Opinión de Israel Díaz Arriaga
En el debate público mexicano, el concepto de Estado de bienestar ha adquirido una centralidad incuestionable. Desde distintos frentes políticos se ha reivindicado como un ideal irrenunciable, particularmente a través de la expansión de programas sociales que buscan atender, de manera inmediata, las carencias de amplios sectores de la población. Sin embargo, la discusión de fondo permanece abierta: ¿es más eficaz un Estado de bienestar que amplía constantemente la cobertura de apoyos económicos o aquel que construye condiciones estructurales para la autosuficiencia de sus ciudadanos?
México enfrenta una realidad compleja. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), alrededor del 36% de la población se encontraba en situación de pobreza en los últimos años, mientras que cerca del 7% en pobreza extrema. Estas cifras reflejan una necesidad legítima de intervención estatal. En este contexto, los programas de transferencias directas han sido presentados como mecanismos eficaces para reducir brechas inmediatas de ingreso.
Diversos estudios han demostrado que las transferencias monetarias pueden tener efectos positivos en el corto plazo: incrementan el consumo de los hogares, mejoran el acceso a alimentos y, en algunos casos, permiten una mayor permanencia escolar. No obstante, su impacto estructural es más limitado. La evidencia internacional, incluyendo evaluaciones del Banco Mundial y la OCDE, sugiere que, si bien estos programas alivian la pobreza, no necesariamente generan movilidad social sostenida por sí mismos.
El problema radica en la naturaleza de la política asistencialista cuando se convierte en eje central, y no complementario, de la acción pública. Una estrategia basada predominantemente en la distribución de recursos corre el riesgo de desatender factores fundamentales como la calidad educativa, la generación de empleo formal, la productividad económica y la fortaleza institucional. Sin estos elementos, la capacidad de los individuos para salir de manera permanente de la pobreza se ve severamente limitada.
México, por ejemplo, presenta retos significativos en materia laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 50% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Esto implica no solo ingresos inestables, sino también la ausencia de seguridad social y de mecanismos de protección ante contingencias. En este escenario, los apoyos gubernamentales pueden mitigar temporalmente la precariedad, pero difícilmente sustituyen la necesidad de empleos formales y bien remunerados.
Asimismo, el gasto social en México, aunque creciente, continúa por debajo del promedio de los países de la OCDE como proporción del Producto Interno Bruto. Pero más allá del monto, el debate relevante es su composición y orientación. Un Estado de bienestar sólido no se limita a transferir recursos; invierte de manera estratégica en capital humano, infraestructura, innovación y fortalecimiento institucional.
La experiencia de países con sistemas de bienestar consolidados muestra que el equilibrio es clave. En naciones como las escandinavas, los apoyos sociales coexisten con altos niveles de recaudación fiscal, sistemas educativos robustos, mercados laborales dinámicos y una fuerte institucionalidad. El objetivo no es únicamente proteger a los ciudadanos de riesgos, sino también dotarlos de herramientas para competir, innovar y generar riqueza.
En este sentido, la pregunta problemática cobra especial relevancia: ¿debe medirse la eficacia del Estado de bienestar por el número de beneficiarios de programas sociales o por su capacidad para reducir la dependencia de estos? Una política pública orientada exclusivamente a ampliar la cobertura de apoyos podría, paradójicamente, perpetuar las condiciones que busca combatir si no va acompañada de estrategias de desarrollo integral.
Esto no implica desestimar la importancia de la asistencia social. En contextos de alta desigualdad y pobreza, los apoyos son no solo necesarios, sino éticamente indispensables. Sin embargo, su diseño e implementación deben estar alineados con un objetivo de largo plazo: la construcción de ciudadanía autónoma.
El reto para México es transitar de un enfoque predominantemente asistencialista hacia uno que combine protección social con promoción de capacidades. Esto implica fortalecer la educación pública en todos sus niveles, impulsar políticas industriales que generen empleos de calidad, mejorar el acceso a servicios de salud y consolidar un entorno institucional que favorezca la inversión y la innovación.
En última instancia, el Estado de bienestar no debería ser entendido como un mecanismo de distribución permanente de recursos, sino como una plataforma de impulso para que los individuos puedan desarrollar su potencial. La verdadera eficacia de este modelo radica no en la cantidad de apoyos otorgados, sino en la capacidad de reducir, de manera sostenida, la necesidad de estos.
Solo así será posible construir una sociedad no únicamente más equitativa, sino también más próspera y resiliente.
En última instancia, la discusión sobre el Estado de bienestar puede trasladarse a un terreno más cercano y comprensible: el de la familia. ¿Qué es lo que verdaderamente buscan los padres para sus hijos? ¿Garantizarles un apoyo constante que los acompañe indefinidamente, o brindarles las herramientas, la educación y los valores necesarios para que puedan enfrentar por sí mismos los desafíos de la vida? La analogía no es menor. Así como en el ámbito familiar el objetivo último es la formación de individuos autónomos y resilientes, en el ámbito público el desafío radica en construir un Estado que no solo proteja, sino que también emancipe. La respuesta a esta pregunta, en ambos casos, define no solo el presente, sino las posibilidades reales de futuro.
