Opinión de Israel Díaz Arriaga

Existe una reflexión que debería discutirse con mayor seriedad: un gobernante puede ser muy popular y, al mismo tiempo, estar debilitando la democracia. Parece una contradicción, pero no lo es.

La popularidad mide respaldo. La democracia mide algo mucho más exigente: qué hace un gobernante con el poder que los ciudadanos le confiaron y, sobre todo, si acepta los límites que ese poder tiene. En otras palabras: ganar una elección demuestra que se tiene legitimidad para gobernar. No demuestra que todo lo que haga el gobernante sea democrático.

Y esta diferencia importa particularmente en el México de hoy. Los números deberían preocuparnos. México sigue siendo una democracia electoral. Hay elecciones, partidos políticos y alternancia. Pero eso no significa que todas las instituciones democráticas estén funcionando con la misma fortaleza.

El reporte Freedom in the World 2026, de Freedom House, clasifica a México como “Parcialmente libre”, con 58 puntos de 100. El organismo identifica problemas importantes relacionados con Estado de derecho, corrupción, violencia, impunidad y derechos humanos.

Más preocupante todavía es dónde coloca algunos de los principales problemas.

Freedom House otorga a México apenas 1 de 4 puntos en independencia judicial, 1 en debido proceso y 1 en protección frente al uso ilegítimo de la fuerza. También concede solamente 2 de 4 puntos a la existencia de medios de comunicación libres e independientes.

Estos datos no significan que México haya dejado de ser una democracia. Significan algo más incómodo: que una democracia puede conservar elecciones y, simultáneamente, experimentar un deterioro en los contrapesos que limitan al poder. Y ahí está precisamente el problema. La democracia no termina cuando se cuentan los votos. Durante mucho tiempo hemos reducido la democracia a una escena: acudir a las urnas y contar votos. Pero votar es apenas el principio.

El Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, utiliza una concepción mucho más amplia de democracia. Su metodología distingue dimensiones electoral, liberal, participativa, deliberativa y de igualdad. En particular, su índice de democracia liberal incorpora elementos como las libertades individuales y los controles y contrapesos entre instituciones.

La razón es sencilla. Una democracia no consiste solamente en decidir quién gobierna, consiste también en determinar qué puede hacer quien gobierna y qué no puede hacer. Por eso existen congresos, tribunales, órganos electorales, organismos de fiscalización, medios de comunicación, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos capaces de cuestionar al poder. No fueron diseñados para hacerle la vida fácil al gobernante. Fueron diseñados para impedir que cualquier gobernante tenga demasiado poder.

El verdadero examen llega cuando alguien dice “no”, aquí aparece la diferencia entre un líder popular y un líder democrático. El líder popular necesita que la mayoría esté con él, el líder democrático entiende que, aun teniendo a la mayoría de su lado, hay cosas que no puede hacer.

La prueba más importante de un gobernante democrático no ocurre cuando las instituciones lo respaldan.

Ocurre cuando lo contradicen.

¿Qué hace cuando un tribunal falla en contra de su gobierno?

¿Qué hace cuando el Congreso rechaza una iniciativa?

¿Qué hace cuando un periodista publica una investigación incómoda?

¿Qué hace cuando una organización civil cuestiona sus políticas?

¿Qué hace cuando una institución autónoma limita sus decisiones?

¿Acepta el límite o intenta desacreditar al árbitro?

Ahí está la verdadera prueba.

Porque resulta relativamente sencillo defender las instituciones cuando coinciden con nuestras propias posiciones. Lo difícil es defenderlas cuando nos llevan la contraria. La mayoría también necesita límites. Una democracia constitucional no es simplemente el gobierno de la mayoría. Es el gobierno de la mayoría dentro de las reglas constitucionales y respetando los derechos de las minorías. De lo contrario, cualquier mayoría podría utilizar su fuerza para eliminar los derechos de quienes no la apoyan.

La historia mundial ofrece suficientes ejemplos. Muchos gobiernos que posteriormente terminaron concentrando el poder llegaron inicialmente al gobierno mediante elecciones. El deterioro democrático no necesariamente comienza con un golpe de Estado. Puede comenzar cuando una sociedad acepta que un gobernante, por haber ganado ampliamente, tiene derecho a controlar los órganos que deberían vigilarlo.

Primero se cuestiona al árbitro, después se cuestionan las reglas, finalmente, se modifica el juego para que el árbitro ya no pueda detener al ganador. Y México tiene razones para estar atento. La preocupación no proviene únicamente de organismos internacionales.

Latinobarómetro ha documentado durante años una relación compleja entre los ciudadanos latinoamericanos y la democracia: existe apoyo al régimen democrático, pero también insatisfacción con su funcionamiento, desconfianza hacia instituciones y una creciente demanda de soluciones frente a problemas que la democracia no ha logrado resolver adecuadamente.

Esto plantea una paradoja.

Cuando las instituciones democráticas no producen resultados, los ciudadanos pueden comenzar a valorar más al líder que promete resolverlo todo que a las instituciones que limitan su poder. Y ahí comienza el espejismo. Porque un gobernante fuerte puede parecer más eficaz que un sistema lleno de contrapesos. Pero los contrapesos tienen una función que muchas veces sólo apreciamos cuando los necesitamos.

El Congreso que hoy limita al gobierno que no nos gusta puede ser el mismo que mañana limite al gobierno que sí nos gusta. El tribunal que hoy resuelve contra nuestras preferencias puede ser mañana el que proteja nuestros derechos. La prensa que hoy incomoda al gobernante que apoyamos puede ser mañana la que descubra un abuso que nos afecte directamente. Por eso las instituciones no deben defenderse dependiendo de quién esté en el poder. La pregunta que deberíamos hacernos. Quizá hemos cometido un error al evaluar a nuestros gobernantes.

Preguntamos cuánto mide su aprobación.

Cuántos votos obtuvo.

Cuántas personas asisten a sus mítines.

Cuántos seguidores tiene.

Pero deberíamos formular otras preguntas:

¿Respeta la ley cuando le resulta incómoda?

¿Acepta las decisiones de los órganos que lo contradicen?

¿Tolera la crítica?

¿Respeta a quienes piensan diferente?

¿Está dispuesto a rendir cuentas?

¿Acepta límites a su propio poder?

Porque un gobernante puede obtener 60, 70 o 80 por ciento de aprobación y seguir teniendo la obligación de respetar la Constitución. La popularidad otorga respaldo político. No otorga facultades ilimitadas. Y quizá esta sea una de las lecciones democráticas más importantes para nuestra generación: no debemos medir la fortaleza de una democracia por la fuerza de su gobernante, sino por la fortaleza de las instituciones que pueden decirle que no. Un líder popular necesita que la gente lo siga. Un líder democrático necesita, además, que las instituciones puedan detenerlo cuando sea necesario.

La diferencia parece pequeña. En realidad, puede ser la diferencia entre una democracia que simplemente celebra elecciones y una democracia que realmente limita el poder. Porque al final, la pregunta no debería ser: “¿Qué tan popular es nuestro gobernante?” Sino una mucho más importante: “¿Qué tan dispuesto está a respetar las reglas cuando tiene suficiente poder para ignorarlas?”

La respuesta dirá mucho más sobre nuestra democracia que cualquier encuesta de aprobación.