Opinión de Israel Díaz Arriaga

Hay una pregunta que toda democracia debería hacerse de manera permanente: ¿quién vigila a quienes gobiernan? La pregunta parece sencilla, pero encierra uno de los problemas más importantes de cualquier sistema democrático. Porque ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero no concede un permiso para gobernar sin límites.

En una democracia, el poder no desaparece cuando termina una elección. Al contrario: es precisamente después de las elecciones cuando comienza una de las tareas más importantes de las instituciones y de los ciudadanos: vigilar cómo se ejerce ese poder.

La razón es sencilla. El poder, por naturaleza, tiende a concentrarse.

El politólogo Robert Dahl explicaba que una de las características fundamentales de la democracia es la posibilidad real de que los ciudadanos puedan controlar las decisiones gubernamentales. Y ese control no puede reducirse al día de las elecciones.

Votar es entregar temporalmente una parte del poder ciudadano a quienes habrán de ejercer funciones públicas. Pero una democracia saludable no les entrega un cheque en blanco. Por eso existen los congresos, los tribunales, los órganos de fiscalización, las instituciones electorales, los organismos de transparencia, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones civiles y, por supuesto, los ciudadanos.

Todos cumplen una función diferente, pero tienen algo en común: evitar que el poder se convierta en poder absoluto. El problema comienza cuando nadie quiere vigilar. Una sociedad democrática puede tener elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar sus instituciones.

Esto ocurre cuando los ciudadanos dejan de cuestionar al gobierno simplemente porque coincide con sus preferencias políticas.

Y aquí aparece una paradoja incómoda.

Cuando un ciudadano exige que se investigue un posible acto de corrupción cometido por un gobierno que no apoya, está ejerciendo ciudadanía. Pero cuando considera que esa misma investigación es una “persecución” únicamente porque el gobierno investigado es de su preferencia, deja de defender un principio y comienza a defender a una persona o a un grupo. La democracia no debería funcionar así.

El principio democrático debe ser el mismo independientemente de quién gobierne. Si exigimos transparencia cuando gobiernan nuestros adversarios, pero justificamos la opacidad cuando gobiernan los nuestros, no estamos defendiendo la democracia. Estamos defendiendo intereses políticos.

Y eso es particularmente peligroso porque las instituciones comienzan a perder su sentido. El poder necesita límites, incluso cuando es popular. Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que limitar al gobierno significa estar en contra del gobierno. No necesariamente.

Los contrapesos no existen para impedir que un gobierno gobierne. Existen para impedir que gobierne sin controles.

Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, al estudiar el deterioro de distintas democracias, han señalado que las instituciones democráticas dependen no solamente de las reglas escritas, sino también de la disposición de los actores políticos a respetar límites y aceptar controles.

En otras palabras, una democracia no se destruye únicamente cuando alguien rompe una ley; también puede deteriorarse cuando quienes tienen poder consideran que las reglas y los contrapesos son obstáculos que deben eliminarse.

Por eso es tan importante comprender que una institución que limita al gobierno no necesariamente es enemiga del gobierno.

Un tribunal que declara ilegal una decisión del Ejecutivo no está gobernando. Un órgano fiscalizador que encuentra irregularidades no está haciendo oposición. Un periodista que cuestiona una política pública no está necesariamente actuando contra quien gobierna. Un ciudadano que exige información no está siendo enemigo del Estado. Están cumpliendo funciones propias de una democracia.

El verdadero examen llega cuando el poder se equivoca. Hay una prueba particularmente importante para cualquier gobierno: saber qué ocurre cuando una institución lo contradice. Porque es relativamente fácil defender la independencia institucional cuando las decisiones nos favorecen.

El verdadero compromiso democrático aparece cuando un tribunal falla en contra de nuestros intereses, cuando un órgano electoral toma una decisión que no nos gusta, cuando un periodista publica una investigación incómoda o cuando un órgano de fiscalización encuentra irregularidades en el gobierno que apoyamos. Ahí es donde se demuestra si realmente creemos en las instituciones.

El filósofo político Norberto Bobbio sostenía que una de las características esenciales de la democracia es la existencia de reglas que permitan controlar el ejercicio del poder.

La democracia, entonces, no consiste solamente en determinar quién manda. También consiste en establecer hasta dónde puede mandar. Y esa diferencia es fundamental.

¿Quién vigila al poder?

La respuesta correcta no es una sola institución. Todos.

Lo vigilan los otros poderes del Estado, lo vigilan las instituciones autónomas, lo vigilan los órganos de fiscalización, lo vigilan los periodistas, lo vigilan las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, lo vigilan los partidos políticos desde la oposición, pero, sobre todo, lo vigilan los ciudadanos.

Porque una democracia en la que nadie quiere controlar al poder termina dependiendo de la voluntad de quien lo ejerce. Y cuando una sociedad comienza a creer que el gobernante debe tener siempre la razón, que las instituciones deben respaldarlo automáticamente o que cualquier crítica constituye una traición, el problema deja de ser solamente político, se convierte en un problema democrático.

La pregunta también es para nosotros, quizá por eso la pregunta más importante no sea solamente “¿quién vigila al poder?” También deberíamos preguntarnos:

¿Nosotros estamos dispuestos a vigilarlo cuando gobiernan los nuestros?

Porque defender los contrapesos cuando perjudican al adversario es sencillo. Defenderlos cuando incomodan a nuestros propios aliados requiere algo mucho más difícil: principios. La democracia no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o en contra de un gobierno.

Necesita ciudadanos capaces de decir sí cuando una decisión es correcta y no cuando es incorrecta, sin importar quién la haya tomado. Ese quizá sea uno de los mayores desafíos de nuestra vida pública. Porque el poder cambia de manos. Los partidos cambian. Los presidentes cambian. Los gobiernos terminan, pero las instituciones deben permanecer.

Y una democracia verdaderamente sólida no es aquella en la que el gobernante tiene más poder. Es aquella en la que nadie tiene suficiente poder como para estar por encima de las reglas.