativamente estable para asociaciones civiles —especialmente aquellas con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos— hoy se ha convertido en un terreno cada vez
más incierto.
El detonante más reciente es claro: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la cancelación y revocación de autorizaciones como donatarias. Tan solo en 2025 se reportó la baja de más de 270 organizaciones, dentro de un padrón que supera las 10 mil. A inicios de 2026, al menos 100 asociaciones perdieron esta autorización y 13 de ellas de manera definitiva.
El argumento oficial es técnico: incumplimiento de requisitos legales. Entre ellos, no acreditar correctamente sus actividades, no contar con documentación vigente o no cumplir con disposiciones fiscales específicas. Desde la perspectiva del SAT, el criterio es claro: quien no cumple con la ley, pierde el beneficio. Sin embargo, la discusión no puede quedarse en lo técnico.
Ser donataria autorizada en México no es un simple estatus administrativo. Es, en la práctica, la llave que permite a una organización sobrevivir. Sin esta autorización, las asociaciones civiles ya no pueden emitir recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que desincentiva significativamente las donaciones privadas.
El resultado es inmediato: menos financiamiento, menos capacidad operativa y, en muchos casos, la desaparición de proyectos. Diversas organizaciones afectadas —incluyendo centros de investigación, instituciones educativas y grupos de asistencia social— han advertido que estas medidas impactan directamente su capacidad para sostener programas que atienden desde educación hasta
justicia y derechos humanos.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando se debilita a quienes complementan —y a veces sustituyen— la acción del Estado?
En países con profundas desigualdades como México, las asociaciones civiles no son un actor
accesorio: son un componente esencial del tejido social. Históricamente, estas
organizaciones han intervenido donde el Estado no llega o llega tarde: atención a víctimas de violencia, defensa de derechos humanos, educación comunitaria, combate a la pobreza, transparencia y rendición de cuentas.
Incluso desde voces cercanas al activismo se ha reconocido una verdad evidente: el gobierno no puede hacerlo todo. Reducir el margen de operación de estas organizaciones no elimina las necesidades sociales; simplemente deja más espacios sin atender. El endurecimiento fiscal tiene una justificación legítima: evitar abusos y simulaciones. México ha enfrentado esquemas de evasión sofisticados durante años, y fortalecer la fiscalización es una tarea necesaria.
No obstante, el problema surge cuando la regulación, en lugar de distinguir entre
irregularidades y errores administrativos, termina aplicándose de forma generalizada. Organismos internacionales han advertido que el aumento de requisitos, la carga burocrática y la discrecionalidad pueden convertirse en mecanismos indirectos de restricción del espacio
cívico.
Y en ese terreno, el contexto importa. Algunas de las organizaciones afectadas no solo realizan labores sociales, sino también análisis crítico de políticas públicas. Cuando las decisiones fiscales impactan a este tipo de actores, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y entra en el terreno de la pluralidad democrática.
El debate no debería centrarse en si las asociaciones civiles deben cumplir la ley —eso es incuestionable—, sino en cómo se construye un marco regulatorio que, sin permitir abusos, tampoco debilite a quienes sostienen funciones sociales clave. Porque cuando una organización desaparece, no solo se pierde una estructura administrativa: se pierde una red de apoyo, una causa, una comunidad.
Si el Estado endurece los controles pero no amplía su propia capacidad para sustituir esas funciones, el resultado no será un sistema más eficiente, sino una sociedad más vulnerable.
Y esa es una factura que, tarde o temprano, todos terminan pagando.
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