Opinión de Israel Díaz Arriaga

Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en la política, cuando un gobierno hace algo que nos gusta, encontramos razones para justificarlo. Cuando hace exactamente lo mismo un gobierno que no nos gusta, encontramos razones para condenarlo, así se puede señalar que el problema no está necesariamente en cambiar de opinión.

En una democracia, cambiar de opinión puede ser una virtud; sin embargo, el problema aparece cuando no cambiamos nuestros principios, sino solamente el criterio con el que juzgamos a quienes ejercen el poder, entonces surge una pregunta incómoda: ¿Defendemos principios o defendemos a los nuestros?

Cambiar de opinión no siempre es una contradicción. Conviene comenzar por una distinción. Un político, un partido o un ciudadano pueden modificar legítimamente su posición.

La realidad cambia. Aparecen nuevas evidencias. Una política pública puede fracasar. Una crisis puede obligar a tomar decisiones diferentes. Incluso podemos descubrir que estábamos equivocados.

Reconocerlo no es una debilidad, es una señal de racionalidad. El problema democrático aparece cuando una misma conducta es considerada correcta o incorrecta dependiendo de quién la realiza.

Por ejemplo: Si un gobierno critica una marcha porque “afecta la movilidad”, podemos discutir si el argumento es válido, pero si posteriormente otro gobierno enfrenta una protesta y utilizamos exactamente la misma conducta para defenderla, quizá no estamos defendiendo un principio, estamos defendiendo a un grupo.

Y esa diferencia importa, porque una democracia necesita ciudadanos capaces de decir:

“Esto estaba mal cuando lo hizo mi adversario y también está mal ahora que lo hace alguien a quien apoyo.”

El doble estándar

La ciencia política conoce desde hace tiempo el problema de los llamados dobles estándares: utilizar criterios distintos para evaluar comportamientos similares.

En la práctica política, esto puede observarse en asuntos tan diversos como la libertad de expresión, las protestas, el uso de recursos públicos, los nombramientos, la relación entre gobierno y partido, la actuación de las fuerzas de seguridad o las decisiones de los tribunales.

El problema no es solamente moral, también tiene consecuencias institucionales.

Si los ciudadanos aceptamos que las reglas deben aplicarse de manera diferente dependiendo de quién gobierna, terminamos debilitando precisamente aquello que debería permanecer cuando los gobiernos cambian: las reglas.

El politólogo Juan Linz advertía que la estabilidad democrática depende, entre otras cosas, de que los actores políticos acepten las instituciones y las reglas del juego como legítimas.

Y Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han insistido en algo todavía más profundo: las democracias no sobreviven únicamente gracias a las constituciones y las leyes, sino también gracias a normas informales que limitan el ejercicio del poder. Entre ellas destacan dos particularmente importantes: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La primera significa reconocer que nuestros adversarios políticos tienen derecho a participar. La segunda implica no utilizar hasta el límite cada facultad legal simplemente porque técnicamente podemos hacerlo.

En otras palabras: no todo lo legal es necesariamente saludable para una democracia. El problema de la memoria política, existe además otro fenómeno, la política tiene una memoria selectiva. Recordamos con enorme facilidad lo que hizo el adversario, pero olvidamos lo que hicimos nosotros.

Un partido puede denunciar el autoritarismo cuando está en la oposición y defender decisiones centralizadoras cuando llega al gobierno. Puede exigir transparencia mientras es oposición y justificar la falta de información cuando gobierna. Puede defender la autonomía de una institución cuando ésta le resulta favorable y cuestionarla cuando sus decisiones son adversas. Puede denunciar la militarización cuando la implementa un gobierno contrario y justificarla cuando la implementa el propio.

Y puede ocurrir exactamente lo contrario, por eso no basta con preguntarnos: “¿Quién lo hizo?”

Una cultura democrática madura debería enseñarnos a preguntar primero: “¿Qué principio está en juego?”

Después podremos discutir quién lo hizo, por qué lo hizo y cuáles fueron las consecuencias.

La prueba del espejo

Existe una prueba muy sencilla para detectar nuestros propios sesgos. Imaginemos que una decisión que hoy celebramos fuera tomada mañana por el partido que menos nos gusta. ¿La seguiríamos defendiendo?

Si la respuesta es sí, probablemente estamos defendiendo un principio. Si la respuesta es no, quizá estamos defendiendo a una persona, a un partido o a una ideología. La prueba también funciona al revés.

Imaginemos que aquello que hoy condenamos fuera realizado mañana por el gobierno que apoyamos. ¿Seguiríamos considerándolo incorrecto?

Esta pregunta puede resultar incómoda, pero precisamente por eso es importante, porque la democracia no necesita ciudadanos que nunca se equivoquen; necesita ciudadanos capaces de reconocer cuando sus propios prejuicios están interfiriendo con su juicio.

Las redes sociales complicaron todavía más el problema, en el pasado, nuestras opiniones políticas podían estar influidas por los periódicos, la radio o la televisión. Hoy el problema es diferente. Las redes sociales permiten que cada persona construya una especie de ecosistema informativo a su medida. Vemos más fácilmente aquello con lo que estamos de acuerdo. Compartimos información que confirma nuestras creencias. Seguimos personas que piensan como nosotros.

Y, poco a poco, podemos terminar confundiendo estar permanentemente de acuerdo con estar permanentemente informados. Cass Sunstein ha estudiado ampliamente este fenómeno y ha advertido sobre los riesgos de las llamadas “cámaras de eco” y de la fragmentación informativa.

El resultado puede ser paradójico: tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior, pero eso no significa necesariamente que tengamos una visión más completa de la realidad. Podemos estar extraordinariamente informados sobre aquello que confirma nuestras ideas y completamente desinformados sobre aquello que las contradice.

Por eso una ciudadanía democrática necesita una habilidad que parece sencilla, pero no lo es: buscar deliberadamente la información que puede demostrar que estamos equivocados. La congruencia también debe exigirse al poder.  Naturalmente, esta responsabilidad no corresponde únicamente a los ciudadanos, también corresponde a quienes gobiernan.

Un gobierno tiene derecho a cambiar de política. Pero cuando lo hace debería explicar por qué.

¿Qué cambió?

¿Qué información nueva apareció?

¿Por qué una decisión que antes se consideraba equivocada ahora se considera correcta?

¿Qué resultados produjo la política anterior?

¿Qué evidencia justifica el cambio?

Explicar estas cosas no debería considerarse una debilidad, al contrario. Una democracia madura no exige que el gobierno nunca se equivoque; exige que pueda explicar sus decisiones y hacerse responsable de ellas. El problema aparece cuando la explicación consiste simplemente en cambiar el argumento.

Lo que ayer era “defensa de la democracia” puede convertirse mañana en “obstrucción”. Lo que ayer era “autoritarismo” puede convertirse mañana en “facultad constitucional”. Lo que ayer era “corrupción” puede convertirse mañana en “un error administrativo”. Y lo que ayer exigíamos investigar puede dejar de parecernos importante cuando los involucrados son nuestros aliados.

Ese es el verdadero peligro, no que los políticos cambien de opinión, sino que cambien de criterio dependiendo de quién resulte beneficiado, las reglas deben sobrevivir a los gobiernos.

Hay una razón por la que las democracias necesitan instituciones, los gobiernos cambian, los partidos pierden elecciones, los presidentes terminan sus mandatos, los legisladores son sustituidos, pero las reglas deben permanecer. Una democracia funcional no puede depender de que cada nuevo gobernante sea virtuoso. Debe estar diseñada para funcionar incluso cuando quienes ocupan el poder cometen errores, tienen intereses particulares o pretenden ampliar sus facultades.

James Madison lo entendió desde el origen del constitucionalismo estadounidense: el problema no consiste en encontrar gobernantes perfectos, sino en construir instituciones capaces de limitar el poder. Por eso los contrapesos que analizábamos en la columna anterior son tan importantes.

El Estado de derecho no consiste en que nuestros amigos tengan poder dentro de la ley y nuestros adversarios tengan que someterse a ella. Consiste en que la misma ley establezca límites para todos.

¿Y nosotros qué papel jugamos?

Quizá aquí está la parte más incómoda de esta reflexión. Nos gusta exigir congruencia a los políticos, pero no siempre somos congruentes nosotros mismos. Podemos denunciar una mentira cuando la dice un adversario y compartirla cuando favorece nuestra posición. Podemos indignarnos ante una agresión contra un periodista y justificarla cuando el periodista cuestiona a nuestro grupo. Podemos exigir transparencia a un gobierno y aceptar el secreto cuando beneficia al nuestro. Podemos defender la independencia judicial hasta que un juez dicta una resolución que no nos gusta.

En todos esos casos existe una tentación muy humana: convertir nuestros valores en herramientas para ganar una discusión, en lugar de convertirlos en reglas que también estamos dispuestos a aplicarnos. Y aquí es donde la democracia comienza a perder calidad.

La verdadera neutralidad

Ser objetivo no significa no tener principios. Tampoco significa considerar que todas las posiciones son igualmente válidas. Significa algo mucho más exigente: utilizar criterios semejantes para evaluar hechos semejantes, independientemente de quién los protagonice.

Podemos tener preferencias políticas. Podemos simpatizar con un partido. Podemos considerar que determinada propuesta es mejor que otra. Eso forma parte de la democracia. Lo que no deberíamos hacer es convertir nuestras preferencias políticas en una licencia para abandonar nuestros principios. Porque entonces dejamos de ser ciudadanos críticos para convertirnos en defensores de una tribu. Y cuando la política se convierte en una disputa entre tribus, cualquier cosa puede justificarse siempre que la haga “uno de los nuestros”.

Una pregunta para todos

Quizá la próxima vez que escuchemos una noticia política deberíamos hacer un pequeño ejercicio.

Antes de preguntarnos: “¿Quién lo hizo?”

preguntémonos:

“¿Qué pensaría si esto lo hubiera hecho el otro?”

Si nuestra respuesta cambia radicalmente, tenemos una oportunidad para revisar nuestras propias convicciones, no necesariamente para cambiarlas, sino para saber si realmente son convicciones.

Porque una democracia saludable no se construye con ciudadanos que piensan igual. Se construye con ciudadanos que, aun pensando diferente, aceptan someter sus propias preferencias a reglas que también están dispuestos a aplicar a sus adversarios.

El poder cambia. Los partidos cambian. Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Pero si cada cambio de gobierno trae consigo un cambio en nuestros principios, entonces quizá no estamos defendiendo principios, estamos defendiendo al poder. Y una ciudadanía democrática debería aspirar exactamente a lo contrario: que el poder cambie, pero que nuestros principios permanezcan.